Las garantías de Urkullu

El PP y el PSE optan por la prudencia tras el compromiso del lehendakari de que la reforma del Estatuto vasco será consensuada

Íñigo Urkullu durante el Pleno de Control en el Parlamento vasco.
Íñigo Urkullu durante el Pleno de Control en el Parlamento vasco. L. Rico

Tres días después de que el PNV presentara su controvertida propuesta de reforma del Estatuto vasco, el lehendakari Iñigo Urkullu acotó el debate al asegurar que la reforma será “consensuada entre diferentes pensamientos ideológicos; viable política, legal y jurídicamente” y “tendrá recorrido institucional”. Con esa declaración, Urkullu se presenta como garante de un proceso de reforma estatutaria que ha reavivado el recelo del constitucionalismo, cuando no la hostilidad, por la introducción del “derecho a decidir”, eufemismo con el que el independentismo catalán camufló el derecho a la autodeterminación en un desafío que no se ha cerrado aún.

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Ante los recelos y rechazos a un proceso cuyo debate se alargará durante este año si los partidos vascos llegan a un acuerdo, Urkullu decidió fortalecer sus garantías —consenso entre nacionalistas y no nacionalistas y legalidad—, haciéndolas públicas con una declaración y no limitándose a trasladarlas privadamente a los socialistas y al PP. “Tenemos garantías. No estamos intranquilos porque el Gobierno vasco no va a cometer ninguna ilegalidad. Tenemos la experiencia del tiempo que perdimos con el Plan Ibarretxe y, más reciente, aún, la dramática situación en Cataluña que ha llevado a la ruptura y al enfrentamiento. Urkullu, y también el PNV, saben el límite al que pueden llegar, señalan fuentes de la dirección del PSE, que comparte el Gobierno vasco con el PNV.

El PP, aunque no oculta su preocupación porque “el PNV puede meterse en un callejón del que no pueda salir”, ha decidido “juzgar por los hechos” y ha optado por la “prudencia y cautela”, según su líder vasco, Alfonso Alonso. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le avala.

Urkullu trata de convencer al constitucionalismo de que su proceso no es equiparable al del secesionismo catalán. La reforma vasca obedece a un compromiso electoral del PNV y del propio lehendakari porque Euskadi quedó fuera de las reformas estatutarias de hace una década por el fallido Plan Ibarretxe y lleva casi 40 años con un texto sin adaptarse a los cambios políticos y sociales generados en este tiempo.

Papel moderador

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Una diferencia entre el proceso reformista que se abre en Euskadi y el de Cataluña es el papel del lehendakari, que se reserva el de garante y moderador y no impulsor del mismo. Así lo acordó Urkullu con sus socios socialistas durante la formación del Gobierno vasco. Serán, por tanto, los grupos parlamentarios los que protagonizarán el debate, y el lehendakari lo supervisará.

En contraste, en el proceso catalán fueron los presidentes Artur Mas y luego Carles Puigdemont quienes impulsaron el proceso secesionista, espoleados por ERC y las plataformas soberanistas. Ya antes, en 2004, el presidente Pasqual Maragall espoleó la reforma del Estatut de Sau sin control, en plena competición entre ERC y CiU, sin fijar unas líneas rojas que marcaran los límites del encaje constitucional.

El criterio de consenso transversal del lehendakari marca otra diferencia sustancial con el proceso catalán, cuyo motor ha sido el pacto entre partidos soberanistas. Urkullu descarta un acuerdo de reforma limitado a los partidos nacionalistas, PNV y Bildu, con el aditamento de Podemos, en base al derecho a decidir. Rechaza abiertamente esta fórmula. La actitud del PNV y el fiasco soberanista en Cataluña han obligado, incluso, a Bildu a modular su posición rupturista y no plantear a priori la consulta de autodeterminación a la catalana.

Además, la controvertida propuesta de reforma del PNV “se guía por los conceptos tradicionales de la reintegración foral plena, los derechos históricos, reconocidos en la Constitución, y no por el más reciente derecho a la autodeterminación que ha orientado el proceso catalán” señalan fuentes nacionalistas.

Queda por delante un año de debate en el que los grupos parlamentarios vascos tratarán de lograr un texto unificado. Ese texto tendrá que ser negociado, posteriormente, con las instituciones centrales y refrendado.

Tampoco resulta el momento más propicio para que Euskadi aborde una reforma estatutaria, admiten fuentes nacionalistas. El proceso secesionista catalán ha exacerbado el rechazo generalizado en España no solo al independentismo; también, por extensión, al nacionalismo, al que se percibe como insolidario.

Ciudadanos, que en Euskadi no tiene representación parlamentaria, está tratando de capitalizar, frente al PP, esa corriente, tras su victoria en las elecciones catalanas y califica la propuesta del PNV de Ibarretxe-2. “Nuestro temor es que la nueva visión neocentralizadora arraigue tanto que afecte al PP y a los socialistas”, señalan fuentes nacionalistas vascas.

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