El PSOE pide investigar cómo responden los jueces a los delitos de agresiones y acoso sexual
1,5 millones de mujeres aseguran haber sufrido violencia sexual en España, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015
Las agresiones y el acoso sexual a las mujeres han irrumpido violentamente en la actualidad con la sombra del caso del productor de cine Harvey Weinstein en Estados Unidos o el escándalo y la toma de conciencia en el Parlamento británico. En España, casi un millón y medio de mujeres aseguran haber sufrido violencia sexual fuera del ámbito de su pareja o expareja en algún momento de su vida. Son el 7,2% de las residentes en España, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015 que elabora el Gobierno, la última disponible. Más de 622.000 sufrieron esa violencia antes de cumplir los 15 años. ¿Qué ocurre con ellas? El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con una batería de medidas que persiguen limitar el silencio o la impunidad que puede rodear este tipo de delitos y conocer el alcance de las penas con las que son castigados.
España está entre los países en los que la violencia de la mujer “forma parte de los ámbitos de intervención de políticas públicas”, destaca el texto de la iniciativa, pero “es evidente que las necesidades y los derechos de las víctimas de agresiones sexuales no se abordan de manera integral”.
Una de las medidas propuesta contempla elaborar con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y organizaciones de juristas “una investigación sobre la respuesta de la administración de justicia” ante los delitos relacionados con violaciones, acoso sexual en el trabajo y otras agresiones sexuales. “Ha llegado el momento de poner en el primer nivel de la agenda política este asunto”, explica la diputada Ángeles Álvarez (PSOE). “Medirlo nos va a permitir saber en qué sentido se están pronunciando los tribunales y qué instrumentos hacen falta”, añade.
También proponen acordar con el CGPJ una ampliación de la información judicial que ofrece su observatorio —que elabora informes trimestrales y un trabajo anual— para incorporar el número de denuncias, el sentido de las sentencias y otros indicadores de interés relacionados con la violencia sexual.
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