El Congreso rechaza celebrar un pleno para forzar el debate de la nación

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, el máximo órgano de la Cámara fuera del periodo ordinario de sesiones, ha rechazado este martes la propuesta de Unidos Podemos para forzar un pleno extraordinario con el objeto de instar al Gobierno a celebrar el debate sobre el estado de la nación. El apoyo de Ciudadanos a la medida, junto al PDeCAT, ERC y Compromís, ha chocado contra la oposición del PP y la abstención del PSOE y PNV.

La iniciativa de Unidos Podemos, para reforzar una proposición no de ley previa, se produce después de que el Gobierno hubiese adelantado que Mariano Rajoy iniciará una ronda con los grupos parlamentarios para intentar fijar una fecha para ese debate, que espera pueda celebrarse antes de la primavera si el horizonte catalán queda despejado.

Sin embargo, la portavoz parlamentaria del grupo confederal Irene Montero ha asegurado no fiarse del propósito anunciado por el Gobierno y ha considerado que la mejor garantía era comprometerlo a través de la Diputación Permanente y un pleno extraordinario de la Cámara, lo que hubiera supuesto, según le ha reprochado el PP, la celebración de “tres debates”. Es decir, “un debate sobre un debate para pedir un debate”.

La portavoz ha razonado su propuesta con el argumento de que Rajoy lleva “tres años sin convocar un debate de estas características”, que supone “una herramienta consolidada para el control legislativo” y constituye “una práctica parlamentaria arraigada”. Sin embargo, ha incidido, al PP no le gusta el Parlamento ni la separación de poderes, “gobierna a golpe de real decreto” y “veta sistemáticamente” las iniciativas de la oposición.

Montero ha considerado necesaria la celebración del debate sobre el estado de la nación en que es un “derecho de la ciudadanía” para evaluar la labor del Gobierno. En una especie de anticipo al debate, la diputada ha desplegado un relato sobre los efectos de la crisis y la situación económica derivada en la sociedad, llegando a alterar a la parlamentaria popular Celia Villalobos por sus consideraciones sobre la jubilación.

El PP ha reprochado a Unidos Podemos que planea “un debate sin contenido con la finalidad de captar la atención” y tratando de “polemizar sobre un asunto que no es polémico”. Su portavoz, Francisco Martínez Vázquez, se ha aferrado a que el Gobierno ya ha anunciado que lo llevará a cabo en el período de sesiones que se inicia en febrero. En ese sentido, ha subrayado el debate no está regulado y es una costumbre parlamentaria, pero que es el Gobierno quien lo solicita y fija las fechas. Martínez Vázquez ha acusado a Unidos Podemos de utilizar “de forma torticera los procedimientos”. “Se celebrará con normalidad, como siempre se ha hecho a iniciativa del Gobierno”, ha insistido.

Tanto el PSOE como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) han coincidido en la necesidad de que el presidente del Gobierno comparezca en este debate para dar cuenta de su gestión, pero que no había “ninguna necesidad de hacerlo deprisa y corriendo para esta misma semana”. Margarita Robles ha considerado “una exigencia ineludible” la comparecencia de Rajoy, pero “no como una representación teatral sino para dar cuenta de su gestión”.

Por su parte, el portavoz vasco Aitor Esteban ha defendido la exigencia de hacer el debate sobre el estado de la nación “en este período de sesiones”, pero no “con esta dinámica de minidebates” que supondría, además del que ha tenido lugar en la Diputación Permanente, el del pleno extraordinario y el de la comparecencia de Rajoy. “¿Es necesario debatirlo ya? No”, ha concluido.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha defendido su apoyo a la iniciativa argumentando que el debate “es muy bueno para todos”. “Solo quien carezca de proyecto puede temer este debate”, ha deslizado.

El último debate de la nación se celebró en 2015, todavía en la X Legislatura. En la siguiente no llegó a formase Gobierno por falta de consenso. En los escasos dos años de la actual legislatura, el Gobierno se ha sometido a un debate de investidura y a una moción de censura, impulsada por Unidos Podemos.

Comparecencias de ministros

La Diputación Permanente ha rechazado con los votos del PP, Ciudadanos y PNV,  y la abstención del PSOE, investigar el internamiento de 500 inmigrantes en la cárcel de Archidona y el suicidio de uno de ellos a la espera de que mañana lo explique el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

También el  voto en contra del PP y Ciudadanos, y la abstención del PSOE, han evitado al ministro del Interior comparecer en el Congreso para explicar el dispositivo y la actuación policial en el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña, lo que ya hizo el pasado jueves pasado en el Senado.

La Diputación Permanente del Congreso ha rechazado asimismo convocar a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por el hipotético mantenimiento del artículo 155 incluso una vez formado el nuevo Gobierno de la Generalitat.