Magdalena Álvarez pide excluir del juicio de los ERE la acusación por asociación ilícita del PP

La exministra y exconsejera andaluza de Hacienda Magdalena Álvarez ha reclamado al tribunal que excluya del juicio de los ERE la acusación de asociación ilícita formulada por el PP y aceptada por el juez instructor Álvaro Martín, dado que ha vulnerado los derechos fundamentales de los 22 acusados. Dicho delito —que implicaría una condena de dos años de cárcel en caso de prosperar— solo fue incluido por el Partido Popular como acusación popular, ya que la Fiscalía Anticorrupción acusó por malversación y prevaricación a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados.

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El abogado de Álvarez, Rafael Alcácer, ha tildado la acusación de "sorpresiva", ya que nunca fue mencionada durante la extensa instrucción, y ha expuesto que vulnera los derechos fundamentales de los acusados a conocer sus acusaciones con anterioridad al juicio. “Nadie puede ser acusado en juicio sin haber sido oído por el juez instructor”, ha sintetizado el abogado. A esta petición de la expresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) se ha sumado el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías.

El abogado de Zarrías, Gonzalo Martínez Fresneda, se ha dirigido al tribunal mientras acusaba al PP de “politizar” el juicio con argumentos no jurídicos: “¿Cabe mayor sorpresa y mayor atentado contra el derecho fundamental a conocer la acusación para los procesados que este cambio? Al PP le interesa, pero es un interés extraprocesal porque quiere politizar este juicio, al igual que algunos testigos de ayer [en referencia a la petición de que declare como testigo la presidenta andaluza Susana Díaz y su vicepresidente Manuel Jiménez Barrios]. Esta acusación no tiene ninguna justificación procesal”.

Alcácer ha añadido: “Si no se mencionó [la asociación ilícita] durante las diligencias previas, si no hubo prueba presentada, si no fueron preguntados los acusados ni fueron informados de esta acusación y tampoco en el auto de transformación en procedimiento abreviado, es indudable que el PP no puede incluir dicho delito en su acusación”.

En paralelo, Martínez Fresneda se ha unido a la cuestión previa de ayer del expresidente José Antonio Griñán, que planteó el quebranto del juez ordinario predeterminado por la ley cuando el instructor Álvaro Martín se encargó de la instrucción de la pieza política. Después de la investigación de Mercedes Alaya, que ascendió a la Audiencia de Sevilla en junio de 2015, asumió el caso ERE la juez María Núñez. Seis meses después, esta magistrada acordó con el juez de refuerzo Álvaro Martín que este se encargara de la pieza política. Y este acuerdo del 9 de diciembre de 2015 entre los magistrados y que ambos estimaron “adecuado”, es el que los abogados consideran nulos. “El documento de esta brusca irrupción [del instructor Martín] es inquietante ya que no hubo una causa objetiva”, ha denunciado Martínez Fresneda.

Esta mañana ha finalizado la presentación de las cuestiones previas por parte de las acusaciones y las defensas. Sin embargo, ahora se pronunciarán sobre el planteamiento que realizó Anticorrupción ayer del objeto de lo que se debe enjuiciar, antes de que los jueces se retiren a deliberar y se suspendan las sesiones.