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Las otras Bruselas

Seis ciudades españolas emplean a 3.000 personas para adoptar decisiones estratégicas de la UE

El director en funciones del JRC de Sevilla, Luis Delgado.
El director en funciones del JRC de Sevilla, Luis Delgado.

Siempre que la Comisión Europea toma una decisión parece que lo hace a 1.172 kilómetros al norte de los Pirineos. Y sin embargo, no es del todo cierto. Cuando hace un año presentó su último plan para lograr un impuesto sobre sociedades común a los 27, hacía meses que seis investigadores lanzaban en Sevilla fórmulas matemáticas para hallar las evidencias científicas que explican por qué una política impositiva común beneficiaría a las economías nacionales y al bienestar de sus ciudadanos. Estos economistas aportaron claves empíricas para seducir a los Gobiernos de por qué todos ganamos si las multinacionales tecnológicas no pueden tener beneficios astronómicos en un país y pagar impuestos ridículos en otro.

Es la misma falsa apariencia que surge al mencionar las agencias y centros europeos, así como las plantillas que paga Bruselas, que casi nadie piensa en Vigo, Torrejón de Ardoz, Bilbao, Alicante, Sevilla o Barcelona. Y sin embargo, unas 3.000 personas trabajan en esas ciudades bajo el paraguas de la Unión Europea con satélites, contratos astronómicos para la fusión de energía y control de la polución. Estos días y hasta el 20 de noviembre Barcelona puja por acoger su segunda agencia, la del Medicamento, que incluye 890 expertos farmacéuticos, biólogos y doctores. Una candidatura lastrada por el proceso independentista pero que conserva sus opciones.

En la capital catalana la agencia Fusion for Energy (F4E) moverá 6.600 millones hasta 2020 en contratos con países como Japón para la construcción de reactores de fusión y el proyecto ITER, que se construye al sur de Francia. “Es el proyecto más colosal que existe y se ha diseñado para demostrar la viabilidad científica y tecnológica de la energía de fusión”, ilustra su portavoz, Aris Apollonatos, basado en el proceso que da energía al sol y las estrellas para fusionar isótopos de hidrógeno a 150 millones de grados. Un equipo de más de 400 personas gestiona desde Barcelona la colaboración con 440 compañías y 65 centros de I+D. Europa contribuye al proyecto con la mitad de los costes de producción, mientras que el resto lo aporta China, Japón, India, Corea, Rusia y Estados Unidos. Los científicos esperan que la plataforma genere una potencia de 500 megavatios que en el futuro sustituya a las centrales nucleares sin el problema de los desechos.

En Alicante está la euroagencia de mayor tamaño y plantilla —unas 2.000 personas entre funcionarios, expertos y consultores—, la Oficina de Propiedad Intelectual (EUIPO), dedicada a registrar marcas y diseños para la Unión Europea desde 1994. ¿Principal ventaja? “Permite registrar marcas que tienen efecto sobre un mercado de 500 millones de personas con un solo trámite y en un solo idioma. De otra forma una empresa tendría que contratar un abogado portugués y otro esloveno para proteger su marca en esos países”, subraya su portavoz, Luis Berenguer. El 99% de los registros se realizan a través de la web —a 850 euros y para la protección de una década— y en los 23 idiomas oficiales de la UE. “La razón del éxito es que fue una muy buena idea”, resume. Con las cuotas que recaba, esta agencia puede autofinanciarse y mantiene un presupuesto de 400 millones al año.

Al margen del registro para proteger el diseño de los productos y las marcas, la agencia promueve y hace labores de concienciación sobre el diseño industrial en otras partes del mundo como China, origen de la mayoría de falsificaciones que surten el bazar mundial. Además, sus técnicos asesoran a la UE sobre propiedad industrial en la firma de acuerdos de libre comercio como el TTIP (entre la UE y Estados Unidos) y al Observatorio Europeo de Vulneración de Derechos de la Propiedad Intelectual.

En Sevilla los expertos del Centro Común de Investigación (Joint Research Centre) asesoran a la Comisión —brazo ejecutivo de la Unión Europea— para tomar sus decisiones sobre temas tan diversos como economía, energía, agricultura, tecnología y cambio climático. Desde una plataforma de especialización inteligente que asesora a 180 regiones europeas a un novedoso proyecto piloto de autoevaluación denominado Aprendizaje en la era digital con 600 colegios de Europa, pasando por los requisitos para 50.000 instalaciones industriales.

El JRC andaluz, vinculado a otros repartidos por el continente, es un enorme centro de pensamiento para dotar de evidencias empíricas a los políticos y que estos tomen decisiones razonadas y eviten el azar. Su director en funciones, Luis Delgado, aclara que el trabajo de sus 320 expertos “es un proceso que no discute políticamente nada, la discusión es únicamente técnica”. En el borrador para la normativa de las centrales térmicas recogieron 8.000 comentarios de los Estados miembros, la industria y las ONG, por ejemplo. “Hemos crecido porque hemos creado la demanda para que las políticas estén basadas en análisis. Somos gestores de conocimiento, pero hoy nadie acepta imposiciones, las decisiones se las das al ciudadano con evidencias fáciles de traducir”, añade.

Desde Torrejón de Ardoz el Centro de Satélites de la UE recoge imágenes útiles para la política exterior y de seguridad de los Estados miembros, la Agencia Europea del Espacio u organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Si en Bilbao se encuentra la Agencia para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, en Vigo está ubicada la Agencia de Control de la Pesca, con un equipo de 61 personas y 17 millones de presupuesto anual, para vigilar que las normas de pesca se cumplen, coordinar a los Estados miembros, formar a los inspectores de pesca y centralizar 20.000 inspecciones y 700 infracciones graves. "Un inspector belga puede controlar un barco inglés en aguas irlandesas", ejemplifica su director ejecutivo, Pascal Savouret. 

A pesar de ser entes independientes, como paraguas de todos los centros y agencias en Madrid está ubicada una oficina de representación de la Comisión Europea. Son 23 personas con un papel de enlace entre los comisarios europeos y las Administraciones españolas —desde Ministerios hasta Ayuntamientos—. Funciones de escucha política, organización de eventos y un canal informativo que reporta directamente a la oficina del presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker. “Desde que esto era una oficina para mandar faxes en los años ochenta, ahora solo este octubre organizamos 23 eventos en 15 ciudades diferentes sobre el futuro de Europa, el euro, comercio, migraciones, inversión y economía”, explica su portavoz Dimitri Barua. Este año su equipo acudirá a las regiones para explicar el Plan de Inversiones para Europa que hasta hoy ha traído a España 28.700 millones.

Con el mapa de las 43 agencias europeas en la mano, España tiene un papel relevante ya que atesora cinco centros, mientras países como Francia acogen cuatro y Alemania e Italia dos cada uno.

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