“Sé que mi expareja me sigue buscando para matarme”

Miriam Moraleda tiene 46 años, y desde hace diez, cuando su expareja la apuñaló en el vientre, ha sufrido ataques de epilepsia cerebral, ha pasado más de 30 meses recuperándose de los 50 centímetros que su intestino perdió por la cuchillada, se ha mudado más de 10 veces de domicilio y en otras tantas ocasiones ha cambiado de móvil. "En cuanto creo que me puede encontrar, dejo mi vida. Me consta, porque me lo han dicho conocidos, que me sigue buscando para matarme", cuenta Moraleda, que tiene dos niños y que vive una pesadilla mayor desde que su agresor salió de la prisión de Navalcarnero en julio de 2015.

Ella es una de las 528.272 mujeres protegidas por la policía desde 2007 por riesgo de agresión machista. Como Moraleda, otras 55.318 víctimas de violencia de género conviven hoy bajo seguimiento de los cuerpos de seguridad del Estado —esta estadística no incluye los casos que son competencia de la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra— por riesgo de ser agredidas por sus exparejas, según los datos del pasado octubre del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema Viogén). De esa cifra, el Ministerio del Interior desgrana que 185 mujeres están en peligro "alto" o "extremo", lo que les obliga a vivir día y noche con un GPS a su lado. Moraleda tiene dos, uno de la Cruz Roja y otro de la policía local, porque su riesgo es alto. “Vivir así no es fácil”, se queja Moraleda, que ha tenido que trabajar de varias cosas diferentes cada vez que se ha mudado por miedo a que su expareja la encontrase.

Su agresor, con el que había convivido nueve años, fue condenado en 2009 por la Audiencia de Toledo por asesinato en grado de tentativa a ocho años de cárcel y a pagar 8.400 euros por la lesión que le causó. Moraleda todavía no ha visto ni rastro de ese dinero, pero del Estado obtuvo una ayuda de 420 euros al mes durante los tres años en los que se recuperó del intestino. El resto lo hizo sola: criar a sus hijos —entonces tenían diez y cuatro años—, recorrer media España en busca de un nuevo comienzo, alquilar vivienda tras vivienda e intentar superar "la pesadilla de su vida”.

Macarena García se ha sincerado muchas veces con Miriam Moraleda. Son amigas desde que la fatalidad las hizo coincidir en la Fundación Ana Bella, que ayuda a mujeres maltratadas. García echa una mano a otras víctimas. Les cuenta los 23 años de maltrato que sufrió, desde que se casó con 22 hasta que a los 45 decidió denunciar. Les habla del miedo y del arrojo y la determinación que sintió para llamar a la policía el día que su exmarido, además de golpearla, le puso la mano encima a su hijo. “Di el paso porque vi en peligro también a mis hijos y eso no lo podía consentir”, resume esta mujer de 48 años.

En los bolsos de García, que como otras 4.565 mujeres en España sufre riesgo medio, hay siempre un teléfono de socorro con GPS. Cuando lo necesita llama a la Guardia Civil, en ocasiones a los mismos agentes que una vez al mes charlan con ella para saber si todo va bien. Desde que en marzo de 2016 un juzgado condenó a su exmarido por violencia machista, alguna vez han vuelto los problemas: “La mayoría de las amenazas me han llegado por hablar con la prensa, por contar mi historia. Como no se puede poner en contacto conmigo, le envía correos a mi hijo. Toma represalias contra las personas que quiero, es su forma de hacerme daño, pero le he vuelto a denunciar”.

García, a diferencia de Maroleda, sigue viviendo en la misma casa y en su ciudad, Sevilla. Dice que es cauta y que procura estar atenta, porque su expareja ya le ha quitado bastantes cosas: “He perdido mucha vida en esos 23 años, y no quiero seguir perdiendo”. 

Ana, que tiene 25 años, también denunció a su expareja por violencia machista —malos tratos psicológicos y físicos diarios, acoso y persecución— tras 24 meses de relación. Ella, como García, es riesgo "medio". La Guardia Civil va a visitarla cada mes a su domicilio y la telefonea una semana sí y otra también para saber qué tal está. "Le acabo de decir a los policías que últimamente pasea [su agresor] cerca de mi casa, que me ve y no se marcha, y van a ir a visitarlo para darle un aviso", cuenta Ana minutos después de que los agentes abandonen su casa de un pequeño pueblo del interior de Galicia. Hace más de un año se mudó a una ciudad para estudiar un máster, pero esta semana está de vacaciones en el pueblo. "Decidí dejarlo porque había tocado fondo: ya no era capaz de pensar por mí, no tenía ilusión. Hablé con mi madre y buscamos ayuda en una psicóloga especialista en malos tratos", relata.

La denuncia que puso contra su pareja llegó después, tras cambiar de móvil, cortar todo tipo de comunicación con él y comenzar a recibir amenazas de muerte y persecuciones por una aldea que no llega a los 6.000 habitantes. "Desde que denuncié ya no puede acosarme tanto porque a la mínima llamo a la policía y se lo llevan", dice Ana, que durante dos años no pudo llevar falda —"me decía que me vestía como una puta para que me mirasen"— ni tener cuenta en Facebook e Instagram porque su expareja lo quería controlar todo.

En la Navidad pasada, cuando también regresó a su pueblo, su agresor cruzó el coche delante del suyo para impedirle el paso y le sostuvo la mirada durante minutos, pero Ana, que todavía está esperando a que se celebre el juicio, está convencida de que desde ese episodio ha ido poco a poco a mejor: "Antes lloraba todos los días y no me gustaba estar con nadie; ahora vuelvo a tener ganas de vivir".