Las notas deben publicarse

El escándalo del máster improbable ha dejado a la universidad española avergonzada, estupefacta y alarmada porque un caso así pueda manchar su reputación. A fines del siglo pasado en España, como en otros países europeos y americanos, corrió el mantra de que, para salvar el honor o la intimidad de los alumnos, las notas no deberían publicarse en los tablones de anuncios de la universidad con su nombre y apellidos. Muchas universidades y otros institutos superiores comenzaron un periodo de falta de transparencia sobre las calificaciones. Hoy en muchas se ha abandonado el viejo y genuino concepto de publicación de notas: el sistema envía las notas por correo o SMS. Las notas no se hacen públicas, se comunican privadamente.

En una sociedad competitiva, ninguna compañía pretende que no se publiquen la bajada de sus cotizaciones en bolsa porque puede resultarle perjudicial. Como a ningún deportista se le ocurre impedir que la prensa haga anónimo un resultado adverso del día anterior. Hay que saber sobrellevar las adversidades, integrarlas en la vida de la persona física o jurídica, gestionarlas y seguir adelante. Esto en cuanto al mercado. Respecto al Derecho, conviene recordar que las actuaciones judiciales son públicas y las sentencias se leerán en audiencia pública (Constitución) y son publicadas. Las personas con un fallo judicial adverso no pueden impedir su publicación.

Se reprocha que la universidad no prepara a los alumnos para la vida real. Por eso, es preciso que se les prepare para la vida adulta y profesional, lejos de una burbuja de sobreprotección adolescente. Hay que afrontar la adversidad y aprender a sobreponerse. La publicación de las notas en el tablón es la mejor garantía de igualdad y transparencia en los procesos de evaluación académicos. Los alumnos saben así que todos han sido calificados y que no es calificado nadie que no haya cursado la asignatura o defendido el Trabajo Fin de Máster (TFM).

La calificación académica es un acto administrativo que debe regirse por los principios de objetividad, igualdad y legalidad. Si esto afectara a la reputación de las personas, nunca puede ser obstáculo para impedir que los alumnos tengan una tranquilidad aún mayor: no aprueba ni obtiene el título nadie que no haya hecho el curso, el examen o trabajo preceptivo. Pese a todo, si se porfía por la honra de los suspendidos, la solución de compromiso es que se publique la relación de alumnos aprobados: éstos no podrán decir que se lesiona su honor.

José Miguel Rodríguez Tapia es catedrático de universidad.