La Audiencia Nacional extradita a 121 chinos detenidos por una estafa telefónica masiva
Los delincuentes decían a sus víctimas que estaban implicadas en delitos y les pedían dinero para arreglar su situación
La Audiencia Nacional ha concedido este viernes la extradición a China de 121 ciudadanos del país asiático que fueron detenidos en 2016 en la conocida como operación Wall —muralla, en inglés— por integrar una trama de estafa telefónica contra ciudadanos residentes en su propio país para sustraerles grandes sumas de dinero.
El auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que aún no es firme, expone que los hechos por los que China reclama a estas personas son constitutivos de delito también en España. Esta primera decisión afecta a 121 ciudadanos del total de 269 que fueron detenidos aquí en la operación policial. Hay estafas de más de 30.000 euros. En sus seis meses en España, la trama timó más de 12 millones de euros a compatriotas chinos, según fuentes jurídicas.
En diciembre de 2016, la Interpol informó a la Audiencia Nacional a través de la policía española de la presencia en España de ciudadanos chinos reclamados por su país porque formaban parte de una organización criminal dedicada a estafar a ciudadanos a través de llamadas telefónicas. La organización, que en España actuaba desde Madrid, Barcelona y Alicante, se ponía en contacto con sus víctimas y les indicaba que estaban implicadas en diversos delitos.
Los miembros de la red fingían ser encargados de bancos y de aduanas de China, empleados de mensajerías de envío urgente, agentes de seguridad pública, fiscales y otros funcionarios judiciales; después les pedían dinero a cambio de arreglar su situación legal. Un joven llegó a suicidarse tras haber entregado a la trama el dinero que tenía guardado para realizar sus estudios.
La Audiencia Nacional comenzó a estudiar la solicitud el pasado mes de septiembre. Durante las vistas, el fiscal Carlos Bautista pidió la extradición de los 269, quienes tras su detención negaron ser conscientes de haber cometido estafa y explicaron en muchos casos que llegaron a España pensando que iban a ejercer de guías turísticos.
El letrado de los acusados expuso que la entrega a China no debía aceptarse porque la petición formulada por el país asiático no estaba sustentada en una resolución judicial. Además, dijo que la documentación aportada para ello era insuficiente y que los detenidos eran de nacionalidad taiwanesa, lo que impediría su entrega a China.
La sala ha rechazado estos argumentos y ha expuesto que Taiwán integra la República Popular de China (aunque cuente con gobierno legislador) y que por tanto no se puede reconocer como Estado; en el auto ha recordado que Taiwán no forma parte de la ONU desde 1978, que solo mantiene relaciones diplomáticas con 23 países y que no tiene relaciones con la Unión Europea. El tribunal ha añadido que la comunidad internacional entiende a Taiwán como vinculada a China y que la independencia no puede hacerse de forma unilateral.
Además, la representación procesal cuestionó que China respetara su derecho a un proceso con todas las garantías y los derechos fundamentales de los detenidos. La sala se ha basado en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ha solicitado a los defensores que acrediten motivos precisos y concretos de las posibles vulneraciones de derechos a las que se arriesgan, algo que no ha sido cumplimentado.
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