El juez de Púnica reactiva la investigación que salpica a Cifuentes

El juez Manuel García Castellón dictó el miércoles una providencia en el caso Púnica por la que cita como investigada a la antigua jefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid, Tatiana Recoder. El magistrado quiere interrogarla sobre la adjudicación en 2009 de un contrato al empresario Arturo Fernández en la que también intervino la hoy presidenta regional, Cristina Cifuentes. El concurso está bajo sospecha de haber servido para financiar al PP madrileño.

Tatiana Recoder ya declaró en marzo ante la Guardia Civil y su testimonio sirvió para que la Unidad Central Operativa (UCO) concluyera en un informe remitido a la Audiencia Nacional que Cifuentes había cometido sendos delitos de prevaricación y cohecho por su participación en aquel concurso para la explotación del comedor y la cafetería de la Asamblea de Madrid. Entonces era la vicepresidenta de la Cámara. La sospecha de los investigadores es que el mismo fue amañado a cambio del pago de una comisión que el empresario hizo llegar a la supuesta caja b del PP de Madrid camuflada como donación de 160.000 euros a la fundación Fundescam, ligada al partido entonces liderado por Esperanza Aguirre y en cuyo patronato figuraba la propia Cifuentes.

Por estos hechos, la UCO elaboró dos informes en marzo en los que señalaba abiertamente la supuesta implicación de la hoy presidenta madrileña. Cuando ambos salieron a la luz en mayo, la política negó cualquier irregularidad en su actuación e, incluso, compareció en el Parlamento regional para dar explicaciones. Desde su entorno se cargó entonces con dureza contra la Guardia Civil. El silencio del entonces juez instructor, Eloy Velasco —que estaba a punto de abandonar su puesto—, y de la Fiscalía Anticorrupción, comandada en aquel momento por Manuel Moix, parecieron paralizar esta línea de investigación.

El papel de Fundescam

Ahora, con García Castellón al frente del juzgado y con el impulso del nuevo responsable de Anticorrupción, Alejandro Luzón, las pesquisas sobre aquella adjudicación se han reactivado. Fuentes cercanas a la investigación las consideran claves para probar la supuesta participación del empresario Arturo Fernández en la financiación irregular del PP de Aguirre, así como del papel jugado en el entramado por Fundescam.

En el segundo de los informes de la UCO, los agentes recogían detalles del interrogatorio que días antes habían realizado como “investigada no detenida” a la ahora imputada Tatiana Recoder y a otros dos integrantes del comité de expertos que decidió aquella adjudicación. El cuarto participante fue la hoy presidenta madrileña. En este documento policial, los investigadores concluían que “el contenido de las referidas declaraciones avala aún más las conclusiones apuntadas” en el primer informe “respecto a la existencia de una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades en ambos procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos”.

Los agentes destacaban que en aquellos interrogatorios los tres asesores cayeron en “significativas y evidentes contradicciones” tanto con lo que afirmaban unos y otros como con los “elementos de prueba documental que obran en la investigación desarrollada”. La UCO lo consideró un indicio más de que se produjeron “conductas arbitrarias que derivaron en actos injustos” con el único objeto de que el concurso se lo llevara el empresario. Los agentes recalcaban que de dicha circunstancia estaba al tanto Cifuentes, en cuyo despacho se celebró la reunión.