El Gobierno quiere que el Constitucional notifique a los Mossos y TV3 la paralización del referéndum

El Gobierno central ha solicitado al Tribunal Constitucional que notifique a 62 altos cargos no políticos de la Generalitat así como a los 947 alcaldes de Cataluña la resolución por la que previsiblemente suspenderá la vigencia del decreto de medidas complementarias para la celebración del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre. Entre los directivos de la Generalitat a los que se pretende apercibir figuran, entre otros, los directores de los medios públicos dependientes del Ejecutivo autonómico, TV3 y Catalunya Radio, la directora de la Corporación Catalana de Medios Audivisuales, o el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Gobierno quiere que el Constitucional advierta a los regidores y a los altos cargos de las “consecuencias penales” de desobedecer la prohibición de preparar la consulta de autodeterminación.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere cerrar cualquier resquicio organizativo que pueda servir para poner las urnas el 1 de octubre. Entre los citados en el recurso del Gobierno figuran, entre otros, altos cargos de las consejerías de Sanidad y Educación, como los directores generales de los centros públicos y privados, o el director del Diario Oficial de la Generalitat.

En su recurso, el gobierno considera “imprescindible” que el alto tribunal advierta expresamente a los responsables de esas áreas de la Generalitat “de su deber de abstenerse de llevar a cabo e impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión” del referéndum. En particular, quiere que “se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de preparación, organización, y/o de celebración del referéndum sobre la autodeterminación”.