Interior relevará a la cúpula de la seguridad catalana si se aplica el 155

Mientras se cumple el último plazo dado por el Gobierno al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el próximo 19 de octubre a las 10.00, un equipo multidisciplinar prepara con absoluta discreción la aplicación gradual del artículo 155 de la Constitución. “Inicialmente está previsto un grado leve de aplicación”, señala un alto mando de la Guardia Civil. Este comité técnico está compuesto por políticos, responsables de las fuerzas de seguridad y juristas, según fuentes de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El Ministerio del Interior tiene previstas una serie de medidas en caso de que finalmente la respuesta que dé el president conlleve la intervención temporal de la autonomía. “Las competencias que se incluyan en la aplicación del 155 tienen que detallarse”, advierten las fuentes consultadas. “Una de ellas, con toda probabilidad, serán los temas de seguridad”, reconocen. Y señalan: “Lo lógico sería que el consejero del Interior, Joaquim Forn, dejara de tener competencias, que debería asumir la Secretaría de Estado de Seguridad de Interior”. Otras fuentes apuntan a que las asuma el delegado del Gobierno de la Generalitat, Enric Millo.

Sin embargo, las relaciones entre Millo y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se vieron deterioradas después de que el delegado pidiera disculpas en TV3 por la actuación de la Policía y la Guardia Civil durante la celebración en Cataluña el 1 de octubre del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Zoido se vio obligado a corregir a Millo y viajó dos veces consecutivas a Cataluña para apoyar a los cuerpos de seguridad del Estado y defender su actuación.

A la previsible sustitución del consejero del Interior, le seguirían —según las mismas fuentes— la del director de la policía autonómica, Pere Soler, y la del jefe del Mossos, Josep Lluís Trapero, que ayer quedó en libertad con medidas cautelares imputado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de sedición. Su sustituto deberá mandar sobre más de 14.000 agentes aparentemente divididos políticamente.

Desconfianza mutua

En principio, también será sustituido el director general de Protección Civil, Joan Delort. Se ha estudiado la opción de la ratificación de los puestos, pero dada la desconfianza expresa entre el Gobierno español y el de la Generalitat, todo indica que se sucederán los nombramientos de otros responsables, lo que cambiará la jerarquía de mandos en el departamento de Interior catalán.

“No cambiará la distribución de competencias entre los distintos cuerpos”, señalan en el Ministerio del Interior. “Donde actúen como policía judicial los Mossos seguirían igual, del mismo modo que ocurrirá con el resto de las competencias que tengan en materia de orden público, por ejemplo”. Sin embargo, en los asuntos de la policía judicial son los jueces y fiscales los que tienen la palabra y “está habiendo un cambio importante en las investigaciones porque se están derivando a otros cuerpos; hace ya tiempo que no les dan asuntos a los Mossos”, señalan otras fuentes de Interior.

El orden público se mantiene como la principal responsabilidad de los Mossos d’Esquadra. Y se pondrá a prueba en días venideros a la luz de las noticias sobre los denominados comités de defensa de la república (antes, del referéndum), los CDR. Los activistas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, cuyos líderes también están imputados por sedición, y de otros colectivos de anticapitalistas ligados a la CUP, preparan movilizaciones para hacer valer los resultados de la consulta del 1-O y presionar para que se proclame la independencia de Cataluña.

“La función básica de los Mossos es que esas personas no tomen la calle. Según el acuerdo al que se llegó en su día, deben garantizar el orden público”, señalan en Interior. “Si no intervienen ante una alteración del orden público en una propiedad del Estado, lo harán automáticamente la Policía Nacional o la Guardia Civil”. Los cerca de 6.000 agentes desplazados a Cataluña como refuerzo siguen allí, repartidos entre barcos y hoteles, “a la espera”.

“Si cuando se asuman las competencias en el ámbito de Interior los Mossos no cumplieran las órdenes de la nueva jerarquía de mandos, se les tratará como a cualquier guardia o policía que desobedece una orden: se abrirá un expediente reservado, se comprobarán los datos, se contrastarán y, en caso afirmativo, se realizará un expediente sancionador que puede ir desde la pérdida de la condición de funcionario hasta cualquier sanción disciplinaria”.

Todas las fuentes consultadas, políticas y de seguridad del Estado, coinciden en que el Gobierno no ha mostrado entusiasmo en la aplicación del artículo 155 “porque nadie sabe muy bien como llevarla a cabo: el desarrollo que hay es ninguno y no hay normas de apoyo”, afirman. La clave ahora es que sirva para volver a la normalidad.