Rajoy se resigna a levantar el 155 pese a las señales de ruptura de Torra

Las dudas jurídicas asaltan al Gobierno y a Ciudadanos, pero no por los mismos temas. El Ejecutivo está absolutamente convencido de que el acuerdo del Senado que regula la aplicación del artículo 155 establece que este cesará en cuanto haya un nuevo Govern, con lo que discrepa Ciudadanos. Sin embargo, los asesores de Rajoy sí tienen grandes dudas sobre las consecuencias de que el president electo, Quim Torra, pueda nombrar consejeros a los políticos que están en prisión preventiva o huidos en el extranjero. Cualquier retraso en la elección de los integrantes del nuevo Ejecutivo catalán supondrá el mantenimiento del artículo 155 y dificultará la aprobación de los Presupuestos Generales, puesto que la ley de la presidencia de la Generalitat especifica que para dar por constituido el Govern deben “haber tomado posesión del cargo todos sus miembros”.

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Torra quiere asumir hoy su cargo con la misma fórmula que ya empleó Carles Puigdemont: no prometerá fidelidad a la Constitución ni al Estatuto de Cataluña —una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña establece que no es obligatorio hacerlo—. El nuevo president ya ha pedido permiso para visitar mañana a los exconsejeros que están en prisión provisional mientras se investiga su papel en el desafío independentista. Y ya ha anunciado que su deseo es que el nuevo Govern sirva como restauración del anterior, lo que implicaría nombrar como consejeros a los políticos que están en prisión provisional y a los huidos al extranjero —que luego tendrían la opción de delegar sus competencias—. Un escenario inaceptable para el Gobierno de Rajoy.

Tanto el PP como Ciudadanos estudian estos días fórmulas legales que impidan que los antiguos integrantes del Govern vuelvan a formar parte del Ejecutivo catalán, según fuentes conocedoras de su estrategia.

Al tiempo, fuentes gubernamentales señalan sus dudas sobre que los políticos que están en prisión preventiva puedan ser nombrados consejeros. Aunque estos interlocutores señalan que los exconsejeros encarcelados mantienen sus derechos políticos y que no hay ninguna sentencia que les inhabilite, también dan por seguro que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dictaría un auto impidiendo esos nombramientos. Por tanto, o Torra nombra a otros consejeros o no habrá Govern y por tanto no se levantará el artículo 155.

Consejeros fugados

Un caso distinto es el de los consejeros fugados al extranjero para escapar de la acción de la justicia española. Fuentes de la dirección del PP reconocen que distintas sentencias del Supremo han permitido que se asuman cargos en las circunstancias más variopintas, y que aún no se ha encontrado la norma que permita obligar a los huidos a prometer el puesto presencialmente —la ley de presidencia catalana no lo especifica—. Sin embargo, el Gobierno y Ciudadanos buscan la fórmula para también impedir esos nombramientos.

Con todas esas incertidumbres sobre la mesa, Rajoy y Rivera acuden a La Moncloa leyendo de manera muy distinta el acuerdo del Senado que regula la aplicación del artículo 155. El presidente señala que ese documento le obliga a desactivar la intervención en cuanto Torra y sus consejeros tomen posesión de sus cargos. Y el líder de Ciudadanos argumenta que el mismo acuerdo permite al Gobierno prorrogar la aplicación del artículo 155 incluso si hay nuevo Govern. Una discrepancia que ha tensado al máximo la relación entre los dos líderes y sus partidos.

Rivera vincula la decisión de Mariano Rajoy de acabar con el 155 —justo cuando ha sido investido un president de perfil radical— a que su mantenimiento impediría el apoyo del PNV a los Presupuestos de 2018. Sin embargo, el Gobierno asegura que activará esta previsión constitucional en cuanto se produzca una nueva ilegalidad, argumenta que no hay cálculo político en su decisión y señala que, simplemente, aplica lo acordado en el Senado.