Se acabó el debate jurídico, entra en escena la política

El 155 ya no es esa cifra mágica sobre la que han opinado constitucionalistas, políticos y opinadores. Se acabó discutir sobre su alcance o sobre sus posibilidades. El presidente del Gobierno ha definido por fin su contenido, sus límites y su propósito. Ya no están en primera línea los jueces y los fiscales para frenar al secesionismo. Ahora es el turno de la política. Porque el artículo de coerción constitucional que Rajoy ha anunciado es una herramienta política. Es el mecanismo de autodefensa de La Ley Fundamental que los constituyentes diseñaron para un futuro que nunca pensaron llegaría pero siempre intuyeron que podía llegar. Como un salvavidas, su diseño fue simple y amplio para permitir que fuera útil.

El objetivo último, que no se olvide, es rescatar a la Constitución, al Estatut de Cataluña y a las instituciones de su autogobierno del intento de quebrantarlas unilateralmente. Y para lograr esa tarea, ya no valen negociaciones ni puentes de plata. Por eso el anuncio de Rajoy ha sido contundente y con efectos prácticos e inmediatos, en cuanto el Senado apruebe el texto.

Se cesará a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras y a todos los consejeros de la Generalitat. Ya no son parte de la solución. Se acabó su tiempo. Se han convertido en el problema fundamental, y deben desaparecer de escena.

Se preservará la administración de la Generalitat como administración ordinaria en Cataluña, pero bajo las órdenes de los ministros y del Gobierno central. La estructura, las instituciones y la arquitectura administrativa de Cataluña se preservan, pero serán controladas hasta que vuelvan a funcionar de acuerdo a la legalidad. Aquellos miles de funcionarios que han vivido bajo tensión durante los últimos meses respirarán tranquilos.

El Parlament y sus diputados seguirán en activo. Cualquier cámara parlamentaria es sagrada en una democracia. Pero no para volver a una senda montaraz. Su presidenta, Carme Forcadell, perderá aquellas prerrogativas que le hubieran permitido subvertir la legalidad que se pretende restaurar. No podrá proponer a un candidato a la presidencia de la Generalitat o impulsar un debate de investidura. Y los diputados no podrán seguir aprobando leyes inconstitucionales alegremente: el Gobierno dispondrá de capacidad de veto para frenar iniciativas sediciosas.

Y finalmente, Rajoy se reserva el derecho a disolver el Parlament y convocar elecciones. Su voluntad, ha dicho, es que sean cuanto antes, en un plazo máximo de seis meses.

Todo esto es una decisión política. La más importante que ha adoptado Rajoy en toda su trayectoria. En el último momento, quizá incluso a regañadientes. Pero finalmente lo ha hecho. En sus manos está ahora la responsabilidad de que esa decisión se desarrolle del modo más prudente e inteligente posible. Pero al menos, ya se ha respondido al desafío. Se acabó el limbo. Se acabaron los debates jurídicos. Ha llegado la hora de actuar. "Algunos nacen grandes, otros se hacen grandes con el tiempo", decía el bardo, "y los hay a los que la grandeza les cae encima".