PSOE, Podemos y Ciudadanos se unen para endurecer el delito de financiación ilegal

Tres partidos que decantan la mayoría en el Congreso de los Diputados, PSOE, Podemos y Ciudadanos, han confluido en un documento en el que propugnan reformas de calado para erradicar las prácticas de corrupción en las formaciones políticas. El informe, que será votado este miércoles en la Comisión de la Calidad Democrática, contra la Corrupción y para las Reformas Institucionales y legales, plantea una batería de medidas como facilitar la pena de prisión en la financiación ilegal e intensificar el control de las fundaciones y donaciones con el Tribunal de Cuentas.

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La propuesta, que este lunes se entregó a otros grupos parlamentarios en la subcomisión Régimen y Financiación de los Partidos Políticos con la intención de que se sumen, plantea reformar el Código Penal para y revisar el delito de financiación ilegal de partidos para “rebajar significativamente” la cuantía mínima de los supuestos con penas de prisión para las donaciones de personas físicas (ahora, a partir de 550.000 euros), así como tipificar la manipulación de cuentas anuales. Y exige que los partidos se hagan responsables patrimonialmente en el caso de que se hayan financiado ilegalmente mediante actos de corrupción de sus cargos públicos y orgánicos.

A tenor de los hechos, sostiene que el régimen sancionador vigente “no ha sido suficientemente disuasorio” para frenar las irregularidades. Incluso que los preceptos se han aplicado “de manera poco frecuente”, con la existencia de elementos que han dificultado su eficacia. Con todo, las tres formaciones prefieren, por flexibilidad y rapidez, que se emplee la vía administrativa a la penal (aunque sin renunciar a ella), al considerar que la mayor parte de vulneraciones (conductas que ahora quedan fuera por imprecisión) pueden ser perseguidas a través del ordenamiento jurídico.

La Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos no refleja como conductas sancionables la aceptación de donaciones finalistas o de personas jurídicas o físicas que sean parte de contratos vigentes en el sector público. PSOE, Podemos y Ciudadanos observan que las incorrectas identificaciones de los donantes deben ser tipificadas como infracciones, como también la falta de justificación de que las cantidades recibidas por los partidos correspondan a cuotas de militantes.

Lo mismo que la falta de notificación al Tribunal de Cuentas de las donaciones de inmuebles o cuantías de más de 25.000 euros. También debe constituir una infracción que el partido no ingrese en las cuentas correspondientes las donaciones o aportaciones recibidas y los incumplimientos en las justificaciones o anotaciones contables de ingresos o gastos.

En ese sentido, el documento conjunto, que llegará a ser votado en pleno en la Cámara y puede acabar con la dispersión normativa y sus complicaciones e inseguridad, considera que debería abordarse de forma simultánea la reforma de los partidos a la del Tribunal de Cuentas para que pudiera asumir mayores competencias. Así, propone reforzar sus funciones control y fiscalización para auditar las contabilidades sin demoras injustificadas y evitar el retraso que ahora dificulta la función fiscalizadora. Con ese objetivo, apunta la necesidad de reforzar los medios coercitivos del Tribunal de Cuentas y su capacidad sancionadora, con facultad para retener a los partidos que no le hayan remitido sus cuentas toda subvención pública y fiscalizar las recibidas por los grupos políticos locales.

El informe plantea acabar con las dificultades de fiscalización que ofrecen las subvenciones recibidas por los partidos en el ámbito local, un asunto con el que el PP trata de zaherir a Ciudadanos en la comisión sobre financiación de partidos del Senado. Los partidos y sus grupos institucionales están recibiendo subvenciones regidas por regulaciones diferentes que complican la identificación de su origen, cuantía o destino. Por ello, propone ampliar en las leyes el apartado de fiscalización y rendición de cuentas en todos los niveles territoriales.

Respecto a las entidades vinculadas a los partidos, como las fundaciones, defiende modificar sustancialmente el régimen jurídico. Para ello, formula que se delimiten “de manera clara” en la Ley de Partidos los criterios que permitan identificar a las personas jurídicas vinculadas a las formaciones con independencia del ámbito territorial.

Desde el punto de vista de las obligaciones contables y de transparencia de la actividad financiera, considera necesario que los requisitos de fundaciones o entidades vinculadas sean idénticos a los de la formación política. En todos los casos, mantiene, las reglas de publicidad que rijan en relación con las donaciones recibidas deberán aplicarse a las recibidas por las fundaciones.

Para ello demanda que los partidos incluyan en su contabilidad consolidada sus relaciones económicas con estas entidades vinculadas y que apliquen las herramientas internas para prevenir irregularidades. Además, exige que las fundaciones remitan todos los años al Tribunal de Cuentas un informe detallado de toda su actividad vinculada o no al partido, como donaciones, convenios realizados y sus flujos monetarios con la formación.