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TERRORISMO YIHADISTA

39 preguntas para detectar la radicalización de un preso

Interior distribuye por las cárceles el nuevo protocolo para prevenir que presos comunes abracen el yihadismo

Detención el pasado noviembre de un presunto yihadista en Sagunto (Valencia).
Detención el pasado noviembre de un presunto yihadista en Sagunto (Valencia).

¿Tiene “rasgos psicopáticos”? ¿No tolera “la existencia de árabes no creyentes”? ¿Muestra “dificultad para admitir otras interpretaciones de la realidad”? Instituciones Penitenciarias ha distribuido en las últimas semanas entre los responsables de las cárceles españolas el nuevo “instrumento de evaluación del riesgo de radicalismo violento”, un documento que los psicólogos de las prisiones deben cumplimentar sobre todos los presos condenados por terrorismo yihadista o que, pese a haber ingresado por la comisión de delitos comunes, hayan mostrado signos de radicalización religiosa. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recoge un total de 39 aspectos que deben permitir determinar en qué nivel de radicalización se encuentran los reclusos que han empezado a dar pasos en esa dirección y la posibilidad de reinsertarlos. Desde 2014, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha dos programas para detectar y prevenir dichos procesos, con resultados humildes. En una reciente respuesta parlamentaria, admitía que solo diez islamistas encarcelados habían participado. Por el contrario, en abril ya había detectado la radicalización de 79 presos comunes. Estos y los 146 encarcelados por vinculación con actividades yihadistas son los destinatarios del nuevo protocolo.

En la orden interna con la que se distribuyó el documento, Instituciones Penitenciarias incide en la necesidad de analizar la información que se recopile en el día a día de estos reclusos y pide “la observación directa del interno y de la evolución en los programas de seguimiento e intervención en los que participe”. Para ello, el nuevo documento divide la evaluación en dos grupos. El primero está dirigido a los presos clasificados desde los anteriores planes de antiradicalización como ‘Grupo A’, que engloba a "todos los internos condenados o procesados por pertenencia o vinculación con organizaciones terroristas islamistas”. Sobre este grupo, pide el análisis de 12 “factores” para detectar el “riesgo de violencia radical”. En cada uno de ellos, los psicólogos penitenciarios deben indicar si el individuo lo presenta en un nivel “bajo, medio o alto” para conseguir la valoración final que determinará cómo actuar con él.

En concreto, deben evaluar si el interno tiene “tendencia a la conducta violencia”, si constan “antecedentes de violencia relacionada específicamente con el extremismo” o si el medio social en el que se movía cuando estaba en libertad estaba “vinculado al radicalismo violento”. También solicita a los psicólogos que se fijen si el preso muestra “intención de cometer actos en defensa de su ideología”, si parece tener “un objetivo al que atacar”, si ha dado signos de “impulsividad conductual” y tiene “rasgos psicopáticos” o si sufre algún tipo de “trastorno mental grave”. Finalmente, deben observar si refleja “afinidad con colectivos violentos”, si ha iniciado “entrenamiento físico”, si se resiste a cumplir las normas del centro penitenciario y si en los registros de la celda se le ha intervenido “material extremista”.

Denuncias de falta de personal

El nuevo protocolo para detectar la radicalización de presos musulmanes ha provocado las primeras críticas entre el colectivo de funcionarios penitenciarios. Trabajadores consultados por EL PAÍS aseguran que para que sea eficaz "es necesario reforzar la actual plantilla de psicólogos dentro de las cárceles" que, recalcan, "está bajo mínimos. En algunos centros [penitenciarios] solo hay dos para atender a más de 1.000 reclusos. Con ese número es imposible dedicar una atención especial a los presos yihadistas como se pretende ahora". Estas mismas fuentes añaden que, si bien el programa contempla la colaboración de los funcionarios de prisiones con los psicólogos, "en estos momentos es imposible. No tenemos la formación especializada que se requiere y también hay una importante falta de personal. Hacer la observación que requiere el protocolo nos obligaría a desatender la vigilancia sobre el resto de los internos", aseguran, antes de afirmar que son las mismas carencias que han lastrado en los últimos años los anteriores programas antiyihadistas puestos en marcha. EL PAÍS se puso en contacto con el Ministerio del Interior para conocer su respuesta a dichas críticas y recabar información sobre el actual grado de aplicación del nuevo protocolo, pero declinaron responder.

El segundo bloque está dirigido a los presos que han sido catalogados como Grupo B –presos captadores- y Grupo C –radicalizables- y pretende detectar “riesgo de proselitismo y radicalización violenta”. En estos casos, los psicólogos deben centrar su atención en 27 indicios. En primer lugar, si el preso da signos de querer “orientar a otros internos sobre la práctica religiosa” o de querer alcanzar “un mayor estatus personal” dentro de la prisión. También si muestra “tendencia a la organización colectiva de actos religiosos” o si su actitud refleja que no tolera “la existencia de árabes no creyentes”. La instrucción llama a fijarse si “presta apoyo a otros internos”, si da muestras de “vulnerabilidad o debilidad personal”, si manifiesta “sentimientos de agravio personal o trato injusto” y si siente como propio los ataques a un grupo.

Los expertos que han elaborado el documento creen fundamental determinar si sus relaciones dentro de la cárcel se limitan a reclusos musulmanes, si diferencia entre “vosotros y nosotros”, y si denota rechazo a los funcionarios de prisiones y, en particular, al “personal femenino” de la cárcel. El documento de Interior considera indicio de una radicalización que el recluso muestre signos de no sentir la “necesidad de cambio personal”, que tienda al aislamiento, no participe en actividades dentro de la cárcel, no manifieste “planes de futuro” y repita a diario los mismos hábitos. También reclama prestar especial atención a aquellos que se hayan convertido al islam, haya sido dentro o fuera de la cárcel; muestren indiferencia hacia las víctimas de actos violentos y hayan convertido la religión como “el pilar de su identidad y la interpretación dominante”. Finalmente, busca indagar qué presos muestran “una pobre autoestima”, se muestran “influenciables” y presentan dificultades “para admitir otras interpretaciones de la realidad". También incide en prestar atención sobre aquellos que, por falta de apoyo desde el exterior, no tengan las necesidades personales cubiertas.

Prisiones quiere que estos análisis se realicen de manera semestral para detectar lo antes posible el riesgo de que el recluso islamista “reincida delictivamente o repita los comportamientos que le han llevado a prisión”. Con esos datos pretende analizar su respuesta a las medidas aplicadas para desvincularlo del islam más radical y así determinar sobre que reclusos realizar “intervenciones más intensas”. “Teniendo en cuenta que no todos los internos en el ámbito del extremismo violento obedecen a un mismo perfil, es necesario que las intervenciones se adecúen a sus necesidades, particularidades y niveles de riesgo”, destaca la orden interna.

Interior asegura que en esta iniciativa ha incorporado la experiencia de otros países europeos en este campo, con los que mantiene reuniones frecuentes dentro del grupo de trabajo Prison and Probation (conocido por las siglas P&P) de la Red Europea de Prevención de la Radicalización. Fuentes penitenciarias añaden que el nuevo protocolo es, en realidad, una adaptación del Historial Clinical Risk (HCR), un instrumento de valoración psicológica diseñado por una universidad canadiense para predecir el riesgo de comportamientos violentos en poblaciones penitenciarias y psiquiátricas.

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