Esquemas del siglo XX para frenar un referéndum del siglo XXI

“No habrá referéndum en Cataluña”, repetía el Gobierno español antes del 1 de octubre. Y es obvio que el proceso, suspendido por el Constitucional y convocado sin garantías, no tuvo validez. Pero también es indudable que el Ejecutivo no pudo evitar al menos un simulacro de votación. Y que ese fracaso puede explicarse en gran parte por la estructura organizativa de los impulsores del referéndum y su mayor habilidad en el uso de las nuevas tecnologías.

Desde el Gobierno dijeron que no habría urnas y las hubo. Que habían propinado un enorme golpe a la logística interceptando millones de papeletas y luego aparecieron millones más. Que no abrirían los colegios y la mayoría permanecieron operativos toda la jornada. Mientras la Guardia Civil cerraba webs sobre la consulta sus organizadores, con ayuda de Wikileaks y de hackers rusos, iban creando mirrors (clones) de las páginas eliminadas.

Algunas de las medidas que el Gobierno iba anunciando parecían pensadas para frenar una votación de hace 20 años. Para neutralizar una organización centralizada que podía ser decapitada con la detención de sus cabezas visibles, que adquiriría urnas en tiendas físicas y que naturalmente, fabricaría las papeletas en grandes imprentas.

En lugar de eso, las urnas se compraron a través del portal Alibaba, más opaco para las transacciones que Amazon, a cinco euros cada una, enviadas de China a Francia. Eran traslúcidas y con aspecto de tuperware gigante, pero servían como receptáculo de papeletas.

Miles de personas se encargaron de distribuirlas por Cataluña. Las redes sociales facilitaron la creación de una estructura en red muy capilar, aunque en los momentos más críticos la comunicación era solo verbal, para impedir intercepciones. Cada integrante tenía instrucciones precisas e ignoraba el resto. Si alguien hubiera sido detenido, el operativo seguiría a salvo.

Aún es un misterio dónde se fabricaron las papeletas. Pero era una labor titánica tratar de impedir que las hubiera: en último término se podían imprimir en casas particulares.

A falta de aclarar la actuación de los Mossos, es un hecho que la mayoría de colegios abrieron. Muchos habían sido ocupados por padres, alumnos y activistas organizados desde la plataforma Escoles Obertes. Un documento colaborativo colgado en Internet mostraba qué colegios se iban ocupando y en cuáles se requerían voluntarios para hacerlo.

En el asunto del censo sí obtuvo el Gobierno una victoria parcial. La Guardia Civil se empleó a fondo para bloquear el sistema que permitía votar en cualquier colegio. Los organizadores respondieron replicando el sitio web original, pero les funcionó a medias y causaron un preocupante efecto secundario: los datos de millones de personas quedaron al descubierto.

La duda es si en 2017 era posible impedir que una votación así se celebrara sin adoptar medidas extraordinarias. Probablemente era muy difícil, pero mucho más si se pretendía frenar una movilización del siglo XXI aplicando esquemas del siglo XX.