El juez atribuye a Marta Rovira una actuación “decisoria” en el ‘procés’

El juez Pablo Llarena argumenta en un auto dictado este miércoles la fianza de 60.000 euros impuesta a Marta Rovira en que la secretaria general de ERC ha tenido una "función decisoria en la concepción y ejecución" del proceso soberanista de Cataluña. Llarena ha dado a Rovira 10 días de plazo a Rovira, que empiezan a contar a partir de este jueves, para depositar el dinero. Además, Llarena ha impuesto a la número dos de ERC comparecencias quincenales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o cualquier otro juzgado.

En su auto, el instructor del Supremo explica que la aportación de Rovira a la rebelión que atribuye a los líderes independentistas vendría marcada por una responsabilidad política “de mayor nivel” que otros investigados, no solo en ERC, sino también como portavoz parlamentaria la pasada legislatura de Junts pel Sí. “La actuación de la investigada ha podido sobrepasar la dimensión parlamentaria de promover una legislación paralela que sustentara la declaración de independencia para impulsar la intervención coordinada de distintos sectores políticos, sociales o de Gobierno", afirma Llarena.

La responsabilidad política de Rovira ha estado, además, afirma el juez, jalonada por declaraciones públicas en las que divulgaba su iniciativa y describía los actos (posteriormente ejecutados) “que permitían incumplir las trabas legales que impedían el objetivo colectivo que les impulsaba”. Llarena subraya también que la agenda hallada en el registro al domicilio del que fuera número dos de la Consejería de Economía, Josep Maria Jové, refleja la participación de la investigada en diversas reuniones “totalmente ajenas” a su labor como portavoz parlamentaria. “Unas reuniones en cuyo seno se debatía la mejor estrategia que debía seguirse para lograr la independencia, adoptándose precisamente las decisiones que resultaron posteriormente estimuladas”, advierte el juez, que atribuye también a Rovira la tramitación parlamentaria de la ley del referéndum y de la ley de transitoriedad aprobadas en el Parlament el 6 y 8 de septiembre de 2017, aunque en su comparecencia ante Llarena el pasado lunes la secretaria general de ERC se desmarcó de esta tramitación.

Llarena se refiere también a diversas conversaciones telefónicas incorporadas por la Guardia Civil en los informes entregados al Supremo de las que se deduce que la número dos de ERC participó “con clara capacidad decisoria” de la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre. El juez no cree que exista peligro de que Rovira se fugue aunque otros investigados lo hayan hecho, pero sí considera que hay riesgo de reiteración delictiva, tanto porque algunos líderes políticos insisten en la intención de declarar la independencia cuando antes como porque la número dos de ERC ha formado parte de un plan que pasaba por perseverar en la ruptura unilateral aunque el Estado interviniera para impedirla. En este riesgo basa Llarena las medidas cautelares impuestas a Rovira.

En el mismo auto, el juez explica también por qué no ha decretado ninguna medida personal contra Artur Mas. Llarena subraya la “nula” responsabilidad política que detenta ahora el expresidente de la Generalitat, al que además atribuye una participación más “lejana” en los delitos que se investiga, por lo que descarta imponerle una fianza, tal y cono habían solicitado las acusaciones.