El PP y la 'delación premiada'

La segunda jornada del juicio sobre la financiación presuntamente ilegal del Partido Popular de Valencia –una de las 10 piezas del rompecabezas Gürtel– ha sido todo lo espectacular que se podía esperar. Esto ha sido así por la escenificación de los pactos con la Fiscalía Anticorrupción, a través de la confesión de culpabilidad y aportación de pruebas, es decir, los famosos plea agreement, plea bargain y plea guilty que se ven día tras día en el sistema judicial de Estados Unidos, que reflejan las películas de Hollywood.

Uno tras otro, nueve empresarios de compañías constructoras, a los que se unió como primer tenor el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, han desfilado ante el tribunal unipersonal para confesar sus delitos según constaba en el pacto de conformidad que suscribieron con la Fiscalía Anticorrupción.

Fueron ellos quienes pagaron los 2,2 millones de euros de las campañas electorales de 2007 y 2008 en dinero negro.

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La cañería –metáfora utilizada por el fiscal Emilio Sánchez Ulled para definir al Palau de la Música como canal del trasvase de 6,6 millones de euros de la empresa Ferrovial a Convergencia Democrática de Cataluña– en el caso del PP valenciano ha sido la empresa Orange Market de Correa.

Los trabajos para montar campañas electorales deslumbrantes, espléndidas, y creativas –palabra que utilizó ayer en su confesión Paco Correa– se hicieron de verdad.

Pero a la hora de abonar, el PP le explicó a Pablo Crespo, lugarteniente de Correa, que el pagador sería otro. Esto le supo mal a Crespo, según dijo el tenor ayer. No por nada él había sido, antes de pasarse al grupo de empresas de Correa, secretario de Organización del PP de Galicia.

Y no fue solo un pagador sino nueve los que hicieron la colecta: empresas constructoras que, en aquellos años, protagonizaron la fase final de la burbuja inmobiliaria a las que el gobierno de Francisco Camps había adjudicado obras importantes.

Y, entonces, de sus labios salió el nombre: Ricardo Costa, secretario general del partido en 2008 y 2009, y mano derecha de Francisco Camps.

Cuando el abogado del Estado, Edmundo Bal Francés, que defiende los intereses de la Agencia Tributaria, le preguntó a Correa quién le había indicado a Crespo que tenía que girar las facturas a las empresas, es posible que Correa quisiera dejarle la respuesta a su dilecto colaborador. Pero en la fracción de uno o dos segundos debió recordar que es él quien ha pactado con la Fiscalía.

Y, entonces, de sus labios salió el nombre: Ricardo Costa, secretario general del partido en 2008 y 2009, y mano derecha de Francisco Camps. La primera gran delación del juicio en vivo, aparte de las nueve que han suscrito los constructores.

El pacto de conformidad con los nueve empresarios fue negociado por los fiscales Miriam Segura y Carlos Yáñez. Segura formó junto a Concha Sabadell el tándem que buceó en las profundidades de Gürtel aquel verano de 2008, antes de que la causa pasara a la Audiencia Nacional.

Fueron ellas las que finalmente decidieron en los últimos meses de 2008, con el respaldo del fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, que tocaba judicializar las diligencias preliminares.

Y por ello se ganaron la animadversión de Federico Trillo, el hombre al que Mariano Rajoy encomendó la tarea de coordinar la estrategia para desactivar la causa.

El acuerdo que Segura y Yáñez consiguieron sellar con las empresas forma parte de lo que se llama, en derecho penal, la delación premiada.

Observar en la sala de juicio cómo cada uno de los empresarios se encaminaba al banquillo para examinar los textos de los pactos alcanzados y los ratificaban ante el juez José María Vázquez Honrubia es lo que Trillo llamaría un giro copernicano, el mismo que vaticinó prematuramente en 2010, según el cual Miriam Segura y Concha Sabadell serían apartadas de la investigación.

Lo que se experimentó este martes en la sala de juicio en San Fernando de Henares es, por su magnitud, inédito. Es verdad que la figura del arrepentido y del cooperador con la justicia son figuras ya existentes en el sistema judicial español. Pero nada tan importante como los nueve empresarios que han confesado sus delitos y, por esta vía, han dejado a los dirigentes políticos y al partido beneficiario, el PP, con el culo al aire.

En el caso Palau, hubo intentos de pacto de conformidad, en especial con el extesorero acusado, Daniel Osacar, que la Fiscalía Anticorrupción dejó en agua de borrajas. Pero los ejecutivos imputados de la empresa Ferrovial, es decir, los corruptores nunca colaboraron con la investigación. La sentencia del tribunal de la sección décima de la Audiencia Provincial de Barcelona es dura en sus afirmaciones sobre su conducta, pero estos se han librado de penas por la prescripción de los delitos.

En Estados Unidos esta figura de la delación premiada es la llave que permite confirmar pruebas decisivas durante la investigación –antes de llegar a juicio– y acelera los procedimientos.

Se trata de promover acuerdos entre el imputado/investigado y el fiscal. A cambio de una confesión y/o colaboración con la acción judicial se le ofrecen rebajas de pena u otros beneficios, que pueden llegar, incluso, a la remisión total del castigo.

No son pocos los magistrados de lo penal en España para quienes ha llegado la hora de legislar con mayor detalle un escenario de justicia negociada.

Las primeras sesiones del juicio sobre la financiación del PP de Valencia ya pueden considerarse como un alegato persuasivo a favor de una actualización de las normas para promover con mayor fuerza el mecanismo de la delación premiada en un país en cuyo horizonte se perfila una lista interminable de juicios sobre casos de corrupción.

Los fiscales Miriam Segura y Carlos Alba –el fiscal Yáñez dejó la Fiscalía el pasado mes de noviembre– han entrado al juicio del PP de Valencia, pues, con la batalla ganada, donde un grupo de acusados, al que se ha unido in extremis el cabecilla de la trama Gürtel, aportan las pruebas de cargo de la Fiscalía para obtener una sentencia condenatoria.

Ello no exime, claro, de presentar las pruebas y la hoja de ruta precisa que siguió la presunta financiación ilegal del PP valenciano en los años 2007 y 2008, sistema que ya el extesorero del PP, Luis Bárcenas, calificó como conducta generalizada en su larga confesión del 15 de julio de 2013 ante el juez Pablo Ruz.