Los cambios de jueces en Gürtel no están por encima de toda sospecha

El pasado miércoles 13 de junio tres jueces de la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, dieron cuenta, a través de una resolución judicial que ordena materialmente el procedimiento –lo que se denomina providencia– que el incidente de recusación del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, contra el magistrado José Ricardo de Prada, no será tramitado porque, según decía, el citado juez ya no forma parte del tribunal de enjuiciamiento del caso Papeles de Bárcenas o Caja B del Partido Popular por estar en situación de servicios especiales (en el Tribunal de La Haya).

Y, de paso, la providencia también informa de que De Prada ha sido sustituido por la magistrada María Riera Ocariz.

“Habiéndose incorporado a esta sección la magistrada María Riera Ocariz en sustitución del magistrado José Ricardo de Prada, formará parte del tribunal que conocerá de la presente causa”, se apunta.

Los magistrados María Rodríguez Duplá, presidenta de la sección segunda, y los magistrados Ángel Hurtado y la nueva magistrada, Riera Ocariz, firmaban la mencionada providencia. Se supone que los tres forman el tribunal de enjuiciamiento de Papeles de Bárcenas, pero la providencia no lo precisa. Tampoco la letrada de Administración de Justicia, Carmen Calvo, ha informado sobre la composición del tribunal.

El pasado viernes, día 15 de junio, la letrada Calvo firmaba, a su vez, cuatro providencias referidas a las piezas separadas (Jerez, Aena y Boadilla, del caso Gürtel, y Papeles de Bárcenas). Allí dejaba constancia de la aceptación por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de la recusación del magistrado Juan Pablo González en los tribunales que juzgarán dichos casos por sus vínculos con el PP.

Al tiempo, señalaba que el juez De Prada ya no forma parte de los cuatro tribunales por encontrarse en servicios especiales.

Estas providencias son presentadas como el paso previo a resolver, por parte de la sección segunda, un recurso de súplica presentado por las acusaciones populares contra las nuevas normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional el 20 de noviembre de 2017 y respaldadas más tarde por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A través de esas normas, “aterrizaba” con un papel estelar en las piezas de la trama Gürtel (ponente en Papeles, Jerez y Aena) un magistrado en comisión de servicios en la sección segunda de lo Penal: Juan Pablo González.

Su recusación, según se ha señalado, fue aceptada por la mayoría de jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 27 de abril. Los jueces siguieron el mismo criterio que llevó, en febrero de 2016, a la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López (presidenta del tribunal y ponente, respectivamente) en los tribunales de Gürtel 1999-2005 y Papeles de Bárcenas.

Lo que ocurrió el 27 de abril de 2018, resultó ser, pues, un remake, una repetición, de lo que había sucedido en febrero.

Porque tras las primeras recusaciones aceptadas, llegó la contraofensiva.

“Todo parecía ya pacificado”, escribe el exmagistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Perfecto Andrés en la revista Jueces para la Democracia.

“Hasta que, tras su toma de posesión, la nueva presidenta de la sección segunda, la magistrada Rodríguez Duplá reunió a los integrantes de la misma para elaborar nuevas normas de reparto. También porque el magistrado López había pasado a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. De esa reunión participaron todos (incluido el magistrado comisionado González), menos Hurtado, que no asistió. En ella se acordó que las nuevas normas de reparto no afectarían a los asuntos del caso Gürtel que contasen ya con tribunales designados. Días después la magistrada Rodríguez Duplá trasladó al resto de los magistrados la discrepancia de Hurtado con ese acuerdo, al entender que debería haberse adoptado por unanimidad (?) y también una propuesta de nuevas normas de reparto que remitió, para su aprobación, a la Sala de Gobierno, a la que, al mismo tiempo, se consultaba si debía mantenerse la composición del tribunal ya fijado o bien variar variarse a tenor de esas nuevas normas de reparto".

Perfecto Andrés continúa: "Y la Sala de Gobierno, por acuerdo de 20 de noviembre de 2017 se decantó por la no inamovilidad de los tribunales ya constituidos y el carácter retroactivo de las normas de reparto. Aunque sin responder de manera expresa y clara a la cuestión clave, subyacente a la consulta. A saber: qué debería hacerse en el caso de un tribunal ya expresamente constituido mediante una resolución formal emitida al respecto. Tras este galimatías, el tribunal quedó constituido por el magistrado en comisión de servicios González (ponente), actualmente recusado [dicha recusación fue aceptada el 27 de abril de 2018].

La conclusión provisional del exmagistrado Andrés, el pasado mes de abril, no podía ser más contundente: “El interés (claramente negativo) de estas vicisitudes radica en la llamativa falta de rigor del modo de proceder en asuntos de singular relevancia, que hace patente que en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (con una presidenta, Espejel, recusada por indicios de proximidad o afección al PP), ante la que penden casos dotados de marcadísimas connotaciones políticas, pueda disponerse la formación personal de un tribunal (contando con un magistrado, Juan Pablo González, de tan singular currículum y en la peculiar comisión asimismo aludida) de un modo tan tortuoso y falto de transparencia, en términos de acusado decisionismo, y en un marco de acentuada informalidad, que, inevitablemente, coloca todas las actuaciones bajo sospecha”.

Si la admisión de la recusación de Juan Pablo González supuso una derrota para las normas de reparto impulsadas por la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –normas propuestas por Rodríguez Duplá como presidenta de la sección segunda, pero ideadas por Espejel según se dejó constancia en el CGPJ–, y para el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que les ofreció el respaldo y garantizó su cumplimiento, los acontecimientos posteriores no parecen irle a la zaga.

El magistrado De Prada –que regresará de La Haya en diciembre próximo– ha sido apartado de los procesos pendientes cuando en realidad no existe todavía fecha de enjuiciamiento para dichos casos. Y cuando algunos de ellos, como la financiación ilegal de los Papeles de Bárcenas, siguen en instrucción y sobre el cual, precisamente, el magistrado José de la Mata, acaba de prorrogar la investigación hasta el plazo máximo de Agosto de 2020.

Por otra parte, Hurtado a quien las normas de reparto elaboradas por Espejel y propuestas por Duplá, habían apartado de Papeles de Bárcenas, ha regresado al tribunal y ha “recuperado” la ponencia de manos del recusado González.

La información aportada en las providencias, por otra parte, sigue siendo oscura cuando no imprecisa.

Espejel primero y Lesmes después no han disimulado su prisa por cubrir la vacante de De Prada, habida cuenta de que situación en La Haya durará pocos meses. Sus razones personales no les faltaban.

Ya en julio de 2016, con ocasión de la mayoría formada por De Prada y De Diego en el tribunal de Gürtel 1999-2005 que decidió la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo, con asistencia personal al juicio oral, La Moncloa recriminó a Lesmes su incapacidad para impedirlo o, al menos, conseguir la declaración testifical por videoconferencia.

Nada más concederse la autorización, el 8 de marzo 2018, para trasladarse a La Haya y ejercer como juez del tribunal internacional que enjuicia la apelación del genocida serbiobosnio Radovan Karadjic, la Comisión Permanente del CGPJ sacó a concurso, el 23 de marzo, la plaza de De Prada, aprovechando el plan en curso de cubrir cierto número de vacantes, de modo que no pareciese un plan ad hoc.

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José Ricardo de Prada asumió junto con el magistrado Julio de Diego la ponencia del caso Gürtel 1999-2005 al dejar ambos en minoría la ponencia de Hurtado. Los efectos de la sentencia sobre el gobierno del PP han sido tan devastadores como para la carrera política de Mariano Rajoy, cuyo punto final ha precipitado.

Lesmes impulsó en la Comisión Permanente del CGPJ, el pasado 28 de mayo, la exclusión de De Prada en la vistilla de medidas cautelares de los condenados, viéndose obligado a usar su voto de calidad para desempatar una votación entre los cuatro vocales favorables a la exclusión y cuatro contrarios a ella.

El 31 de mayo, finalmente, el BOE publicaba el nombre de la ganadora, por escalafón, del concurso para la plaza de De Prada: la magistrada María Riera Ocáriz, presidenta de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. Tomó posesión el pasado 8 de junio.

La magistrada ocupará provisionalmente el puesto de De Prada, pero al reincorporarse este en diciembre, ella permanecerá como adscrita a la sección segunda, gozando de preferencia para ocupar la primera vacante que se produzca.

Terminamos por donde Perfecto Andrés comenzaba su artículo. Por una cita del exjuez y exministro de Justicia de Italia, Luigi Scotti.

"La distribución de los asuntos, o mejor la asignación de un determinado procedimiento a un determinado juez, puede ser usada para interferir en el curso del procedimiento mismo y, en definitiva, para condicionar la decisión en los procesos que cuentan".

Lesmes y el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprovecharon en diciembre de 2014 la salida a concurso de para cubrir 41 vacantes de jueces en comisión de servicios, para convocar la del juez Ruz, antes de que terminase la investigación de las piezas de Gürtel, cuando su comisión de servicios podía ser prorrogada conforme a la ley. Sin embargo, el CGPJ no tuvo problemas para renovar cuantas comisiones de servicios hicieran falta para mantener al juez Juan Pablo González como juez de instrucción y miembro de la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional.