Una juez da el primer paso para investigar a un diputado de Cifuentes

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Alcalá de Henares, Olga Iglesias Santamaría, ha solicitado a la Asamblea de Madrid que certifique la condición de aforado de Bartolomé González, diputado autonómico del PP y exalcalde de esta localidad madrileña en la legislatura de 1995 a 1999 y después entre 2003 y julio de 2012, como paso previo a la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Madrid de los indicios recabados contra él en el transcurso de una investigación. Afín a Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, la petición judicial sobre González se sostiene en un informe policial que le adjudica la comisión de “hechos presuntamente constitutivos de infracción penal” descubiertos durante la investigación de la llamada Operación Flauta, un caso de corrupción que supuestamente se produjo durante el mandato del hoy diputado popular. El PSOE gobierna Alcalá de Henares -tercera ciudad por número de habitantes de la Comunidad de Madrid- desde 2015.

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La decisión de la juez Iglesias aparece recogida en un auto fechado el pasado 21 de marzo al que ha tenido acceso en EL PAÍS y con el que ordena el archivo de la causa que abrió en noviembre de 2014 después de que el en aquel momento alcalde de Alcalá de Henares, el también popular Javier Bello, presentase una denuncia por las supuestas irregularidades detectadas por el consistorio en la adjudicación de los contratos para la celebración de las fiestas del municipio. En junio de 2015, la policía detuvo a nueve personas, entre ellas una concejal del PP, un extécnico municipal y siete empresarios. A todos ellos se les acusó de entonces de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho.

Ahora, tras cerca de cuatro años de pesquisas, la magistrada considera que no insisten indicios de infracciones penales para continuar la investigación contra los hasta ahora imputados, y ordena el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa, decisión contra la que aún se puede presentar recurso. Sin embargo, en el mismo escrito la juez destaca la existencia de un informe policial de más de 150 folios -y cuyo contenido no detalla- que recoge "hechos presuntamente constitutivos de infracción penal ajenos a esta causa y en los que resultaría implicado el exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González Jiménez", hoy diputado en la Asamblea de Madrid en el grupo que encabeza Cristina Cifuentes. Por ello, reclama a la Cámara regional que le certifique su condición de parlamentario -y, por tanto, de aforado- para remitírsela junto a informe policial a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, competente para decidir si inicia una investigación contra él.

Fuentes conocedoras del sumario, aseguran que las supuestas irregularidades recogidas en el documento policial se refieren a la compra en 2009 de una partida de caramelos por parte del consistorio, entonces dirigido por Bartolomé González, a la empresa Dand Alcalá, propiedad de una cuñada del exregidor, a través de una segunda empresa que había recibido la adjudicación municipal para organizar las fiestas patronales. Según la documentación incorporada a la causa, la firma del familiar del exalcalde facturó 13.107,50 euros por 500 kilos de golosinas. Es decir, a más de 26 euros el kilo. González siempre ha negado cualquier irregularidad en su actuación.

No es la primera vez que Bartolomé González se ve salpicado en un caso de corrupción por su gestión al frente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama Púnica y ahora colaborador de la Justicia, aseguró en 2015 al entonces juez instructor, Eloy Velasco, que la empresa de eficiencia energética Cofely -en el epicentro de una docena de amaños de contratos millonarios en municipios de la Comunidad de Madrid- tuvo "un acuerdo con el anterior alcalde [de la localidad madrileña], Bartolomé González, hoy diputado de la Comunidad de Madrid, de 60.000 euros" para el presunto amaño de un contrato de eficiencia energética de 14 millones de euros.

En su primera declaración de junio de 2015, el constructor admitió él no hizo el supuesto pago, sino que de la entrega de los sobornos se encargaba un directivo de la compañía de eficiencia energética: “Yo sé que el acuerdo sí estaba y estaba con Bartolo”. Cuando Marjaliza volvió a declarar en noviembre pasado por estos hechos volvió a citar al hoy diputado autonómico, aunque aclaró que no llegaron a entregar el soborno porque el consistorio no cumplía con los plazos en los pagos a los que le obligaba el contrato adjudicado. Un informe de la Guardia Civil de octubre de 2016 le llegó a implicar en las supuestas irregularidades, aunque ni el juez Velasco ni su sucesor, Manuel García-Castellón, le han llegado a tomar declaración. También en este caso Bartolomé González ha negado haber participado en ningún amaño.