El fortín de Melilla encierra los retos pendientes de la inmigración

En Melilla, cercada por una valla de 11,5 kilómetros, se podría rodar algo parecido a Casablanca, porque es una ciudad donde miles de personas se matan por llegar, pero de la que luego se mueren por salir. Pero ninguna de las dos cosas es fácil. Es una especie de trampa para inmigrantes, el lugar para tocar con la mano los dilemas y las dobleces legales del fenómeno, la hipocresía con que se aborda. El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, que hoy acude a una cumbre europea sobre este problema, ha lanzado señales de cambio. Melilla es el lugar para evaluarlas. Empezando por la primera: quitar la concertina. La realidad es que apenas quedan ni dos kilómetros en toda la valla y España ahora puede permitirse limpiar su conciencia porque Marruecos, en su lado, ya ha levantado una valla que es pura concertina de arriba a abajo. “Este año apenas ha habido saltos”, confirma la Guardia Civil. Ni un solo intento masivo desde la noche de Reyes, en enero, cuando pasaron 200. Solo pequeños grupos. En Ceuta sí hay más concertina en la parte española. Y otra cuestión: se piensa solo en la valla, pero hay otra de la que no se habla en el acceso al puerto de Melilla, lleno de concertina. Por ahí intentan colarse niños en los barcos y será más complicado sustituirla de forma tan eficaz.

Por la misma razón, que llegan menos personas por la valla, ahora se puede debatir con menos problemas el fin de las llamadas devoluciones en caliente. Es el punto que el Defensor del Pueblo y todas las ONGs consideran más grave y urgente. Apuntan que, a la espera de derogarla, bastaría una orden de Interior de que no se aplique. El auténtico problema es que a menudo no se tiene noticia de ellas: “Las expulsiones sumarias a Marruecos son constantes, lo vemos continuamente con menores e incluso algunos solicitantes de asilo. Desaparecen y luego te llaman por teléfono y te dicen que están en Marruecos, que les han echado. Les meten en un coche y los llevan a la frontera”, asegura un abogado que trabaja con inmigrantes.

El goteo de llegadas irregulares en Ceuta y Melilla sigue. En lo que va de año, ha bajado un 5,4% por tierra, y se ha disparado por mar, de forma paralela al resto de España, donde ha crecido un 100%. En el caso de Melilla, los últimos datos de Interior señalan que hasta el 15 de junio entraron de forma irregular 411 personas por mar, un 234% más que en mismo periodo del año anterior, y 2.241 por tierra, un 36% más.

Los saltos a la valla, de momento, han descendido porque Marruecos ha reforzado notablemente su parte de la frontera en los últimos dos años. Ahora hay concertina, fosos, más garitas, con presencia policial permanente, donde se ve ropa tendida en la misma valla. Más cámaras, e incluso en la costa, el “punto cero” donde empieza la valla, se ve una pequeña base desde el mirador de Aguadú. “Cuando yo era niño íbamos allí la playa”, recuerda un mando de la Guardia Civil. Entonces no sabían ni si era España o Marruecos. La única frontera era una pequeña verja de espino militar, cuyos restos oxidados aún se ven en los matorrales. A veces desaparecía un trozo que alguien usaba para un gallinero y no pasaba nada. “Yo he vivido otra ciudad. Pero esto no tiene marcha atrás, porque no es la valla de Melilla, es la valla de Europa”.

El decisivo y discutible papel de Marruecos se ve bien en el paso fronterizo. En 2014 se instaló allí una oficina de asilo. "¿Cómo es posible que en todos estos años no haya aparecido allí ni un solo negro a pedir asilo?", se pregunta José Palazón, de la ONG Prodein. "Pues porque no les dejan acercarse, solo a los blancos. Por eso tienen que coger una patera, meterse en el salpicadero de un coche o, la opción más barata para los más pobres y la más difícil, intentar saltar la valla". Aun así, también el resto de extranjeros que logran entrar en la oficina de asilo española tienen que pagar antes una mordida. La novedad en los últimos meses es el aumento en las llegadas de Yemen, escenario de una cruel guerra civil, desde Sudán por la ruta del Sáhara. Y con todo hay una paradoja: “Puede parecer increíble, pero la oficina de Ceuta no ha registrado ni una sola petición de asilo estos años”, subraya Estrella Galán, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Es necesario revisar los acuerdos con Marruecos desde una perspectiva de derechos humanos”, dice Verónica Barroso, de Amnistía Internacional.

“Un primer paso para un cambio serio y real en política de inmigración sería que la oficina de asilo empezara a funcionar como debe”, apunta. Y CEAR va más allá: que se permita solicitarlo en embajadas y consulados españoles, en los países de origen o de tránsito. Por ejemplo, en el de Nador, la ciudad marroquí próxima a Melilla. Hasta 2009 se podía. El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero lo cambió con una nueva ley de asilo. Cuyo reglamento, nueve años después, aún sigue sin desarrollarse, y es otra cosa que se podría hacer. La idea básica de la política española, en todo caso, es evitar que se acerque nadie, y una vez que lo han conseguido, marearles con nuevos obstáculos. En Melilla hay uno especial: un solicitante de asilo, en teoría, tiene derecho a moverse libremente por el país mientras espera que se resuelva su petición. “En Melilla les dan una tarjeta roja, pero si se van con ella al barco que zarpa a Málaga no les dejan pasar”, explica Antonio Zapata, abogado que defiende casos de inmigrantes. “Hay sentencias en contra de esa práctica y los casos se ganan, pero no cambia la política, es escandaloso”, opina Josep Buades, portavoz del Servicio Jesuita a Migrantes, que tiene una oficina en Melilla.

Los que logran entrar en Melilla están atrapados allí, generalmente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). ¿Cuánto tiempo? Depende, y esa es otra crítica. “En el CETI hay discriminación por nacionalidades”, acusa Barroso. Los sirios suelen salir rápido, pero subsaharianos, marroquíes, argelinos, tiran meses. “Es especialmente preocupante el caso de los marroquíes perseguidos por su orientación sexual, aun en casos bastante documentados pueden estar allí un año”. El CETI, por otro lado, está concebido como un lugar de estancia provisional, pero muchos se quedan allí meses. Suele estar desbordado. Ha aumentado su capacidad de 480 a 780, pero el año pasado tuvo una media de 900 internos. La puerta siempre está animada. Este miércoles, una mujer subsahariana hacía trenzas a un niña de la ciudad. Es un pequeño servicio de peluquería para sacarse algo de dinero, porque no pueden trabajar. Pide la voluntad y su madre le paga 5 euros.

Hay otra peculiaridad que esta semana ha causado un incidente de escaso eco, pero que contrasta con las imágenes de la llegada del Aquarius. Un grupo de 14 personas llegó a las islas Chafarinas y España aplicó un acuerdo de readmisión de 1992 con Marruecos por el que les expulsa directamente a ese país. No es una devolución en caliente, pero casi. Curiosamente solo se recurre a él en el caso de estas islas y otros puntos de la costa de soberanía española, como Alhucemas o el peñón de Vélez de la Gomera. La razón es evitar que, dada la cercanía de estos enclaves al litoral marroquí, se abra una nueva vía de entrada irregular. Tradicionalmente se ha actuado sin miramientos. Como esta misma semana: 8 fueron expulsados aunque pidieron asilo y ser asistido por un abogado, Pepe Alonso, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla: “Presenté un escrito en la jefatura de Policía con sus nombres para asistirles y aún estoy esperando”. Alonso presentará una denuncia ante el Defensor del Pueblo, como hizo hace dos meses con otro caso similar, sobre el que la institución ya ha abierto un expediente. En aquella ocasión el juez negó a los afectados la libre elección de abogado y obligó a que fuera de oficio. Sobre esta cuestión, el turno de oficio, también hay sombras, ante la sospecha de que algunos sean más proclives a avalar expulsiones: ya ha habido una denuncia por alterar los turnos en ocasión de una expulsión colectiva para que acudiera un abogado y no otro.

En el laberinto que es Melilla para el extranjero también hay un gran negocio de asesorías y gestorías con los papeles necesarios para obtener el empadronamiento que permite a los menores, cuando cumplen 18 años, irse a la península. Se pagan de 500 a 800 euros por uno certificado de residencia. Otra carencia es la asistencia psicológica a los inmigrantes, en la que nadie parece haber pensado: solo hay dos especialistas en el CETI, no hay más en toda Melilla. El solicitante de asilo tiene derecho a la tarjeta sanitaria y atención médica pública, pero si lo hace no está bien visto en el CETI, apuntan diversas ONGs.

Se requiere un gran cambio de planteamiento sobre el problema en España y, obviamente, en Europa. Las ONGs tampoco ahorran críticas a los medios: preguntan cuántos reportajes en los países de origen de estas personas, explicando dónde están, qué pasa allí y por qué huyen. Los que trabajan con inmigrantes ven con esperanza, pero cautela, el cambio de Gobierno. Para comprender la situación, afirman, basta una idea: solo aplicar la ley, las sentencias y la jurisprudencia ya sería un avance.