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LOS ESCÁNDALOS QUE RODEAN AL PP

La fiscalía pide rebajar la condena a Costa, Correa y el Bigotes por la caja b del PP valenciano

El ministerio público quiere que el número dos del partido en la Comunidad cumpla cuatro años y tres meses de cárcel

Ricardo Costa y su esposa llegan a la Audiencia Nacional el pasado jueves. VICTOR SAINZ EL PAÍS

La Fiscalía Anticorrupción presenta este martes sus conclusiones definitivas en la pieza separada del caso Gürtel de corrupción sobre la caja b del PP valenciano. El ministerio público ha rebajado su petición de pena para los principales acusados, entre ellos el ex secretario general del partido Ricardo Costa, y los cabecillas de la trama corrupta, Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes por delitos electorales y contra la Hacienda Pública.

Para el antiguo número dos de la formación conservadora en Valencia, que reconoció ante el juez que la formación pagó las campañas electorales de 2007 y 2008 “con dinero negro de empresarios contratistas de la Generalitat” por indicación del entonces presidente autonómico Francisco Camps, la fiscal Miriam Segura pide una pena de cuatro años y tres meses de cárcel frente a los siete años y nueve meses que le solicitaba inicialmente. La fiscalía no aprecia atenuante de confesión, como solicitaba su defensa, pero solicita la pena menor dentro del mismo grado.

Para Correa, cerebro confeso de la trama, la fiscal pide rebajar la pena de manera sustancial: de 22 años a siete años y tres meses. El ministerio público considera que hay que aplicarle atenuantes de reparación del daño y de confesión de acuerdo al Código Penal vigente en el momento en que se produjeron los hechos.

En su declaración, Francisco Correa, reconoció el pasado martes que su mercantil Orange Market, dedicada a la organización de eventos, cobró 3,4 millones de euros en negro del PP valenciano por actos electorales y otros de periodo ordinario en 2007 y 2008. De esta cantidad, alrededor de 1,2 millones los pagaron al menos nueve empresarios, a los que Orange Market giró facturas por conceptos falsos que escondían los trabajos realizados para la formación conservadora. Para estos nueve empresarios se pedían penas inferiores a dos años sustituibles por multas.

También recibe una reducción en la petición de pena el lugarteniente de Correa en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, que pasa de 27 años de prisión a 16 años y medio.

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