La fiscalía concluye que Correa creó un “sistema duradero” de sobornos a cargos del PP

El ministerio público expone su informe final en el juicio del caso Gürtel

El extesorero del PP Luis Bárcenas en la comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular.Foto: atlas | Vídeo: Álvaro García | ATLAS

Francisco Correa, cerebro confeso de la trama Gürtel de corrupción, puso en marcha un “sistema” de intermediación entre cargos públicos del PP y empresarios para obtener contratos a cambio de comisiones de entre el 3% y el 4%. “No es un hecho aislado, ni puntual, sino que se trata de la actividad duradera de una organización constituida para delinquir, el Grupo Correa, para obtener contratos públicos a cambio de sobornos a funcionarios y cargos públicos del PP”, ha señalado la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell en la introducción de su informe final del juicio del caso Gürtel.

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La fiscal Sabadell, en su alegato de conclusiones, ha señalado que la actividad de las empresas de Correa entre 1999 y 2005 iba dirigida a “enriquecer a sus integrantes y quedarse con fondos públicos quebrando el sistema público de contratación”. Según sus conclusiones, las sociedades del cerebro de la red corrupta obtuvieron contratos por valor de 8 millones de euros y las autoridades que los otorgaron percibieron cohechos por un millón de euros a través de una caja b y una tesorería oculta creada por el grupo de Correa a tal efecto.

Este “sistema” pudo ponerse en pie gracias al “abuso de las funciones públicas” de los acusados, como los exalcaldes de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, y Majadahonda, Guillermo Ortega, el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, o el extesorero del PP Luis Bárcenas. Según el relato final de la fiscal, con estos sobornos “se eliminó el trato justo y equitativo que merecían otras empresas” competidoras de Correa y “se anuló toda capacidad de competencia real”. Se trata, concluye Sabadell, de “un sistema que perjudicó gravemente al interés general esquilmando las arcas públicas”.

En el caso del Ayuntamiento de Majadahonda, la fiscal ha señalado que "se usó la contratación pública para enriquecer" a los miembros de la trama "y para financiar a un partido político, para ahorrarle costes al PP". En esos contratos "se pone un sobreprecio del que no se beneficia al Ayuntamiento, sino a los propios acusados y al PP".

Tras la introducción general, la fiscal ha rechazado una por una las peticiones de nulidad de la causa planteadas por la defensa de los 37 acusados. Para empezar, ha recordado la validez de las grabaciones subrepticias efectuadas “de forma independiente” por el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, y que sirvieron para apuntalar la investigación del caso Gürtel en su etapa inicial. “No hubo ni requerimiento, ni dirección, ni cooperación ni consentimiento por parte de la fiscalía ni de la policía” para que Peñas grabara por su cuenta a Correa, ha afirmado Sabadell.

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También ha desechado la posibilidad de que las grabaciones ilegales efectuadas en prisión a los principales acusados y a sus abogados, y retiradas de la causa, contaminen el proceso entero. “Existe una abrumadora prueba que no deriva de las grabaciones obtenidas en prisión, las conversaciones en modo alguno han viciado este procedimiento”, ha afirmado Sabadell. El primer juez instructor de la causa, Baltasar Garzón, fue condenado por prevaricación e inhabilitado por el Tribunal Supremo por autorizar estas grabaciones que vulneraron el derecho de defensa de los imputados.

La fiscal también ha recordado la validez del uso de la documentación aportada por las autoridades suizas para apuntalar la acusación por delito fiscal contra el extesorero del PP Luis Bárcenas. Este se enfrenta a una petición de 39 años de prisión, entre otros motivos, por supuestamente ocultar al fisco en cuentas en Suiza más de 11 millones de euros.

Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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