El Gobierno buscará el apoyo de los partidos para garantizar el castellano en las escuelas catalanas

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este jueves que el Gobierno buscará el apoyo del resto de fuerzas políticas para sacar adelante una fórmula que garantice la enseñanza del castellano en las escuelas de Cataluña. Así lo ha manifestado durante una entrevista, en la que ha insistido, en repetidas ocasiones, en la necesidad de cumplir las sentencias judiciales. 

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"El Gobierno, junto con otras fuerzas políticas y la Administración educativa, tiene que ver la fórmula en que se cumple", ha afirmado el ministro portavoz del Ejecutivo, en referencia a la cuota mínima del 25% que considera necesaria para que el castellano se estudie como lengua vehicular, como ocurre en la actualidad con el catalán. "Eso es lo normal. Es garantizar un derecho que, además, está avalado por los tribunales", ha remachado Méndez de Vigo durante su intervención en Los Desayunos de TVE. El tiempo apremia, porque en abril se abre el plazo de preinscripción para la escolarización de los niños catalanes en su primera etapa, así como para los cambios de colegio.

En su intervención, y como ha ocurrido hasta ahora, el ministro no ha aclarado en qué consistirá la fórmula que buscará "la conjugación entre la lengua castellana y la catalana". El pasado lunes, la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, aseguró que la elección lingüística se llevaría a cabo a través de una casilla en la preinscripción escolar, pero el Ministerio de Educación lo desmintió horas después. "Es una opción que en su momento se barajó —en referencia a la etapa de José Montilla como presidente de la Generalitat—, pero jamás he hablado de eso", ha matizado el titular de Educación. 

Lo que sí ha afirmado Méndez de Vigo es que, para la elaboración de la nueva norma, se tendrá en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre las ayudas a alumnos que quisieran estudiar castellano en Cataluña. "Desde el momento en que los tribunales la han echado abajo, no podremos utilizar esa fórmula", ha afirmado. La resolución obliga a derogar los artículos de la LOMCE —conocida como Ley Wert—, que establecían que la Generalitat debía pagar becas de 6.000 euros para que los estudiantes pudiesen acudir a centros privados. Una decisión judicial sobre la que el ministro se ha manifestado a favor. "No tenía que haberse dado nunca en realidad, porque era una fórmula donde el Estado actuaba subsidiariamente, en algo que no era competencia suya", ha subrayado.