El juez del ‘caso Púnica’ avanza la imputación de Tomás Gómez y de dos aforados del PP

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha avanzado este martes la posible imputación en el caso Púnica de Tomás Gómez, exalcalde de Parla y exlíder de los socialistas madrileños, y de dos exregidores del Partido Popular que tienen la condición de aforados. Se trata de Juan Soler, alcalde de Getafe entre 2011 y 2015 y senador, y de Bartolomé González, regidor de Alcalá de Henares entre 1995 y 1999 y entre 2003 y 2012 y que actualmente ocupa un escaño en la Asamblea de Madrid.

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El magistrado rechaza en un auto citar a declarar a los tres políticos como testigos, como le había solicitado el principal imputado de la trama Púnica, el exconsejero madrileño Francisco Granados. “En el estado actual de la investigación no procede la declaración como testigos de quienes en base al resultado de las diligencias en curso pueden ser llamados a declarar como investigados”, sostiene García-Castellón en su resolución.

El juez instructor sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que, en un informe sobre la petición de Granados, señala respecto a la declaración de los tres exalcaldes: “se está investigando en la causa su participación en los hechos, no siendo pertinente su toma de declaración como testigos en aras de garantizar su derecho de defensa si tuviesen que prestar declaración como investigados en otro momento procesal”.

Las posibles imputaciones tienen que ver con los convenios urbanísticos suscritos por los Ayuntamientos de Parla y Getafe, y que supuestamente permitieron favorecer, a cambio de sobornos, a las sociedades del empresario David Marjaliza, que ahora colabora con la investigación. En el caso de Alcalá, los sobornos se centran en los contratos de eficiencia energética de Cofely, filial del gigante energético francés GDF Suez.

Uno de los convenios urbanísticos bajo sospecha –un total de 22 en toda la región- era el de Parla Este. Dos cooperativas controladas por Marjaliza, Pirámide del Sur y Arcos del Sur, se hicieron con las parcelas urbanizables en el municipio por un precio de 8,6 millones de euros. El constructor confesó “haber pagado comisiones” por hacerse con dichos terrenos. En concreto, Marjaliza declaró en noviembre de 2015 que financió con más de 245.000 euros diversos gastos electorales del que ex secretario general del PSOE madrileño Tomás Gómez entre 2007 y 2015. Gómez ha tachado de falsas las acusaciones del constructor.

El pasado noviembre, en una nueva declaración ante el juez, Marjaliza detalló el supuesto pago de 358.000 euros para el amaño de contratos de eficiencia energética en cinco municipios de la Comunidad de Madrid, entre ellos Alcalá de Henares. Marjaliza aseguró que una empresa contactó en 2012 con la trama corrupta en nombre del popular Bartolomé González y reclamó el pago bajo cuerda de 60.000 euros a cambio de la adjudicación a Cofely del contrato, valorado en 14 millones de euros. Finalmente, según Marjaliza, no se llegó a entregar nada.

En el caso de Getafe, Marjaliza aseguró que el directivo de Cofely Pedro García presuntamente hizo dos pagos de 3.000 euros cada uno para hacerse con el contrato de eficiencia energética. En su primera declaración, de 2015, el constructor aseguró que en un primer momento pensó que era para el entonces alcalde del municipio, Juan Soler, pero que más adelante le dijeron que se entregaron a un técnico del ayuntamiento para que se fuera de vacaciones. Soler es actualmente senador por el PP.

El juez García-Castellón ha rechazado en el mismo auto citar a declarar como imputados en la pieza separada de Púnica sobre la financiación ilegal del PP madrileño a la presidenta de la Comunidad de Madrid y del partido, Cristina Cifuentes, y a su antecesora en ambos puestos Esperanza Aguirre, como le había solicitado Francisco Granados. El magistrado tampoco llama a declarar, en la misma condición, al expresidente madrileño Ignacio González y a los exconsejeros Lucía Figar y José Ignacio Echevarría. El juez sigue la senda de la fiscalía, que señala que los datos presentados por Granados para pedir estas imputaciones “no son lo suficientemente sólidos”.