Cataluña enturbia la aprobación de las conclusiones sobre la policía patriótica en el Congreso

Críticas, peticiones de libertad, reproches… el debate en el pleno del Congreso de los Diputados que ha aprobado este jueves el dictamen de la comisión de investigación sobre el uso partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz se convirtió en una nueva refriega a cuenta de los arrestos y registros del miércoles en Cataluña por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Aunque el resultado final de la votación no deparó sorpresas –se aprobó con el respaldo de todos los grupos con el voto en contra del PP y UPN, y la abstención ya anunciada en julio de Ciudadanos-, la intervención de los diferentes grupos parlamentarios reflejó la división que la actuación policial ha provocado en la cámara baja y que ya se había puesto de manifiesto durante toda la jornada en el hemiciclo.

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El contenido del dictamen —que considera probado que existió una brigada patriótica que bajo la responsabilidad política de Fernández Díaz y el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, persiguió a los “adversarios políticos” y obstaculizó “la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP”— pasó así a un segundo plano y sus argumentos fueron esgrimidos por Unidos Podemos, PDeCat, ERC y PNV para echar en cara al Gobierno la actuación de la Guardia Civil el miércoles en Cataluña y acusar a los miembros del PP de “antidemócratas” y “antipatriotas”, como los tildó Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos. Joan Tarda, en nombre de ERC, se limitó a pedir la “solidaridad” del resto de los grupos y a pedir “la libertad” de los catorce detenidos en la Operación Anubis, a los que citó uno a uno por su nombre, lo que le valió una reprimenda de la presidenta de la Cámara, la popular Ana Pastor.

Sobre el dictamen, los grupos mantuvieron las posturas que ya defendieron cuando terminaron los trabajos de la comisión. El PP defendió el trabajo de Fernández Díaz y la policía durante la etapa de aquel al frente del Ministerio del Interior y volvió a cargar contra la oposición por hacer “uso partidista” de la comisión. Ciudadanos aseguró que no había pruebas de la existencia de una brigada política y se limitó al cargar contra el exministro y Cosidó, a los que acusó de “incompetencia de extrema gravedad”. El resto de los partidos insistieron en que los trabajos de la comisión, como recogía el dictamen, habían demostrado que se creó “una estructura policial” para hacer un “seguimiento, investigación y, en su caso, persecución” de la oposición. El presidente de la comisión, Mikel Legarda (PNV), también hizo hincapié en los obstáculos puestos por Interior para facilitar la documentación requerida, lo que se tradujo, en su opinión, en un “desarrollo sincopado” de sus trabajos y que estos se tuvieran que prolongar hasta el mes de julio.

Finalmente, el dictamen se votó dividido en dos. Tras rechazarse todos los votos particulares presentados por cada uno de los grupos, el Congreso apoyó de manera unánime el primero de ellos, en el que se recogía un respaldo expreso a la “encomiable labor” de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El resto de los puntos del documento recibió los 131 votos en contra de PP y el diputado de su socio UPN, las 29 abstenciones de Ciudadanos y los 172 votos a favor del resto de la oposición. El Congreso ponía así, entre continuas referencias a la situación en Cataluña punto final a su investigación sobre la brigada política, algunos de cuyos episodios aún están en los tribunales.