Unidos Podemos propone un aumento del gasto público de 24.500 millones
El grupo confederal que encabeza Iglesias defiende que el objetivo de déficit para 2018 se mantenga en el 3% del PIB al creer que "no tiene sentido reducirlo de forma tan acelerada"
Unidos Podemos propone un aumento del gasto público de 24.500 millones de euros y mantener el objetivo de déficit para 2018 en el 3% del PIB y no en el 2,2% en la alternativa de presupuestos que ha presentado este lunes ante la incapacidad del Gobierno de aprobar las cuentas de este ejercicio. "El PP no cuenta con una mayoría para presentar y aprobar los presupuestos generales de Estado. Tampoco tiene la capacidad de negociarlos. En lugar de hacerlo, lo que hace es prorrogar por segunda vez los del año pasado y paralizar la inversión pública en niveles que no se daban desde hace 50 años”, ha incidido Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso.
Podemos y sus aliados cifran el incremento de los ingresos en torno a 14.805 millones —11.500 vendrían de una reforma tributaria y nueva política fiscal que gravaría a las rentas más altas; otros 3.500 procederían del propio crecimiento de la economía— que garantizarían el cumplimiento con la estabilidad que exige Bruselas. "Planteamos una política económica alternativa que es viable y posible. Y que es un ejercicio de responsabilidad frente a lo preocupante que resulta que por segunda vez se prorroguen los presupuestos generales del Estado", ha defendido Nacho Álvarez, responsable de Economía de Podemos. "Con un déficit en torno al 3% no tiene sentido reducirlo de forma tan acelerada", ha reiterado.
El cumplimiento del tope deficitario del 3% que exige la UE sería posible con la aportación al Estado de 1.650 millones de un incremento de impuestos vinculados al medio ambiente —"el 70% de la fiscalidad verde recae sobre los hogares de nuestro país. Pensamos que el margen para actuar está sobre el oligopolio energético", ha recalcado Álvarez— o gravar con un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas con mil millones. La modificación del impuesto de Sociedades, donde se eliminarían las desgravaciones de los grandes grupos, aportaría 700 millones. El gravamen a las transacciones financieras sumaría 550 millones. La reducción del IVA a suministros del 10% implicaría que se dejaran de recaudar mil millones. En el caso de la reducción al 4% del IVA a la cultura y productos de primera necesidad, serían 625 millones.
Dentro de las "medidas de dignidad" a las que se ha referido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el grupo confederal aboga por un mayor aumento del gasto público. La partida principal serían los 3.100 millones para poner en marcha la primera fase de fase del plan de renta garantizada de Unidos Podemos. Otros 3.000 millones se dedicarían a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, 950 millones a la gratuidad del material escolar —esta medida se implementaría a través de una financiación finalista a las comunidades autónomas— y 2.500 a financiar la ley de dependencia con el fin de "asegurar el nivel mínimo de protección" establecido en la ley a través de un fondo estatal que sería transferido a las comunidades autónomas. También se cubriría la recuperación de las cotizaciones de los cuidadores familiares no profesionales. De esta forma se paliaría la situación actual, en la que pese a que el Gobierno central asume el coste de la mitad de la financiación los Ejecutivos regionales se quejan de que solo aporta de promedio un 15-20% del presupuesto para la atención a dependientes.
La revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC "para que no pierda capacidad adquisitiva" tendría una inyección de 2.200 millones. Unidos Podemos es partidario de la eliminación del actual índice de revalorización de las pensiones dado que, según subrayan Podemos y sus aliados, "está suponiendo la progresiva pérdida de capacidad adquisitiva de los pensionistas". La preocupación por los jóvenes en uno de los países de la UE con mayor desempleo en ese sector de la población, unida a la precariedad laboral, se combatiría con un plan de empleo para la juventud que contaría con 1.100 millones. El objetivo sería doble: la inserción en el mercado de trabajo y animar al retorno de los jóvenes emigrados.
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