El Gobierno bloqueará una investidura que no sea presencial
El Ejecutivo acudirá al Tribunal Constitucional ante cualquier anomalía
El Gobierno sigue con la máxima atención los movimientos de los partidos soberanistas para estar preparado por si tiene que intervenir e impedir acciones fuera de la legalidad. El Gobierno reconoce que su máxima preocupación se centra en la posibilidad de que el cabeza de lista de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, mantenga la intención de ser investido presidente de la Generalitat por vía telemática, sin estar presente en el Parlament. Tampoco sería asumible, según precisas fuentes gubernamentales, que Puigdemont estuviera representado por una persona interpuesta que leyera un discurso en la tribuna en nombre del expresidente.
Cualquier situación anómala que pueda adoptar la Mesa del Parlament será respondida con la presentación por parte del Gobierno central de un recurso de inconstitucionalidad que suspendería la resolución ilegal. En las opciones que baraja el Ejecutivo sobre las decisiones que puedan tomar las fuerzas soberanistas sobresale la de que la Mesa de la Cámara decida con su mayoría que Carles Puigdemont sea elegido por vía telemática. El Gobierno no ve posible que los partidos independentistas pretendan cambiar el Reglamento de la Cámara para propiciar una investidura a distancia ya que las comisiones se constituyen después de que haya Gobierno.
Desde el PP avisan de que estarán preparados para hacer frente a posibles ilegalidades, con cita expresa al PSC y a Ciudadanos en la certeza de que estarán en la misma línea, como señaló ayer el coordinador del PP, Fernando Martínez-Maillo. Este teme que se pretenda “de manera ilegal, burlar las propias leyes catalanas y retorcer el reglamento del Parlamento catalán”. El PP recurrirá “donde haga falta”, señaló Maillo en los pasillos del Congreso en un receso de la comisión territorial que evalúa el funcionamiento del Estado autonómico. La paralización de una eventual ilegalidad se consigue con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central, 50 diputados del Congreso o 50 senadores.
No sirve para el objetivo de paralizar una decisión del Parlamento la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sí se pensó en un momento utilizar este instrumento para anular decisiones del Parlament pero se llegó a la conclusión de que podía ser inconstitucional. Así se eliminó del primer borrador de definición del 155 la facultad del Gobierno central de intervenir sobre decisiones de la cámara autonómica. El gobierno querría, no obstante, que no hubiera situaciones excepcionales y que los partidos soberanistas se pusieran de acuerdo en elegir a uno de sus diputados electos como candidato a la presidencia de la Generalitat. Cualquiera menos sobre los que pesa la orden de detención.
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