El exalcalde de Murcia se sienta en el banquillo por prevaricación continuada

El exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara (PP) se ha sentado este miércoles en el banquillo acusado de un posible delito de prevaricación continuada por haber favorecido los intereses privados del promotor Jesús Samper en la urbanización de la zona norte de la ciudad y la construcción del campo de fútbol del Real Murcia, el estadio Nueva Condomina.

Este juicio, en el que el fiscal pide 10 años de inhabilitación para Cámara, es una pieza separada del denominado caso Umbra, una operación anticorrupción que se remonta a principios de siglo y que estalló en octubre de 2012, y en la que el exalcalde también fue investigado, si bien finalmente no se le condenó dentro de esa causa.

La Fiscalía considera ahora que el exalcalde, que gobernó la ciudad entre 1995 y 2015, “decidió directamente” sobre todos los aspectos relacionados con la construcción del estadio y la urbanización de la zona “removiendo en unos casos, y vulnerando en otros, los aspectos de legalidad”. Así, Cámara habría intervenido en todo el proceso, desde la negociación de las condiciones con el promotor, que falleció a finales de 2015, hasta la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia (PGOU), para favorecer los intereses privados del constructor.

Para ello, se valió de la colaboración directa del entonces director de la gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas, y el que fuera jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, ambos investigados también.

Según el escrito de calificaciones de la Fiscalía, los tres tomaron diversas decisiones entre 1999 y 2003, cuando se publicó el Plan Parcial Nueva Condomina, “incluso en reuniones oficiosas al margen del procedimiento, anteponiendo conscientemente a la legalidad exigible el afán político de unos y el mercantil de otros, para obtener un nuevo estadio de fútbol en el marco de un proyecto inmobiliario”.

De esa manera, modificaron el PGOU y fijaron la edificabilidad que habían acordado con Samper, que en aquellos momentos era también el propietario del club de fútbol murciano, y que estaba muy por encima de la permitida inicialmente. El promotor podía así construir cerca de 1.600 viviendas más de las previstas en origen.

El Ayuntamiento renunció también sin ninguna justificación al 10% de aprovechamiento municipal de espacios que fija la ley, lo que habría causado a las arcas públicas un perjuicio de unos 18 millones de euros. El Consistorio omitió todos los informes de valoración sobre esa decisión.

Además, continúa el escrito del fiscal, se realizaron los “cambios normativos oportunos” y se “forzaron” las interpretaciones de leyes y normas siempre de manera favorable a los intereses de Samper.

El fiscal cree que Cámara y el resto de investigados pactaron aplicar normas “carentes de vigencia”, otras las utilizaron “a conveniencia” y evitaron informes técnicos, a la vez que aumentaron la edificabilidad de la zona por encima de lo legalmente posible y sin acatar los trámites que fijaba la comunidad autónoma.

En su declaración ante la jueza, que se ha prolongado durante aproximadamente una hora, Cárama ha recordado que tener un nuevo estadio de fútbol era una vieja reivindicación de la ciudad, pero ha negado cualquier trato de favor hacia Samper. Según ha defendido, el promotor presentó públicamente el proyecto, no solo a él, sino también al resto de grupos municipales del Ayuntamiento. El PSOE, ha recordado, se mostró entonces muy a favor de los planes de Samper. Además, ha descartado que él tuviera que dar instrucciones para “bloquear o desbloquear el proyecto”.

En cuanto a la cesión del 10% del aprovechamiento, Cámara ha negado que participara en ninguna reunión sobre ese asunto, y ha insistido en que tanto esa, como el resto de decisiones relacionadas con este convenio, las tomaron los servicios jurídicos municipales.

Cámara, que además de alcalde fue el número dos del PP de la Región de Murcia durante 20 años, se dio de baja en el partido en 2016, cuando la justicia ordenó abrir juicio oral contra él, aunque la fecha del mismo se ha retrasado dos años, hasta este 7 de mayo, y está previsto que se prolongue durante al menos siete jornadas, ya que declararán una veintena de testigos y 12 peritos.