Caso La Manada: Los actores secundarios de un juicio en diferido

El juicio a La Manada, como se autodenominaban los cinco supuestos violadores de una chica de 18 años en los Sanfermines de 2016, ha tenido una amplia trastienda. Pese a desarrollarse a puerta cerrada, ha sido retransmitido en diferido día a día hasta que este martes quedó visto para sentencia. Los focos y las cámaras han atraído a unos y espantado a otros. Expertos e inexpertos en causas de agresión sexual han nutrido un procedimiento por el que han pasado más de 60 testigos.

El instructor. Edilberto Esteban fue el primer magistrado que escuchó a la víctima. Lo hizo el 8 de julio, solo un día después de la supuesta violación. Sobre su investigación gira toda la causa y fue quien decidió enviar a los acusados a prisión, tras negarse a declarar, y quien calificó los hechos de "violación múltiple". En su auto subrayó que el relato de la víctima fue "muy claro en cuanto a la mecánica utilizada" por La Manada e insistió en que la "obligaron a entrar y a realizarle felaciones" antes de penetrarla. La defensa lo ha criticado mucho por no permitir que el vídeo grabado saliera de su despacho y dificultar así la labor de los peritos.

El ponente. La redacción de la sentencia queda en manos de José Francisco Cobo Sáenz, presidente de la sala segunda de la Audiencia y ponente. Un magistrado experimentado, propuesto en 2008 por el Parlamento navarro —avalado por los socialistas— para ocupar una plaza del Constitucional. Un profesional "riguroso", según fuentes jurídicas, que en 2003 ya se enfrentó a un trascendente caso de violencia machista, el asesinato de Alicia Arístegui. Cobo condenó al agresor a 22 años, describió el crimen como una "barbarie" y destacó la "frialdad" del acusado

Una mujer en el tribunal. Raquel Fernandino es la única mujer de la sala. Aterrizó en la Audiencia en 2015, tras pasar una década en un juzgado de instrucción de Madrid, donde abordó causas mediáticas: imputó a Google por recoger datos privados con sus coches de Street View; rechazó dos querellas contra Juan Carlos Monedero (Podemos) por supuesto fraude fiscal; y aparcó durante meses una investigación contra Miguel Blesa por los sobresueldos irregulares en Caja Madrid.

El tercer mazo. Ricardo Javier González completa la terna de magistrados. Ejerció como juez en Bilbao antes de desembarcar en 2001 en la Audiencia, donde ha sido ponente en múltiples juicios de violencia sexual. También presidió la junta electoral provincial de Navarra en las elecciones generales de 2015.

La contundente fiscal. La voz de Elena Sarasate, de 53 años, traspasó esta semana las paredes de la sala de vistas. Apenas varió su rotundo escrito de acusación contra La Manada y usó su turno de conclusiones para mostrarse implacable. Dijo que violaron a la víctima en un clima de "violencia e intimidación". Ejerció como fiscal de menores hasta 2015 y ha impulsado varios casos de agresiones sexuales, como asaltos a prostitutas.

El abogado mediático. Agustín Martínez Becerra decidió que su estrategia de defensa de tres de los cinco acusados pasaría por los platós. "Le he dicho a mi mujer que tenga dos micrófonos listos para mañana. No sé qué voy a hacer ahora, cuando llegue al juzgado y no me mire nadie", ha reconocido este miércoles, mientras viajaba de regreso a Sevilla. Ha llamado "imbéciles", "cerdos" y "lerdos" —entre otras lindezas— a sus defendidos, "pero no son violadores". En eso basó su defensa. De él se ha dicho que es "deleznable" y "vergonzoso" por no tener reparo en interpretar la actitud de la víctima, aludiendo a su manera de sentarse, relacionarse, a sus gustos… con tal de cuestionarla. Tampoco se ha cortado al calificar el juicio de "político": "Quiénes mejor que mis clientes para dar un escarmiento y limpiar la imagen sexista de una fiesta nacional como los Sanfermines". Se define como "feminista" y "de izquierdas. Con sus compañeros de defensa, Jesús Pérez y Juan Canales, mantiene tensas relaciones. Entretanto, le ha dado tiempo hasta de crear una empresa, Lucky Star Emporium 77, de "servicios educativos, ocio y entretenimiento".

El cauto. Jesús Pérez es el abogado del acusado guardia civil (suspendido por el instituto armado). Reconoce que nunca antes ha llevado una causa de agresión sexual. Trató de eximir a su defendido argumentando que solo había grabado los hechos y entregado su móvil como prueba. Optó por un perfil muy bajo, consciente de que "el juicio público ya estaba hecho". Ahora ha amagado con pedir la nulidad del procedimiento por una vulneración de la presunción de inocencia: "Todos los informes parten de una premisa falsa: que hubo agresión sexual. Por tanto, están viciados".

El discreto. También de Sevilla y sin experiencia en este tipo de casos, Juan Canales defiende al militar (igualmente suspendido). Solo pasó a un primer plano por aportar el informe de un detective que investigó a la víctima. Ante el revuelo generado, lo retiró. 

El asistente. José Javier Echeverría, exconcejal de IU en Al ayuntamiento de Pamplona, abogado de oficio tardío y adscrito al Servicio de Atención a la Mujer, ha acabado llevándole la cartera a Martínez Becerra. Se conocieron en un plató de televisión. "Había seguido el caso muy de cerca, estaba convencido de la inocencia de los acusados y cuando me enteré de que el juicio iba a celebrarse a puerta cerrada le propuse a Agustín ser su asistente". Todos los medios le esperaban en los recesos de la vista.

Un abogado 'muy cercano'. Carlos Bacaicoa es el letrado de la víctima. Le tocó en el turno de oficio. Se da la funesta casualidad de que vive en el mismo bloque en el que se produjeron los hechos, en la calle Paulino Caballero, 5. Ha hablado lo justo, convencido de que "el juicio está ganado". Buscó las cámaras solo para decir que el vídeo de 96 segundos convertido en la principal prueba de cargo era "repugnante".

Los ojos de la Administración. Victor Sarasa es el abogado penalista del Ayuntamiento de Pamplona. Ya fue acusación particular en el procedimiento contra el médico que asesinó a la enfermera Nagore Laffage en los sanfermines de 2008. Le condenaron a 12 años y medio de cárcel. Salió a los nueve. Su compañero Ildefonso Sebastián es el letrado del Gobierno navarro, y su presencia responde a la intención del Ejecutivo de personarse en todos los procesos judiciales por agresiones sexuales.