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El principio del fin de un reinado

El caso hundió la imagen de la Familia Real y abrió una crisis que solo cerraría la abdicación de Juan Carlos I

Llegada de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, al juicio del 'caso Nóos'.

La justicia es igual para todos”. Las palabras de Juan Carlos I, en su discurso de Nochebuena de 2011, no dejaban lugar a dudas; el jefe del Estado no iba a mover un dedo para tratar de proteger a su hija menor y a su yerno de sus problemas con la justicia. El jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, ya había anticipado el veredicto de La Zarzuela al tachar la conducta del duque de Palma de “poco ejemplar”.

Solo mes y medio antes, el 7 de noviembre, una comisión policial encabezada por el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, había irrumpido en la sede barcelonesa del Instituto Nóos, una fundación teóricamente sin ánimo de lucro de la que fue administrador Iñaki Urdangarin y en cuya junta directiva se sentó su esposa, la infanta Cristina de Borbón.

El registro lo había ordenado el juez José Castro, dentro de una pieza separada y secreta del caso Palma Arena, un hilo en la maraña de corrupción tejida por el Gobierno balear del exministro del PP Jaume Matas.

El escándalo no pilló por sorpresa a don Juan Carlos. Alarmado por los rumores sobre las andanzas de su yerno, el Rey ordenó en marzo de 2006 a Urdangarin que pusiera fin a sus negocios con las administraciones públicas. Un asesor de La Zarzuela, José Manuel Romero, hizo de emisario ante el abogado de los duques de Palma, Raimon Bergós, para instarles a liquidar su maraña de sociedades.

Urdangarin se resistió. “No entendía por qué no podía tener actividades representativas en una fundación”, según su letrado. Formalmente, acató la orden y en junio de 2006 se dio de baja en Nóos. En realidad, siguió actuando a través de su socio, Diego Torres. Solo en 2009, cuando el Rey le consiguió un empleo en Telefónica y el matrimonio se mudó a Washington se desvinculó del todo.

Con su discurso de Nochebuena, don Juan Carlos intentó evitar que la monarquía resultara salpicada por el escándalo. Empeño inútil. En 2011, el sondeo del CIS reflejaba el primer suspenso a la institución (4,89) en 36 años. En 2013, tras la primera imputación de la infanta Cristina, bajaba al 3,68. Lejos quedaban los tiempos en que era la institución más valorada por los españoles (un 7,48 en 1995). “Somos muy conscientes del deterioro de la imagen pública de la Corona en los últimos años”, reconocían en la Casa del Rey.

Resignado a que la maquinaria judicial siguiera su curso y consciente de que el caso Nóos perseguiría a su yerno y a su hija durante años, la única estrategia posible era romper amarras con ambos. El distanciamiento se inició de inmediato. El último acto oficial de Urdangarin fue la Fiesta Nacional de 2011. Por primera vez en 14 años, la infanta Cristina y su marido no cenaron en La Zarzuela esa Nochebuena.

En enero de 2012, el exjefe de la Casa del Rey Fernando Almansa transmitió un mensaje a la infanta Cristina de parte de su padre: o se divorciaba o renunciaba a sus derechos dinásticos. No hizo ni una cosa ni otra.

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En la Fiesta Nacional de 2012, Zarzuela aplicó un nuevo protocolo: las hijas del Rey ya no estarían en la tribuna principal, sino en la de invitados, y tampoco en la línea de saludo del Palacio Real. La Familia Real fue drásticamente recortada y reducida a un núcleo formado por los Reyes, los Príncipes de Asturias y sus hijas. Las infantas quedaban fuera. Doña Cristina no estaba ni se le esperaba. Doña Elena fue la víctima colateral.

El cordón sanitario en torno a los exduques de Palma tuvo fisuras. La reina Sofía no se escondió cuando viajó a Washington o Ginebra para verles. Cristina visitó en el hospital a su padre convaleciente de alguna de sus operaciones y también asistió a alguna ceremonia familiar, como funerales, pero nunca a actos oficiales

Al final, solo la sucesión al frente de la Corona, en junio de 2014, permitió soltar definitivamente amarras. El caso Nóos no fue la causa de la abdicación de Juan Carlos I, pero sí abrió una crisis en la institución que culminaría con la renuncia de su titular.

La decisión más dolorosa de Felipe VI

En junio de 2015 Felipe VI tomó la decisión más dolorosa de su primer año de reinado: despojar a su hermana Cristina y a su esposo del Ducado de Palma, que le había otorgado Juan Carlos I con motivo de su boda, en 1997. La decisión de retirar el título al matrimonio Urdangarin (una forma de declarar que no es digno de ostentarlo) la adoptó después de tres años de presión para que renunciara a sus derechos dinásticos al trono de España, tanto por ella como por sus descendientes; algo que, a diferencia del título, nadie le puede quitar si ella no lo acepta voluntariamente.

Pero Felipe VI no solo quiso levantar un cortafuegos con el caso Nóos distanciándose de su hermana menor y de su cuñado sino, sobre todo, imponiendo en La Zarzuela un código de conducta ejemplarizante alejando de cualquier sombra de corrupción. Una de las primeras medidas que anunció al llegar al trono, ya en julio de 2014, fue prohibir a los miembros de la Familia Real —los Reyes, sus padres y sus dos hijas— trabajar para empresas privadas, como hacían las infantas Cristina y Elena. También les prohibió aceptar “regalos que por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones que tengan atribuidas”. Además, Felipe VI ordenó que las cuentas de la Casa del Rey (7,8 millones de euros en 2017) se sometieran a una auditoría externa, por parte de la Intervención General del Estado. La Zarzuela publicó por primera vez información detallada de sus cuentas en diciembre de 2011, cuando estalló el caso Urdangarin. Y es que la Familia Real no solo tiene que ser honrada. También debe parecerlo.

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