Legalidad, garantías y procedimientos

En un régimen democrático, las leyes están por encima de todo y de todos. El imperio de la ley debe prevalecer sobre la política, las opiniones o los sentimientos. Siempre existe la posibilidad de modificarlas si se tiene la mayoría suficiente y dentro de los cauces reglamentarios. Por eso, lo sucedido ayer en Barcelona supone el mayor ataque a la legalidad española desde el golpe de Estado del 23-F.

El espectáculo ofrecido ayer por los dos grupos independentistas catalanes en el Parlament (Junts pel Sí y la CUP), bajo la batuta de la presidenta, Carmen Forcadell, es una agresión en toda regla a la mayoría de los votantes catalanes, a sus representantes, a la democracia y al conjunto de los españoles. No es solo una cuestión de fondo, que lo es (el derecho a la autodeterminación no existe en la Constitución española), sino también de forma y de formas.

En democracia, las garantías y los procedimientos son esenciales. Los atajos políticos suelen acabar en conflictos civiles o en dictaduras. Y ayer, los grupos secesionistas catalanes consumaron el desprecio a los procedimientos establecidos por ellos mismos y a las recomendaciones del consejo de garantías también elegido por ellos. El cambio del orden del día, el método exprés para aprobar el proyecto de ley para el referéndum de independencia y el propio contenido de la ley suponen una carga de profundidad contra los cimientos de la legalidad catalana. No hay legitimidad fuera de la ley.

Y qué decir del papel de Forcadell en la gestión del debate (por llamarlo de alguna manera). Todo viene del pecado original de elegir presidente del Parlament a una persona que proviene de la Asamblea Nacional Catalana y que quiso dejar claro desde el primer momento que ella solo representaba a los independentistas. Durante la sesión, la presidenta negó la palabra, el pan y la sal a la oposición, desoyó a los letrados y al Consejo de Garantías, actuando, en definitiva, como un terminal de la Generalitat.

Ayer, los secesionistas dieron el pistoletazo de salida en la carrera hacia la creación de la república catalana. Todos pensamos que nunca llegarán a la meta, pero cada día avanzan un poco más, sorteando las leyes y entrando en una provocación constante en busca de algún error del Gobierno de España y sus aliados. Es importante que el PSOE y Ciudadanos no duden ni un momento en seguir apoyando al presidente, Mariano Rajoy, en la defensa de la legalidad. Con Podemos, ya se sabe que no se puede contar, como lo volvieron a demostrar ayer en Barcelona.

Cuando pasen estos días terroríficos y se celebren elecciones autonómicas, las empresas y la burguesía catalana tendrán que hacer examen de conciencia de por qué permanecieron callados mientras su partido de siempre (CiU) entraba en una deriva independentista suicida, que permitió a la izquierda radical hacerse con todo el poder en Cataluña. Oriol Junqueras sigue relamiéndose.