La fiscalía desmonta la coartada de Ana Mato e insiste en que se lucró con Gürtel
El ministerio público sostiene que la exministra de Sanidad compartía gastos con su exesposo, el acusado Jesús Sepúlveda
La fiscal anticorrupción Concepción Sabadell ha desmontado este miércoles los argumentos de defensa de la exministra de Sanidad Ana Mato y ha insistido en que se benefició de regalos en forma de vehículos, viajes y celebraciones familiares por valor de 28.467 euros que pagaron las empresas de la trama Gürtel a su exesposo, Jesús Sepúlveda, antiguo alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid). En el juicio del caso Gürtel, que encara su recta final, Mato está considerada partícipe a título lucrativo, es decir, que se benefició de fondos de procedencia ilícita sin ser consciente de su origen presuntamente delictivo.
“En el caso de Ana Mato, ha quedado acreditado en este juicio que se benefició de fondos delictivos obtenidos por Jesús Sepúlveda”, ha manifestado la fiscal Sabadell. La representante del ministerio público ha rechazado la idea lanzada por Mato en su declaración de que el matrimonio llevaba una división estricta de los gastos familiares. “Eso ha quedado desacreditado”, ha dicho la fiscal.
Respecto al Range Rover de renting que la trama Gürtel puso a nombre de Sepúlveda, la fiscal ha recordado que, pese a lo que manifestó la exministra de que lo pagaba su exmarido, “en la causa consta que se paga contra una cuenta de titularidad de ambos, no de titularidad exclusiva del señor Sepúlveda”. Además, a esa cuenta conjunta se cargaban numerosos gastos domésticos y familiares, ha insistido la fiscal.
Sobre las celebraciones familiares supuestamente pagadas por la red de empresas de Francisco Correa al matrimonio, la fiscal considera que ha quedado rebatida la tesis de Mato de que las fiestas de cumpleaños de los hijos del matrimonio los “organiza, contrata y paga” Sepúlveda, de modo que en esta división de pagos, “los globos le corresponden a él, y que ella se ocupaba de la merienda que daba en casa y que pagaba ella”. En el sumario constan documentos que demuestran que la persona de contacto de las empresas que organizan los cumpleaños era Ana Mato y que las celebraciones eran en su casa.
Lo mismo sucede con el pago de la comida de la comunión de uno de los hijos del matrimonio en 2005. En el juicio, ha recordado la fiscal, Mato dijo que era una comida y que la tenía que pagar ella, pero la factura la tiene Sepúlveda”. Además, el exalcalde de Pozuelo manifestó en el juicio y expuso en su escrito de defensa que este gasto lo soportó el matrimonio.
La fiscal rebate también la versión de Mato de que ella, y no la Gürtel, se pagaba sus viajes personales. Sabadell ha recordado que un empleado de Pasadena, la agencia de viajes de Correa, llevaba los desplazamientos y estancias del matrimonio en una cuenta conjunta. “Cuando llamaba Ana Mato era como si llamara Sepúlveda, no había ninguna diferencia entre viajes profesionales y personales”, ha afirmado la fiscal.
"Un daño a la confianza de los ciudadanos"
La fiscal Concepción Sabadell ha cerrado este miércoles su alegato final en el juicio del caso Gürtel, que ha durado unas 12 horas, pidiendo una sentencia condenatoria contra los 37 acusados que se sientan en el banquillo. Se trata, ha concluido, de unos hechos “de extrema gravedad”, no solo por el perjuicio a los fondos públicos, sino porque los modos de la red corrupta “se extendieron y enraizaron como un modo ordinario de contratación pública”.
La trama se implantó, ha afirmado Sabadell, “durante un largo periodo de tiempo y en distintas administraciones gobernadas por el PP”. En ellas, ha recordado “las autoridades y cargos públicos aceptaron sobornos para enriquecerse con cargo a los fondos públicos que tenían obligación de conservar, de proteger y de salvaguardar”.
“Estos mecanismos viciados de toma de decisiones en los procedimientos de contratación pública se consolidaran como un problema estructural con graves repercusiones en la confianza de los ciudadanos en la administración”, ha señalado Sabadell. “Con su reiterada violación de los principios de equidad, integridad, responsabilidad e igualdad ante la ley en la atribución de los contratos públicos, los acusados atentaron contra el Estado de Derecho y su actuación resultará de muy costosa reparación social”, se ha lamentado.
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