La Audiencia impide que la UCO utilice los ordenadores de Ignacio González

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no podrá utilizar para sus investigaciones los ordenadores del expresidente madrileño Ignacio González y de otro imputado en el caso Lezo de corrupción. La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó a principios de enero la autorización que dio a los agentes el juez instructor del caso, Manuel García-Castellón. El magistrado, tras esa resolución del tribunal, ordenó a la UCO que devolviera los dispositivos informáticos a sus propietarios.

Los ordenadores incautados y de los que pidió hacer uso la Guardia Civil eran dos portátiles –HP y Toshiba- y una computadora sobremesa Lenovo de Ignacio González; y tres ordenadores Apple Macbook propiedad de los imputados Pablo González, María Fernanda Richmond y José Juan Caballero Escudier. Los discos duros de estos ordenadores han sido clonados para la investigación del caso Lezo, aunque los dispositivos de almacenamiento originales no serán devueltos por ser “evidencia y prueba” dentro del sumario, explica el juez García-Castellón en el auto por el que ordena la entrega de las computadoras a sus dueños.

La cesión judicial a las fuerzas de seguridad de bienes, como ordenadores y vehículos, intervenidos en operaciones policiales es una práctica frecuente. En el mismo caso Lezo, el primer juez instructor, Eloy Velasco, autorizó a la Guardia Civil a usar una veintena de coches, algunos de alta gama como un Jaguar XF, un Lexus GS, que figuraban a nombre de sociedades. Los agentes argumentaban que estos vehículos les resultan útiles para su trabajo policial ante la escasa renovación del parque móvil oficial del instituto armado. En el caso de Ignacio González, la Sección Cuarta de la Audiencia, revocó la decisión judicial de autorizar a la Guardia Civil el uso de un Smart y de un BMW serie 3 propiedad de su esposa, Lourdes Cavero. El magistrado García-Castellón dejó ambos vehículos embargados, decisión que ha sido recurrida por el expresidente madrileño.

En 2016, el tribunal que enjuició el caso Malaya contra la corrupción municipal en Marbella (Málaga) autorizó ceder de forma definitiva a la Policía el avión Cessna Citation propiedad del supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. Esta aeronave fue puesta a disposición de los agentes para sus investigaciones por el primer instructor de este caso, Miguel Ángel Torres, a cambio de que el Estado se encargara de los gastos de mantenimiento.