El 5% de las farmacias recibe estímulos del Estado para que no cierren

Un 5% de las 21.968 farmacias que había al cierre de 2016 en España recibía estímulos del Estado para seguir abiertas, según los cálculos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia. Son las oficinas que este organismo denomina VEC, de viabilidad económica comprometida, de las que agrupaciones empresariales del sector afirman directamente que están en quiebra. La despoblación de muchos lugares pequeños y los recortes en la factura en medicamentos de las Administraciones son las causas principales de esta situación, indica Raquel Martínez, presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, la comunidad más afectada por esta situación. La primera, por el proceso demográfico natural; la segunda, debida a las medidas tomadas para ahorrar durante la crisis. Con ellas, la factura pública en medicamentos dispensados con receta pasó de los 12.505 millones en 2009 a los 9.189 millones en 2013. El fin del efecto de las decisiones tomadas y el inicio de la recuperación han hecho que a finales de 2016 la factura sea de 9.900 millones de euros.

Esta cantidad es importante porque aproximadamente entre el 75% y el 85% de los ingresos de una farmacia viene de la facturación de los medicamentos financiados (los de receta), ya que la oficina obtiene un beneficio de alrededor del 27% del precio de estas ventas. Por eso, cuando se rebajan precios de fármacos, el sistema sanitario ahorra, pero los farmacéuticos pierden. Así, cuando el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo Leire Pajín ministra de Sanidad a finales de 2011, preparó nuevas rebajas en los precios de los medicamentos financiados públicamente (los de receta), ya anunció un plan de ayuda para las farmacias rurales, pero este nunca se desarrolló.

De las casi 22.000 farmacias que hay en España, unas 2.000 están en pueblos de menos de 1.000 habitantes. Es lo que sucede con la de Francisco Aceituno, titular de la oficina de Villel de Mesa (Guadalajara), una población de unos 200 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística. "Llegué aquí hace 10 años, justo antes de la crisis", cuenta. "Estaba de adjunto en otra farmacia y decidí emprender en un sitio que me apreció muy bonito". Eso sí, tuvo que pedir un crédito para conseguir la adjudicación e instalarse.

Él vive en el pueblo, por lo que, a veces, hace horas extra sin querer, cuando los vecinos van a buscarle si necesitan algo y él tiene el establecimiento cerrado. "Pero, en general, son muy respetuosos. De hecho, alguno espera a llegar aquí cuando viene del médico para hacerme a mí el gasto", cuenta. Ya sabía que salir adelante no iba a ser fácil, pero no contaba con la crisis. "2010 fue mi punto de inflexión. Hasta entonces me mantenía, pero ese año hubo una bajada de precios, cambiaron las aportaciones [un porcentaje sobre las ventas que las farmacias deben obligatoriamente rebajar a las comunidades] y además hubo un problema de impagos por parte de Castilla-La Mancha". Sobrevivió a base de pedir otro crédito, que aún paga. "La verdad es que si hubiera tenido alguna oportunidad, habría echado el cierre", admite. "Y ello con pesar por mis vecinos, que se iban a quedar desatendidos".

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Tampoco le habría sido tan fácil. Las farmacias son establecimientos privados que dan un servicio público. Aunque sus dueños son particulares que intentan vivir de su negocio, están muy reguladas ya que su actividad principal, la dispensación de medicamentos, es clave en la prestación sanitaria. En muchos pueblos pequeños, son el único agente sanitario fijo, porque los médicos y enfermeros acuden al consultorio solo unas horas algunos días a la semana.

El caso de Aceituno es un ejemplo de lo que luchan y de la situación de muchos de estos establecimientos. Al ser VEC, tienen derecho a lo que denominan un índice corrector, la posibilidad de que el Estado no solo no les obligue a hacerle un descuento, sino que les bonifique proporcionalmente a lo que le facturan. Ni a Aceituno ni a Raquel Martínez, presidenta de los farmacéuticos de Castilla y León, la comunidad con más boticas en situación precaria, les gusta que a eso se le llame ayuda. Técnicamente se denomina índice corrector. Esta medida se introdujo para reducir la factura Estatal, y consiste, básicamente, en que las farmacias hacen un descuento obligatorio a las comunidades en función de lo que facturan. Pero, en 2011, ante la crisis, hubo que introducir el índice corrector negativo: la que facturan menos de una cantidad (12.500 euros al mes) reciben una cantidad que va de los 833 euros si las ventas son de cero euros, hasta unos 200 cuando están más cerca del límite. Es el caso de la farmacia de Aceituno y de la mayoría de las farmacias en situación comprometida, indica Martínez. "Pero eso no garantiza la viabilidad. Como mucho, me sirve para pagar autónomos", afirma Aceituno.