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El 155 no es un artículo, sino dos

Herramienta para convocar las elecciones del 21-D o primer paso de una contrarreforma autonómica

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Un simpatizante de Ciudadanos delante de manifestantes independentistas.

O dicho de otra forma, puede leerse de dos formas distintas e incluso contrapuestas. Para unos, mero instrumento, práctico y sencillo, en manos del Gobierno para desactivar la proclamación de la república catalana el 27 de octubre. Para otros, una intervención inicial del autogobierno catalán y primer paso en la contrarreforma del Estado de las autonomías.

Se lea como se lea, desde hace un mes están suspendidos los dos poderes, ejecutivo y legislativo de la Cataluña autogobernada, pero ninguna competencia se ha visto afectada y la Administración central del Estado apenas ha intervenido en el funcionamiento de la Administración autonómica. Una vez se haya obtenido el efecto que se buscaba con la aplicación, es decir, celebradas las elecciones el 21-D y constituido el Parlament, el 155 dejará de tener efecto.

Es cierto que, aplicado una vez, puede aplicarse tantas como haga falta. El mecanismo de salvaguarda constitucional ante actuaciones inconstitucionales de las autonomías ha quedado desprecintado y su mera existencia como herramienta experimentada es en sí misma disuasoria respecto a futuras vulneraciones de la carta magna. Desde este punto de vista no hay nada que temer del resultado electoral: sea cual sea el color del gobierno que se forme deberá atenerse al respeto del marco constitucional, 155 incluido.

Esta es una versión efímera y suave del 155 que contrasta con la versión dura y larga en la que muchos se habían instalado en sus deseos o en sus temores. Aunque debía terminar con unas elecciones sin fecha, la fuerza del 155 largo estaba en la intervención de la autonomía, para destituir el Gobierno, cerrar o neutralizar el parlamento y purgar la administración, especialmente las finanzas, el sistema escolar y los medios de comunicación públicos.

Si los deseos recentralizadores no se han visto cumplidos, la propaganda independentista se ha encargado de amplificar los temores. De momento los esfuerzos para ofrecer un balance catastrófico, con una administración paralizada y las inversiones congeladas han resultado escasamente creíbles. Hay que entrar en detalles, con frecuencia menores, para fundamentar la idea de que el 155 está produciendo desperfectos irreparables. O hay que empaquetar, como si fuera todo lo mismo, el conjunto de las medidas tomadas frente al proyecto independentismo, como fue la previa intervención de las finanzas de la Generalitat, las actuaciones de la judicatura y de la fiscalía o ahora las decisiones de la junta electoral ante las demandas de neutralidad de las instituciones y los medios públicos.

El objetivo de la intervención aprobada por el Senado a propuesta del Gobierno era terminar con el proceso independentista y hacerlo mediante unas elecciones, de forma que todo lo que contribuyera a ambas cosas entraba dentro de lo previsible e incluso razonable. No lo es, en cambio, aprovechar la circunstancia para devolver a instancias de un juez de primera instancia

las piezas del Museo de Lleida a Sijena. No tan solo no sirve para terminar con el proceso sino que contribuye a alimentarlo y si tiene algo que ver con las elecciones será con las generales, no con las catalanas, en lo que afecta a las expectativas de voto del PP en Aragón.

Las dos versiones del 155 tienen que ver también con las elecciones y los programas, al menos tantos como partidos. En el radicalismo independentista encontramos a quienes rechazan la aplicación del artículo y quieren seguir con la república nonata como si en realidad hubiera nacido. En una cierta prudencia también indepe están los que lo aceptan, ya sea por imperativo legal, como es el caso de los imputados, ya sea por imperativo de realismo político, y aspiran incluso a ganar unas elecciones del 155 aunque las califiquen de ilegítimas.

Ambos grupos exigen el levantamiento del 155 como si alguien hubiera propuesto su aplicación perpetua, pero en realidad lo que hacen es convertirlo en un fetiche, que les sirve para seguir dividiendo el campo de juego según la regla populista al uso. El bloque del 155 o el tripartito del 155 es el espantajo que sirve para mantener la polarización y convertir el 21-D en un nuevo plebiscito: presos o 155, hacer república (que no se sabe que quiere decir) o status quo, Puigdemont o Rajoy.

En el hemisferio no independentista encontramos también matices. En primer lugar, están los comunes, siempre equidistantes entre la DUI y el 155, de los que abominan por igual. Su posición ilumina en realidad el 155, cuya aplicación es resultado directo, casi automático, de la DUI, como la ley de la gravedad con los objetos. ¿Qué otra alternativa mejor, más minimalista e indolora le quedaba a Rajoy? ¿O no debía hacer estrictamente nada una vez proclamada la república?

Hay pocos matices entre PP y C’s, si bien en favor de Arrimadas hay que decir que pidió y obtuvo un 155 breve para convocar elecciones. Iceta no quería el 155, bregó para que Puigdemont convocara elecciones por sí mismo y una vez no fue posible buscó un 155 lo más breve y eficaz posible. PP y C’s están en distintos grados por un 155 que prolongue sus efectos en el tiempo o que produzca una acotación de competencias autonómicas para evitar que vuelva a repetirse una intentona como la que hemos vivido. No hay bloque del 155 pero PP y C’s, con su presión electoral sobre el PSC, también trabajan para que exista, bajo la mirada complaciente e interesada del bloque auténtico, que es el independentista.

El mes de aplicación del 155 nos permite observar cómo la convocatoria electoral ha tenido el efecto de un calmante sobre el agitado clima político que vivía Cataluña. Ha cambiado la agenda política, controlada hasta su aplicación por el Govern independentista, al que ha quitado la iniciativa el Gobierno de Rajoy. La dinámica pre electoral ha obligado al independentismo a compaginar la defensa judicial y política con la preparación de la campaña, dividiendo sus energías y sus fuerzas. Le ha dejado, además, a la intemperie, con la hoja de ruta agotada e invalidada, su programa vaciado y sin propuesta alguna de Gobierno para el futuro. No es todavía el regreso a la normalidad, pero es a lo que más se parece.

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