La semana en la que todo basculó

El pasado lunes, sobre las nueve y media de la noche, Artur Mas salió discretamente del Palau de la Generalitat. No lo hizo por la puerta principal, como cuando era president, sino por la lateral, la de la Casa dels Canonges. Acababa de reunirse con el actual inquilino de la institución, Carles Puigdemont, y su aspecto denotaba la gravedad del momento. Fuera, con los móviles timbrando por las alertas sobre fugas de empresas catalanas, todo el mundo se preguntaba si el presidente declararía la independencia al día siguiente. Mas tenía información de primera mano, pero se fue con una sonrisa pícara y evitando a los escasos periodistas que quedaban allí.

La situación de impase que vive el independentismo catalán no se entiende sin saber lo ocurrido ese lunes 9, cuando Carles Puigdemont comenzó a escuchar incesantes cantos de sirena de uno y otro lado para condicionar la decisión más importante que había de tomar en su vida y que anunciaría en el pleno del día siguiente, el del 10 de octubre: si declaraba o no la independencia de Cataluña.

Artur Mas, sucesor del viejo patriarca Jordi Pujol, nunca se dio por retirado de la vida política ni oculta su deseo de ser el presidente de una futura república catalana, lo que explica que ese lunes participara en un almuerzo en el Palau de la Generalitat con Puigdemont y Marta Pascal, la coordinadora general del PDeCAT. También estuvieron, con la normalidad con la que habitualmente se mueven por el Palau, los dirigentes de las organizaciones privadas Asamblea Nacional Catalana (Jordi Sànchez) y Òmnium (Jordi Cuixart), acusados de sedición y principales movilizadores de la gente en la calle. Allí se debía pactar la declaración de independencia y las líneas principales de la intervención de Puigdemont, que se mostró decidido.

Después del almuerzo, durante la tarde, continuaron las reuniones y, según se sucedían, las familias del independentismo estaban más convencidas de que se proclamaría la secesión de Cataluña. Habían pactado la redacción del contenido y, pasadas las siete de la tarde, la ANC comenzó a invitar a salir a la calle al día siguiente para vivir el inicio de la república catalana. Los Mossos d’Esquadra decidieron cerrar el parque de la Ciutadella, donde está el Parlament, ante la instalación de dos pantallas gigantes de televisión en el paseo de Lluís Companys.

Mientras, en Madrid, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había presidido la reunión del comité de dirección del PP a sabiendas de que el ala más conservadora del partido estaba inquieta por la celebración del referéndum y la inacción contra Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de impulsores del desafío independentista. Ante sus colaboradores, Rajoy garantizó “mano firme” y suavizó las tensiones al comprometerse a “tomar las medidas necesarias” para impedir la independencia.

A las diez de la mañana del martes, ocho horas antes de que comenzara el pleno en el que se preveía la proclamación de la independencia, Puigdemont reunió a los miembros de su Govern y exteriorizó las dudas que habían comenzado a aturdirle, apenas horas después de mostrar su convencimiento sobre la declaración de independencia. Días antes, el Banco Sabadell y La Caixa habían anunciado la decisión de fijar su domicilio social fuera de Cataluña y un sinfín de empresas alegaban inseguridad jurídica para trasladarse a otros territorios. Entre los suyos, aumentaban las voces que le llamaban a frenar la declaración unilateral. Puigdemont decidió consultar, pedir consejo.

El debate en el Consejo de Ministros sobre cómo modular el 155 fue intensa

Preguntó a los consejeros de su Gobierno si apoyaban la declaración de independencia u optaban por declarar la secesión y suspenderla de forma inmediata con el argumento de intentar una mediación internacional. Y encontró el cobijo que buscaba. Según las fuentes consultadas, todos votaron por esta última vía excepto la titular de Enseñanza, Clara Ponsatí, partidaria de la independencia unilateral. Oriol Junqueras se abstuvo, poniéndose de perfil en un momento decisivo.

Puigdemont salió de la reunión teniendo claro qué hacer.

El mensaje de Tusk

Mientras, en Estrasburgo, el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, abandonó la ambigüedad de los últimos meses: “Hace días pedí al presidente español, Mariano Rajoy, que solucione el problema con diálogo, sin recurrir a la fuerza: la fuerza de los argumentos es siempre mejor que el argumento de la fuerza”, dijo. “Hoy el mensaje es para el señor Puigdemont. Respete el orden constitucional y no anuncie una decisión que imposibilitaría el diálogo”.

Las cargas policiales alteraron las conversaciones entre PP y PSOE

El mensaje europeo fortaleció la idea de Puigdemont de no seguir adelante con una declaración que no tuviera marcha atrás. Pero el president no contaba con la respuesta de sus socios parlamentarios de la CUP, con los que el día anterior había pactado una declaración unilateral y sin suspensión. Hasta después de comer, los anticapitalistas no se enteraron de sus intenciones.

El president llegó al Parlament poco después de las cinco de la tarde en un ambiente de extrema expectación. Se reunió con, al menos, dos de los parlamentarios de la CUP, Carles Riera y Benet Salellas.

A las 18.00, con más de mil periodistas acreditados, todos los diputados de la oposición ocuparon sus escaños. Pero medio hemiciclo permanecía vacío. Dentro de un despacho, los miembros de la CUP mostraban su indignación por el quiebro de Puigdemont, que minutos antes les había entregado una copia de su intervención. Nada que ver con lo pactado.

Junts pel Sí pidió entonces a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, que aplazara una hora el inicio de la sesión, pero el reglamento no lo permite, lo que obligó al propio president a pedirlo por escrito.

En esos 60 minutos, Puigdemont consiguió convencer a la CUP.

Poco después de las siete se inició el pleno. Puigdemont leyó su intervención, en la que anunció que asumía el mandato del referéndum del 1 de octubre para a continuación pedir que se suspendieran los efectos de la declaración de independencia. Los diputados de la CUP le recordaron que eso no era lo pactado, le reprocharon haberse enterado una hora antes de lo que iba a pasar y escenificaron su enfado no aplaudiendo lo que se había previsto como una declaración histórica. Arran, organización juvenil ligada a la CUP, acusó a Puigdemont de consumar “una traición inadmisible”.

El pleno acabó poco después de las nueve de la noche. Puigdemont fue el último diputado en abandonar el hemiciclo y, cuando lo hizo, fue para subir a la tribuna de invitados donde le esperaba Artur Mas, su predecesor y quien lo ungió como sucesor en 2016.

Media hora después, Junts pel Sí y la CUP escenificaron su voluntad de llegar hasta el final pese a la fractura que había dejado la intervención de Puigdemont, y los 72 diputados independentistas firmaron lo que sí era una declaración de independencia y que tenía que haber leído el president. Tras ese acto, con toques de solemnidad pero sin validez jurídica, los anticapitalistas advirtieron de que había quedado “tocada” la relación de confianza con Puigdemont, al que dieron un mes de plazo para culminar la supuesta mediación internacional que él había esgrimido para suspender la declaración de independencia.

Cena en La Moncloa

Durante esa tarde, en Madrid, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se cruzaron tres o cuatro mensajes. Finalmente, Rajoy convocó a Sánchez en La Moncloa. Y cenaron juntos.

El Gobierno no está dispuesto a aplicar el artículo 155 de la Constitución sin el apoyo del PSOE. Por eso el presidente del Ejecutivo se reunió con el secretario general de los socialistas, que a su vez informó casi en directo a Miquel Iceta, su homólogo del PSC. Rivera, el presidente de Ciudadanos, quedó desplazado.

Al filo de la medianoche el líder socialista salió de la sede del Gobierno con un acuerdo con el presidente. El primero en conocerlo fue Miquel Iceta, que dio el visto bueno. Si finalmente tiene que hacerse, la intervención del Estado en Cataluña será “firme” pero “respetuosa con una sociedad que tiene muy presente el autogobierno”, trasladan los conocedores de la misma. Todo ello a cambio del compromiso de Rajoy de negociar una reforma de la Constitución.

Pero el acuerdo no fue el fruto de un día.

Durante semanas, y mientras Puigdemont avanzaba en su reto al Estado, los dos líderes intercambiaron múltiples mensajes y protagonizaron numerosas conversaciones telefónicas. Al principio, los contactos entre ambos fueron solo llamadas telefónicas, en las que se acordó empezar a trabajar en varios niveles de interlocución.

Desde el 31 de agosto, Rajoy y Sánchez se citaron hasta en ocho ocasiones en La Moncloa. Cuatro de esos encuentros fueron oficiales. Otros tantos, privados y desconocidos hasta ahora. Además de la de agosto, se celebraron cuatro reuniones en septiembre y otras tres en octubre.

Rajoy y Sánchez, que nunca antes se habían entendido, abrieron un canal de comunicación permanente y comenzaron a construir un espacio de confianza mientras, en paralelo, un grupo de personas designados por ellos negociaba los detalles. Al Gobierno le representaban José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y estrecho colaborador de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; y Pedro Arriola, asesor de Rajoy y también de José María Aznar en sus tiempos al frente del PP y del Ejecutivo. Por parte del PSOE acudían José Enrique Serrano, presente en los pactos de Estado de los socialistas desde hace más de 20 años; la diputada del PSC Meritxell Batet, miembro de la dirección del grupo parlamentario socialista y profesora de Derecho Constitucional; y Carmen Calvo, doctora en Derecho Constitucional y exministra de Cultura.

Además, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hablaba con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y con el responsable de política federal del PSOE, Patxi López.

Reforma constitucional

Las primeras conversaciones entre Rajoy y Sánchez se centraron en la comisión parlamentaria que debía abrir el debate territorial en el Congreso. El presidente del Gobierno y el secretario general socialista tenían diferentes visiones. Rajoy no quería que se pusiera en marcha antes del 1 de octubre, mientras Sánchez quería acelerarla. En el primer acuerdo ceden ambos: Sánchez registra la comisión a principios de septiembre y su ámbito será la “modernización del Estado autonómico” y no únicamente Cataluña, como reclamaba en un principio.

Las reuniones que celebraron en septiembre se centraron en los mecanismos para neutralizar el referéndum ilegal. Ahí se produjo el primer desencuentro grave. El Gobierno trasladó una previsión diferente de lo que luego sucedería el 1 de octubre: ni urnas ni uso de la fuerza, viene a ser el mensaje. Todo se fue al traste el domingo: aparecieron miles de urnas en Cataluña y las imágenes de las cargas policiales dieron la vuelta al mundo.

En la dirección socialista cundió el malestar. Sánchez trasladó entonces a Rajoy su intención de exigir responsabilidades políticas, pero no le advirtió de que pediría la reprobación de su número dos. Se vivieron momentos tensos, pero ambos líderes volvieron a establecer contacto.

Desde septiembre, según el entorno del líder socialista, el presidente conocía el compromiso del PSOE de apoyar al Gobierno en la crisis catalana. En público, sin embargo, Sánchez y su ejecutiva se mostraban recelosos de comprometer su apoyo.

Tras la jornada del paro general en Cataluña, el 3 de octubre, el artículo 155 de la Constitución se puso encima de la mesa. Ambos líderes descartaron utilizar la Ley de Seguridad Nacional y el 155 se fijó como la vía preferida porque, a pesar de estar demonizado públicamente, es en realidad el instrumento “más federal”, sostienen, y es un precepto constitucional. El 155, no obstante, es una página en blanco y hay que darle contenido. La negociación se centra en pactar qué significa el 155.

Apenas unas horas después de ese acuerdo entre el Gobierno y el PSOE, a las nueve de la mañana del día 11, el presidente entró en un salón de La Moncloa para asistir al Consejo de Ministros en el que se aprobó el requerimiento con el que activar el artículo 155 de la Constitución, el mecanismo que permitiría al Gobierno asumir temporalmente competencias de la Generalitat. El debate fue intenso. Los ministros se dividieron alrededor de la fórmula a emplear. Finalmente acordaron que Puigdemont tuviera hasta el lunes 16, mañana, para aclarar si ha declarado la independencia y, en caso afirmativo, hasta el jueves para volver a la legalidad.

Y empieza así un tenso descuento a la espera de la respuesta del presidente de la Generalitat.