La oposición pide a Rajoy una legislación común del borrado del correo de altos cargos

Los principales partidos de la oposición se declaran a favor de una normativa común que regule el borrado del correo electrónico de los altos cargos de la Administración cuando dejan de desempeñar su función en el ámbito estatal, autonómico o municipal. La eliminación de los mails de Francisco Granados en su etapa en el Gobierno de Esperanza Aguirre, reclamados por el juez de Púnica, ha revelado la falta de una legislación homogénea. La Comunidad de Madrid es partidaria de que el Gobierno de Mariano Rajoy, que declinó pronunciarse, impulse una regulación.

Ángel Garrido, consejero de Presidencia y Justicia y número dos de Cristina Cifuentes en el Ejecutivo madrileño, se mostró ayer favorable a que el Estado “regule” la conservación y borrado de los correos electrónicos de los altos cargos mediante una reglamentación precisa que unifique los criterios que en la actualidad aplican las diferentes Administraciones. El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, no entró en si debe haber una normativa común.

La oposición a Rajoy también coincidió en reclamar un reglamento único para todos los niveles del Estado. “Parece lógico para estos cargos y para que haya cierta protección y claridad. Me parece bien que se regule para que no haya un partido que después formatee y borre discos duros”, expresó Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Se refería a que en el PP se borraron los discos duros de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas. “La inexistencia de un marco legal claro entorpece la labor de la justicia”, observó Andrés Perelló, responsable de Justicia del PSOE. “Hace falta una ley marco regulatoria que estipule que durante un tiempo prudencial se guarden los correos de altos cargos. Lo contrario pone en tela de juicio la transparencia de la Administración”, prosiguió. Mercedes Gallizo, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, registró ayer varias preguntas sobre el grado de colaboración del Ejecutivo de Cifuentes con las informaciones solicitadas por los instructores del caso Púnica y la normativa en que se sustenta la orden de borrado de los mails de los investigados.

“Sería bueno un criterio común y con las mismas garantías para todas las Administraciones, para que no existan diferencias como las que actualmente se dan”, prosiguió Garrido, que también es secretario general del PP de Madrid, que preside Cifuentes. Su planteamiento se produce tras la petición el pasado 30 de enero del juez Manuel García-Castellón de una serie de mails de Granados y otros excargos regionales dentro de las investigaciones de las ramificaciones de la presunta trama corrupta de Púnica. En este caso afectaban a obras de Metro de Madrid a través de la empresa pública Mintra y a Arpegio, firma autonómica de la gestión del suelo y las inversiones del plan Prisma en municipios.

Sin embargo, la Comunidad ya había borrado los correos en una primera tanda en 2012 y en otra a finales del año pasado. El procedimiento que aplica Madrid no especifica el tiempo que se deben guardar los correos ni la forma de hacerlo. El Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, recomienda que el contenido de los mensajes se conserve 90 días. A su vez, los correos se borrarían del servidor a los 120 días.

Un mismo reglamento

“Lo importante es tener unas bases comunes, un protocolo común de las diferentes instancias y favorecer la transparencia y mecanismos que eviten la corrupción como una forma de gobierno”, apuntó Miguel Urbán, eurodiputado y miembro de la ejecutiva de Podemos.

Alberto Garzón, coordinador federal de IU, incidió en que el borrado de mails de consejeros y otros altos cargos de la Comunidad de Madrid “es una muestra de la opacidad y secretismo con la que se trabaja en las administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular”. “No parece lógico que no existan copias de seguridad de las cuentas oficiales de altos cargos de la Comunidad, toda vez que estos tienen una gran responsabilidad en la gestión pública y múltiples relaciones con empresas y otras entidades privadas que pueden dar lugar a conflictos de intereses o casos de corrupción”, sentenció.