Los abogados de Junqueras y los ‘Jordis’ anuncian que llevará su caso a la ONU

Los abogados de los tres líderes independentistas encarcelados Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, han anunciado este jueves en Londres que llevarán su caso al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, cuyos dictámenes no son vinculantes. El objetivo de llevar el caso de los tres políticos presos (Joaquim Forn no ha recurrido a los mismos letrados) a este organismo es conseguir que la ONU lo utilice "para reiterar con fuerza que los gobiernos no pueden utilizar acusaciones endebles para reprimir la oposición política", según ha dicho Ben Emmerson, uno de los letrados. "Su detención por parte de España es una afrenta a los derechos humanos, diseñada para evitar que desempeñen su papel como representantes políticos del pueblo catalán", ha añadido Emmerson.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias es un órgano creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1991, compuesto por un panel de expertos que tienen, entre otros, el mandato de investigar "casos de privación de libertad impuestos arbitrariamente o de manera inconsistente con los estándares internacionales expuestos en la Declaración Universal de Derechos Humanos". El panel recibe información de los individuos afectados y envía comunicaciones urgentes a los Gobiernos para que "clarifiquen" los casos.

Primero deberá decidir si admite a trámite la petición de los tres líderes independentistas, algo que los abogados dan por hecho. Si lo hace, pedirá una respuesta al Gobierno Español y después emitirá un dictamen sobre si considera o no arbitrario el encarcelamiento. Otra de las letradas, Rachel Lindon ha explicado que las decisiones del organismo de la ONU pueden tardar "semanas o meses, no años", y se ha declarado "optimista" sobre la posibilidad de que el panel reconozca violaciones de los derechos de sus clientes.

En febrero de 2016, el mismo Grupo de Trabajo dictaminó que las acciones de Reino Unido y Suecia en relación con la reclusión de Julian Assange, fundador de Wikileaks, desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, constituían una "detención arbitraria". El Gobierno británico, en marzo de 2016, solicitó formalmente al organismo que revisara su dictamen.

El abogado Ben Emmerson también ha representado a Julian Assange, así como a Maria Litvinenko —la esposa del exagente ruso Alexander Litvinenko, muerto el año 2000 tras ser envenenado— y también de Moazzam Begg, ciudadano británico encarcelado en Guantánamo seis meses acusado de terrorismo en la guerra civil de Siria.

Para ilustrar la situación en la que se encuentran sus clientes, los letrados han pedido a los asistentes imaginar que la Justicia británica hubiera decidido encarcelar a los líderes nacionalistas escoceses por celebrar el referéndum legal de independencia en 2014. Los abogados aseguran que se han violado los derechos de sus representados a la libertad de asociación y expresión, a tener opinión política y participar en la vida pública, a comparecer ante un tribunal justo e imparcial, a preparar su defensa y a la propia presunción de inocencia. También denuncian que sufren discriminación "por su defensa del derecho de autodeterminación del pueblo catalán", según han comunicado en una nota de prensa. Esta llevaba el título de "Cataluña lleva a España a las Naciones Unidas", encabezamiento que el propio Emmerson ha calificado de simplificación.

Emmerson ha asegurado que miembros del Parlamento y 100 juristas académicos han confirmado que "no existe base legal" para atribuir a los tres políticos los delitos de rebelión, secesión y malversación. El letrado considera que no ha existido violencia y por ello la actuación de sus clientes no cumple los tipos de los delitos de los que se les acusa. "Puede haber otros cargos", ha reconocido Emmerson, "pero no merecedores de penas de prisión".

La Justicia española ha rechazado todas las peticiones para salir de la cárcel, han asegurado los letrados, y por eso "no les ha quedado otra opción" que recurrir a la ONU. Rachel Lindon, otra de los representantes legales de Junqueras y los 'Jordis', ha cargado contra el Gobierno y ha acusado a las autoridades españolas de emplear "modos dictatoriales".

La decisión de acudir a la ONU, han explicado los letrados, se debe a que "hasta ahora el asunto solo ha sido analizado en las cortes españolas" y, hasta que no se agoten todas las instancias nacionales, no se puede acudir a la jurisdicción de derechos humanos de ámbito europeo. Rachel Lindon ha considerado que, a pesar de que el eventual dictamen del Grupo de Trabajo no sería vinculante, enviaría "un fuerte mensaje" al Gobierno español.

El Gobierno español destacó, en respuesta a un cuestionario emitido por la ONU a todos los países miembros sobre el derecho de los detenidos a que un tribunal decida lo más rápido posible si considera su detención ilegal, que existe la posibilidad de iniciar un procedimiento. El objetivo de la legislación, según el Gobierno, es "la articulación de un procedimiento lo suficientemente rápido como para conseguir la inmediata verificación judicial de la legalidad y las condiciones de la detención, y lo suficientemente sencillo como para que sea accesible a todos los ciudadanos y permita, sin complicaciones innecesarias, el acceso a la autoridad judicial".