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El Gobierno avisa a Torra de que no debe nombrar a consejeros que están en prisión

El portavoz del Ejecutivo: "La toma de posesión fue degradada, impropia de un presidente en plenas funciones, pero queremos abrir una etapa de diálogo"

García Tejerina y Méndez de Vigo, antes de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. En vídeo, rueda de prensa del portavoz del Gobierno.

"Por sentido común", no se puede ser consejero desde la cárcel. Este ha sido el aviso que ha hecho el ministro portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, para que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no incluya en su gobierno a uno de los políticos que están en prisión. "No podrá ejercer sus funciones así que no lo debe nombrar", ha insistido. El Gobierno considera que la toma de posesión de Torra fue "degradada" al excluir a alguna autoridad del Estado, como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pero no actuará "por hipótesis". No se activará el artículo 155 de la Constitución hasta que el Gobierno no estime que se han producido hechos ilegales. Hasta ahora, no los ve y sostiene que su máximo interés está "en abrir una nueva etapa de diálogo dentro de la ley".

A la espera de que el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, nombre a su Gobierno, previsiblemente a principios de la próxima semana, el Ejecutivo central avisa de que no será posible nombrar consejero a una persona que esté en prisión. "En la hipótesis de que alguien que esté en la cárcel sea propuesta como consejero será un juez el que deberá manifestarse, pero ya ocurrió cuando se quiso hacer una investidura telemática de un presidente, y no pudo ser. Un consejero, un ministro no puede cumplir sus funciones si está en prisión, es de sentido común", ha enfatizado el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. "El gobierno no actúa sobre hipótesis por lo que las situaciones se afrontarán cuando se produzcan, pero sí decimos que queremos abrir una nueva etapa de diálogo y eso es lo que deseamos que también quiera el presidente de la Generalitat", ha señalado el ministro portavoz, sobre si se volverá a activar el artículo 155 de la Constitución para intervenir Cataluña.

No es el enfrentamiento lo que quiere mostrar el gobierno a pesar de que encuentra motivos para el reproche: "Fue una toma de posesión degradada, impropia de un presidente que esté en plenitud de sus funciones pero eso no es óbice para que confiemos en la voluntad de abrir una nueva etapa que es lo que necesita la sociedad catalana". Esta ha sido la respuesta sobre la toma de posesión del presidente de la Generalitat en la que no se admitió la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría para no dar realce institucional a una autoridad del Estado. No hay fecha para una entrevista con Quim Torra, a la espera de que forme gobierno, pero el gobierno central asegura que se producirá, aunque no haya más detalles.

El ministro ha incluido en el nuevo tiempo de diálogo abierto las reuniones mantenidas esta semana por Mariano Rajoy con los líderes del PSOE y de Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente, además del encuentro que tendrá próximamente con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. "Este es momento de la unidad, la responsabilidad, y la madurez, de sumar y no de imponer una agenda política", ha señalado Méndez de Vigo, tras certificar "el fracaso de quien quiere estar por encima de la ley".

En ese diálogo puede entrar un cambio de la legislación para que solo se pueda adquirir la condición de presidente autonómico, consejero, ministros o parlamentario si se acata expresamente la Constitución. "No existe una única fórmula legal para los nombramientos y vamos a estudiar cómo hacer efectivo el acatamiento que tendría que ser con una norma con rango de ley", ha señalado el portavoz tras recordar que "hay jurisprudencia diferente". En efecto, esa jurisprudencia ha llevado a que no haya una norma obligatoria de acatamiento a la Constitución para adquirir la condición de cargo público. El Gobierno, el PSOE y Ciudadanos estudiarán el cambio legal al considerar que hay una laguna que hace imposible obligar a que se muestre acatamiento a la Ley Fundamental.

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