Los académicos activistas del independentismo

Tradicionalmente, el independentismo catalán ha buscado legitimarse no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, tratando de aprovechar la raigambre que tiene en ese país el concepto de la autodeterminación. Ha intentado sobre todo trazar paralelismos con el origen secesionista de la primera potencia mundial, que en realidad fue la emancipación tras una revuelta armada de una colonia a 5.000 kilómetros de la metrópolis. El soberanismo ha logrado cosechar apoyos de académicos e investigadores catalanes situados en universidades estratégicas. Y también de estadounidenses, como el de Noam Chomsky, que recientemente encabezó un manifiesto a favor de un referéndum. Donde la diplomacia española no ha llegado, los académicos han sabido caracterizar el concepto de la independencia de Cataluña como una posibilidad.

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In English: The pro-independence activists of academia

Un destacamento de profesores catalanes en universidades de prestigio en EE UU se ha convertido en un pilar crucial del procés.Su defensa de un referéndum y la independencia ha ayudado al soberanismo a tratar de proyectar una imagen de respaldo académico a su causa, incluidas dudas sobre la ilegalidad de un referéndum de independencia y apoyo a la viabilidad de un supuesto Estado catalán. Ahora, algunos de esos académicos defienden de forma decidida y enérgica una declaración unilateral de independencia (DUI) tras el referéndum del 1 de octubre, ilegalizado por el Tribunal Constitucional.

En plena tensión sobre los siguientes pasos que puedan dar la Generalitat y el Gobierno de Mariano Rajoy, tres académicos catalanes afincados en EE UU figuran entre los impulsores y firmantes de un manifiesto, difundido el pasado jueves, a favor de la declaración unilateral de independencia. El más conocido y mediático es Xavier Sala-i-Martín, profesor de Desarrollo Económico en la Universidad de Columbia y que tiene además un programa en TV3, la televisión pública catalana. En 2016 Sala-i-Martín cobró 7.500 euros por programa en su serie Economia en colors, embolsándose como guionista y presentador un total de 60.000 euros por ocho emisiones, según reveló la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales a petición del PSC. Este año TV3 emite una segunda temporada.

Los otros dos firmantes e impulsores de la declaración unilateral de independencia son Carles Boix, profesor de Políticas en la Universidad de Princeton y miembro del Consejo Asesor Por la Transición Nacional de la Generalitat, y Jordi Graupera, que también trabaja en Princeton como investigador en un centro de estudio sobre la autodeterminación.

Estos académicos instan a los líderes catalanes a proclamar la independencia atendiendo a los resultados de un referéndum que se llevó a cabo sin garantías

“La comunidad internacional solo reaccionará si el Parlament y el Govern cumplen sus compromisos”, reza el texto, que firman políticos, académicos y miembros de la cultura. Entre la lista pública de firmantes hay otro profesor en el extranjero: Antoni Abat, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Copenhague. El manifiesto sostiene que la “única negociación posible” con el Gobierno español sería posterior a la proclamación de la república catalana y “solo en relación” a su reconocimiento. Los firmantes argumentan que la “única manera de hacer posible la supervivencia de las instituciones catalanas” es a partir del voto del referéndum ilegal del 1-O.

Estos académicos y el resto de firmantes instan, por tanto, a los líderes catalanes a proclamar la independencia atendiendo a los resultados de un referéndum que se llevó a cabo sin garantías: el censo se hizo universal a 45 minutos de que abrieran las urnas, a los votantes se les registraba a mano, hubo ciudadanos que votaron más de una vez y lo registraron en vídeo y en el recuento final hubo numerosas irregularidades de las que informó este diario. Según la Generalitat, el sí obtuvo un 90% de votos con una participación del 43% de aquel censo.

Sala-i-Martín, Boix y Graupera, que llevan tiempo viviendo en EE UU, tienen una presencia activa desde hace años como opinadores en medios de comunicación catalanes y también son muy activos en redes defendiendo e instando a los gobernantes catalanes a declarar la independencia.

En muchas ocasiones, sus análisis son coincidentes con la agenda del independentismo. Decía por ejemplo Sala-i-Martín en 2015 en un artículo en el diario Ara que la supuesta fuga de empresas de Cataluña era “un farol”. A día de hoy han cambiado su sede social Sabadell, CaixaBank, Gas Natural y Agbar, entre otras. El intelectual ha minimizado en Twitter la fuga de empresas. Lo atribuye a una estrategia de “miedo” del Gobierno. “Han puesto presión a las empresas para que se marchen de Cataluña para dar la impresión de que la independencia hundirá la economía”, escribió el viernes. “Todos tenemos que entender que es una operación política”.

Los soberanistas han intentado trazar paralelismos con el origen secesionista de EE UU

En la antesala del referéndum, surgió otro documento, titulado Carta abierta sobre la represión política en Cataluña, que suscribieron 49 profesores universitarios estadounidenses y catalanes afincados en EE UU, junto a otros en México y Canadá. Los más conocidos eran Noam Chomsky, del MIT, y Vicenç Navarro, de Johns Hopkins. El texto denunciaba la “represión política” para “prevenir” el 1-O en referencia a las actuaciones judiciales y policiales. “Estamos preocupados de que el nivel de represión política en Cataluña es de un carácter severo y arbitrario no experimentado desde la dictadura de Franco”, señalaba el documento, que pedía a España permitir a los catalanes “expresar libremente sus visiones políticas”.

Sala-i-Martín y Boix son dos de los seis impulsores del Colectivo Wilson, creado en 2012 por reconocidos académicos de economía y política catalanes con vínculos en EE UU y Reino Unido. El colectivo defiende el derecho de autodeterminación de Cataluña y critica el modelo autonómico español, “basado en una solidaridad interregional arbitraria e ilimitada”. También pide un debate profundo sobre los efectos de la secesión pero subraya que “es incuestionable que una Cataluña independiente sería económicamente viable”.

El colectivo nació al inicio del proceso catalán y en un momento en que el Gobierno español apenas hacía esfuerzos en rebatir los argumentos en el exterior de la Generalitat y sus aliados. Su nombre es en homenaje al expresidente estadounidense Woodrow Wilson, que defendió el derecho a la autodeterminación, aunque la Constitución norteamericana no permite la secesión de un Estado y ningún partido norteamericano la defiende.

Dos semanas antes del referéndum, circuló otro manifiesto, que firmaron más de 1.400 profesores, investigadores y trabajadores universitarios de todo el mundo, de apoyo a esa votación. El texto defendía la “posibilidad de participar en la construcción de un nuevo Estado” y aducía que la alternativa era seguir “subordinados” a la “arbitrariedad de un Estado que nos es mayoritariamente hostil”.

En Georgetown la agenda soberanista se hizo patente y creó un conflicto en 2013

El manifiesto no divulgaba la identidad de sus firmantes. Boix confirmó a EL PAÍS haberlo suscrito, pero declinó explicar sus motivos. Sala i Martín y Graupera no contestaron a las preguntas de este periódico. Pol Antràs, catedrático de Economía en Harvard y uno de los impulsores del Colectivo Wilson, reveló no haberlo firmado y explicó que hace tiempo que no se pronuncia sobre la situación catalana. También confirmó no haberlo respaldado Laia Balcells, profesora de Gobierno en Georgetown y que ha abordado el proceso catalán en los últimos años.

En esa universidad de Washington la agenda soberanista se hizo patente y creó un conflicto en 2013. Clara Ponsatí, que hoy es miembro de la Asamblea Nacional Catalana y, desde el 14 de julio de 2017, consejera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, ocupaba la cátedra Príncipe de Asturias de Georgetown. Desde ese puesto, se prestó a aparecer en un vídeo en el que denunciaba el “expolio fiscal” de España y en una entrevista defendió un referéndum. Salió antes de que acabara su contrato, según denunció ella, por presiones del Gobierno español. El entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, negó que el Ejecutivo interviniera, pero subrayó: “No creo que una cátedra que lleva el nombre del Principado de Asturias deba servir de base para alentar procesos secesionistas contrarios a la Constitución”.

Por su parte, Boix ha defendido en Twitter una declaración de independencia de efectos inmediatos ante el debate en el soberanismo sobre si su entrada en vigor debería posponerse. Ensalza la importancia de una mediación internacional, pero con requisitos. Esgrime que, si es antes de la declaración unilateral, debería tener la celebración un referéndum acordado como “condición irrenunciable”. Si la mediación llegara después de la DUI, Cataluña podría renunciar a aplicar algunas medidas para hacer efectiva la declaración de independencia pero “nunca” renunciando a la declaración en sí.

Graupera también ha alegado que la declaración unilateral es “lo único que protege a los ciudadanos y las instituciones de la represión” y que la “única manera de entrar en diálogo es hacer de España una parte del contencioso en vez de árbitro”. En la jornada del referéndum, este investigador protestó en un colegio de Barcelona y fue reducido por la policía nacional, que lo tendió en el suelo.

Un pequeño grupo de congresistas ha simpatizado con su causa, pero el Gobierno estadounidense les ha dado la espalda

En los últimos cinco años, el movimiento soberanista catalán ha tratado de hacerse un hueco en los círculos de debate estadounidenses. Hasta el momento, el asunto apenas ha sido abordado en los think tanks, pero sí se ha tratado en varias universidades de prestigio. Artur Mas, el entonces presidente de la Generalitat, pronunció una conferencia en 2015 en la Universidad de Columbia, en la que fue presentado por Sala i Martín. Mas y su sucesor, Carles Puigdemont, también hablaron este año en la Universidad de Harvard.

Las visitas de dirigentes catalanes a EE UU han sido una constante en los últimos años. Un pequeño grupo de congresistas ha simpatizado con su causa, pero el Gobierno estadounidense les ha dado la espalda. Tras repetir durante tres años que era un “asunto interno” español, Washington apoyó en 2015 la unidad territorial española. Y pocos días antes del 1-O, el presidente Donald Trump defendió encendidamente la permanencia de Cataluña en España aunque no abordó el debate sobre la legalidad del referéndum.

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