Interior pone protección a Marjaliza tras denunciar que recibe amenazas

El Ministerio del Interior ha montado en los últimos días un dispositivo de seguridad en torno al constructor David Marjaliza, cabecilla de la trama Púnica y, desde junio de 2015, colaborador de la Justicia, después de que este denunciase ante el juez Manuel García-Castellón que había recibido amenazas a través de personas cercanas a otros imputados en la causa. Fue el propio magistrado quien el pasado 17 de enero, tras la última declaración del arrepentido, anunció que iba a pedir al departamento que dirige Juan Ignacio Zoido que elaborase un estudio sobre el riesgo de que el empresario sufriera alguna agresión. Una vez realizado, Interior ha dispuesto que Marjaliza y su familia sean protegidos por efectivos de la Guardia Civil mediante "contravigilancias", según confirman a EL PAÍS fuentes policiales. Interior ha declinado dar detalles sobre el dispositivo.

La decisión del magistrado se produjo al término de la declaración en la que Marjaliza aportó documentación inédita sobre el supuesto cobro de una comisión ilegal de 3,6 millones por obras del Metro de Madrid que se repartieron él, el exconsejero Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid. El constructor ya había denunciado en su comparecencia anterior, el 19 de diciembre, que personas que identificó como del entorno de Granados,  habían hecho llegar a otro imputado, amigo de Marjaliza, mensajes del tipo "a ver cómo callamos a este hijo de puta que va a meternos a todos en la cárcel" y "habrá que mandarle un mensajito con su hijo, que es lo único que le importa".

La instrucción del magistrado se remitió, en primer lugar, a los responsables de la Comisaría que la Policía Nacional tiene en la propia Audiencia Nacional y que se encarga de la seguridad del edificio y de dar escolta a jueces y fiscales. Según detallan fuentes policiales, desde esta comisaría se trasladó la petición a la Guardia Civil, ya que el empresario y su familia residen en Valdemoro (a 25 kilómetros de Madrid), localidad que es competencia del Instituto armado. Fueron los responsables de este los que elaboraron finalmente un estudio sobre los posibles riesgos y el grado de protección que requiere el colaborador de la Justicia.

Según fuentes conocedoras del mismo, la Guardia Civil concluyó que el constructor, por su actitud de colaboración con la Justicia que ha permitido la imputación de numerosas personas dentro del caso Púnica, corre un riesgo bajo. Por ello, determinó que la protección que debía recibir es lo que en la jerga policial se denominan "contravigilancias". En ellas, agentes de la Guardia Civil de uniforme o paisano pasan periódicamente por los alrededores de la vivienda, el lugar de trabajo o el colegio del hijo para cerciorarse de que no hay presencia de personas en actitud sospechosa. Lo que Interior descarta, por ahora, es dotar a Marjaliza de escolta, señalan estas mismas fuentes. "Si se repiten las amanezas, se estudiaría", añaden.