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justicia internacional

España rechaza extraditar a México a una reclamada por secuestro por los motines en las cárceles

La Audiencia Nacional deniega la entrega de Isabel Mazarro por tratarse de una ciudadana española

España rechaza extraditar a México a una reclamada por secuestro por los motines en las cárceles

La Audiencia Nacional española ha denegado este viernes la extradición a México y ha puesto en libertad provisional a Isabel Mazarro, una ciudadana española reclamada por las autoridades mexicanas por su vinculación con un secuestro ocurrido en marzo de 2017 en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. El Pleno de la Sala de lo Penal basa la denegación en el hecho de que la imputada tiene nacionalidad española y tiene en cuenta, además, la “realidad” de las cárceles del país norteamericano.

“Se vienen produciendo motines y revueltas en los centros penitenciarios de ese país, principalmente por problemas de sobrepoblación, el último el pasado 1 de abril de 2018, lo que viene a reforzar la idea de que, tratándose de una ciudadana española, en este caso procede perseguir los hechos en España”. Pese a ello, la resolución aclara que “no se trata de desconfianza” en el sistema penitenciario mexicano.

El pasado marzo, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia autorizó al Gobierno español a extraditar a Mazarro, de 40 años, que es buscada por un juez de Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, por un supuesto delito de secuestro agravado. La reclamada, que fue detenida en Gijón en octubre de 2017, se encontraba en prisión provisional desde el 16 de febrero. El pleno de la Sala ha revocado este viernes la decisión de aquel tribunal y ha desestimado la entrega de la mujer a México.

El caso reviste un interés que va mucho más allá de lo jurídico. Según las autoridades mexicanas, Mazarro está implicada en el secuestro de una ciudadana francesa cuyo esposo le había alquilado la casa de la playa en la que celebró su boda, en las costas de Nayarit. El supuesto autor material del rapto fue el marido de Mazarro, el chileno Raúl Julio Escobar Poblete Comandante Emilio, un guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Escobar, que se ocultaba en México bajo la identidad falsa de Ramón Guerra Valencia, es el autor del asesinato en 1991 del senador pinochetista Manuel Guzmán. A su grupo se le atribuyen al menos otros cinco secuestros en México y otro en Brasil.

Según su versión, Isabel Mazarro se instaló en México en 2014 en busca de “una nueva vida” y allí conoció a Guerra, que, sostiene, no le reveló su verdadera identidad. El hombre vivía separado de Patricia, una mujer con quien tenía dos hijos y que en realidad es la también guerrillera chilena Marcela Mardones, Jimena.

“Isabel Mazarro se casó con Ramón Alberto Guerra Valencia y no con Raúl Julio Escobar Poblete. Fue engañada por el que en todo momento ocultó su identidad; se hizo pasar por mejicano y aseguró tener un pasado totalmente distinto e inventado. Fue engañada, al igual que todas las personas del pueblo y al igual que toda su familia y amigos, quienes nunca pusieron en duda quién decía ser él”, asegura María, la hermana de la reclamada, que vivía en Mexico y también se ha instalado en España.

Sin embargo, las autoridades mexicanas desconfían de la versión de Isabel Mazarro. Según la investigación realizada en aquel país, la mujer se puso en contacto con el marido de la ciudadana francesa secuestrada, en un supuesto intento de mediar en el pago del rescate, que ascendía a seis millones de dólares.

De momento, Mazarro se encuentra en libertad provisional gracias al recurso de súplica presentado por su defensa ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El tribunal tiene en cuenta que la mujer solo ha vivido cinco años en México y que, una vez disuelto su matrimonio con Raúl Julio Escobar / Ramón Guerra, cuyos antecedentes penales en México son previos a la relación con ella, “actualmente carece de lazos efectivos en ese país”. “La denegación de la entrega no ha de implicar la impunidad de los hechos, cuando cabe trasladar el material probatorio, y los tribunales españoles tienen también jurisdicción para el conocimiento de los hechos”, recuerda no obstante la Sala.