La Fiscalía pide la puesta en libertad de los exjugadores de la Arandina acusados de abuso sexual

La Fiscalía de Burgos ha trasladado al Juzgado de Primera Instancia de Aranda de Duero un escrito en el que pide la puesta en libertad de los tres exjugadores de la Arandina C.F. que se encuentran en prisión desde el pasado 13 de diciembre por, supuestamente, haber abusado sexualmente de una menor. De este modo, el Ministerio Fiscal cambia el criterio que ha mantenido hasta ahora y apuesta por adoptar una serie de medidas, como la prohibición de que los tres jugadores puedan acercase a la menor y tener cualquier tipo de contacto con ella, así como imponer la obligación de comparecer los días 15 de cada mes y la retirada del pasaporte.

Los exjugadores de la Arandina Carlos Cuadrado Santos, Lucho, de 24 años; Raúl Calvo, de 19, y Víctor Rodríguez Ramos, Viti, de 22, se encuentran en prisión desde el pasado 13 de diciembre, acusados de haber abusado de una joven de 15 años, cuyos padres denunciaron los hechos.

En el escrito presentado por la Fiscalía como respuesta a una nueva solicitud de excarcelación realizada por la defensa de los futbolistas la semana pasada, el ministerio público señala que "nada se opone a que se acuerde la libertad provisional de los investigados". Y añade que, considerando que la prisión provisional solo debe durar mientras subsistan los motivos que la ocasionaron, "es por lo que se interesa la puesta en libertad de los investigados, con la imposición de las medidas cautelares expuestas".

En concreto, relata que ya no hay posibilidad de ocultar, alterar o destruir pruebas relevantes, puesto que ya se han practicado las diligencias necesarias. De la misma manera, entiende que la protección de la víctima quedará salvaguardada, imponiendo, como medidas cautelares, la prohibición de comunicarse con la menor con cualquier medio de comunicación, informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual. Asimismo, establece que los futbolistas no podrán acercarse a menos de mil metros de la denunciante.

Por último, la Fiscalía considera que el riesgo de fuga se evitará obligándoles a comparecer los días 15 de cada mes y con la intervención de sus pasaportes. El ministerio público insta a que estas medidas cautelares permanezcan vigentes durante toda la tramitación de la causa y hasta que haya una resolución definitiva.

Frente a este planteamiento, el abogado de la acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor, ha indicado que se ha vuelto a oponer a la puesta en libertad de los investigados por entender que se mantienen las causas que justificaron su entrada en prisión.