Las campañas de desinformación, nueva amenaza para la seguridad nacional
El Gobierno incluye la difusión de noticias falsas en la Estrategia que analiza los riesgos para España
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional, el documento que fija los riesgos para la seguridad de España y los medios y medidas para hacerles frente, que hoy aprobará el Consejo de Ministros, incluye por vez primera las “campañas de desinformación” como una de las formas de la llamada guerra híbrida. El documento evita citar a Rusia, aunque los expertos atribuyen al Kremlin las interferencias en las elecciones de Estados Unidos, el Brexit o la crisis catalana.
El Gobierno ha sido extremadamente cauto al evitar atribuir a Moscú la autoría de las noticias falsas que inundaron las redes sociales en los últimos días de septiembre y principios de octubre. Se ha limitado a constatar que un 50% de los perfiles que difundieron estas fake news procedían de servidores alojados en territorio ruso y un 30% se replicaron desde Venezuela.
La Estrategia de Seguridad Nacional 2017, que sustituye a la vigente desde 2013, no entra en detalles, pero aporta un nuevo enfoque al recordar que las “campañas de desinformación” no son un hecho aislado sino que forman parte de una estrategia planificada: la llamada guerra híbrida, que combina desde las fuerzas convencionales hasta la presión económica o los ciberataques. Sin profundizar en este espinoso asunto, el texto alude al triunfo de la posverdad, que intenta movilizar las emociones desdeñando el rigor de los hechos.
Aunque la Estrategia evite citar a Moscú, fue Rusia la que con más éxito aplicó la guerra híbrida con la anexión de Crimea por los hombrecillos de verde en 2014 y también la que ha recurrido a la difusión masiva de noticias falsas para interferir en las elecciones estadounidenses, el referéndum del Brexit o la crisis catalana; mientras que la posverdad tiene en el presidente Trump a su mejor apóstol.
Cataluña y los desafíos a la legalidad
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional no menciona el proyecto secesionista del Gobierno cesado de la Generalitat de Cataluña, a pesar de que este ha constituido el mayor órdago contra la unidad de España en el último medio siglo.
Al menos, el documento no cita expresamente a Cataluña. Sí contiene, sin embargo, una alusión implícita a este problema cuando menciona los “desafíos a la legalidad” como uno de los riesgos para la seguridad nacional y cuando ofrece como tratamiento la “respuesta del Estado de derecho”. Es decir, sin decirlo, los tribunales y el artículo 155 de la Constitución.
Precisamente, la victoria de Trump, el conflicto de Ucrania (con el resurgir de la tensión entre Rusia y la OTAN), el Brexit, el auge y caída del califato del ISIS, la crisis migratoria, el órdago nuclear de Corea del Norte y la extensión de los ciberataques son los principales cambios en el panorama mundial de los últimos cuatro años a los que la Estrategia intenta dar respuesta.
Entre sus objetivos figura la mejora del sistema de gestión de crisis. El Gobierno cuenta con una arquitectura de órganos de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Rajoy. Pero el texto reconoce la necesidad de completarla y mejorar la coordinación. No en vano, el Consejo de Seguridad Nacional no se reunía antes de este viernes desde enero pasado, lo que supone que ha estado ausente de las grandes crisis que han sacudido España este año: los atentados yihadistas de agosto en Barcelona, los primeros en suelo español desde 2004, que dejaron 16 muertos; y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del Parlamento catalán el pasado 27 de octubre.
El segundo gran objetivo que fija la Estrategia es mejorar la cultura de seguridad nacional —es decir, la conciencia en la sociedad española de los riesgos a los que se enfrenta y la necesidad de hacerles frente—, por lo que su aprobación se ha acompañado de un vídeo publicitario (que se puede ver al inicio de este artículo).
Esta es la primera Estrategia que se aprueba tras la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional de 2015. Por eso, ha cambiado el método de aprobación, por real decreto, y de elaboración. Esta última ha corrido a cargo de una Comisión de Alto Nivel, creada en enero pasado, en la que han participado todos los ministerios y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que ha contado con aportaciones de más de 50 expertos, bajo la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Alfonso de Senillosa.
El Gobierno asegura que el documento ha sido consensuado con el PSOE y Ciudadanos. Fuentes socialistas admiten que hicieron sugerencias a un borrador, aunque ignoran cómo ha quedado el texto definitivo.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, anunció el jueves por la noche, en un foro organizado por La Razón, que propondrá a la Comisión de Defensa del Congreso la creación de un grupo de trabajo con diputados y editores de los principales medios de comunicación para estudiar una amenaza que "afecta de lleno a los intereses nacionales" de España y sobre la que llamó a estar "muy vigilantes para que no se repita durante la campaña" de las elecciones catalanas del 21D.
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