La amenaza a las libertades crece en el Este

A paso firme, Europa del Este avanza hacia un autoritarismo inédito desde hace décadas en el continente. Con medidas ultraconservadoras y un discurso populista e intolerante, Polonia y Hungría lideran la deriva de los antiguos satélites de la URSS. El primer ministro húngaro, Víktor Orbán, y el ex primer ministro polaco y cerebro en la sombra del Gobierno, Jarosław Kaczyński, erosionan poco a poco una democracia que tanto costó construir. Con políticas xenófobas frente a refugiados e inmigrantes, leyes contra las ONG de capital extranjero, reformas para controlar los medios de comunicación públicos y politizar la justicia, atacan la pluralidad, el derecho humanitario y hasta los valores de educación para la democracia.

La lista es larga, pero si algo comparten Hungría y Polonia –y por detrás, el resto del Este— es su ataque a los diferentes. El Gobierno húngaro del Fidesz, miembro del Grupo Popular Europeo, ha aprobado varias leyes que han convertido al país en “no seguro” para los solicitantes de asilo. La gota que colmó el vaso fue la aprobación en marzo de una ley que permite detener a quienes entren irregularmente en el país y recluirles en “centros” en la frontera.

Desde que comenzó la crisis de los refugiados en 2015, Orbán ha encabezado en la UE la oposición a acoger asilados. Su Ejecutivo, que ha explotado el discurso xenófobo para que no le coma terreno el segundo partido, el ultraderechista Jobbik, ha recurrido ante los tribunales europeos la política migratoria común, por la que cada Estado miembro debe reasentar una cuota de los refugiados llegados a Italia o Grecia. También es la principal voz del grupo de Visegrado, alianza de países de la región centrada hoy en oponerse a la política migratoria común.

Otra de sus actuaciones más repudiadas internacionalmente ha sido el ataque a las ONG de capital extranjero y la persecución a la Central European University (CEU), prestigioso centro académico progresista con sede en Budapest, financiado por el multimillonario estadounidense de origen húngaro George Soros. El Gobierno ha aprobado una ley para su destierro ex profeso.

El magnate —gracias a quien Orbán pudo en su día estudiar becado en Oxford—se ha convertido en un enemigo para el primer ministro. El Ejecutivo ha llegado a usar su rostro en una controvertida campaña antinmigración. La ley contra las ONG arremete contra entidades que luchan por los derechos civiles y los refugiados; buen número de ellas reciben dinero de Soros o alguna de sus fundaciones.

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El otro gran frente autoritario lo abandera en Polonia el partido ultraconservador y nacionalista Ley y Justicia (PiS), en el Gobierno. Su última maniobra es un cambio legal que politiza la justicia. Pretende, por ejemplo, despedir a los jueces del Supremo y que los nuevos sean nombrados por el Parlamento, donde el PiS tiene mayoría. La ley ha motivado un aviso muy serio de Bruselas, hasta el punto de que el presidente del país, Andrezj Duda, la ha devuelto a la Cámara para su revisión. Con todo, ha avanzado hacia el control judicial: el ministro puede nombrar a los presidentes de los juzgados ordinarios y se rebaja la edad de la jubilación, con distinto límite por género (60 años las mujeres, 65 los hombres).

Desde su triunfo electoral en 2015, la deriva autoritaria del PiS preocupa muy seriamente a la UE, que ha amenazado con retirar los derechos de voto a Polonia si no recula. Pero el PiS ya ha cambiado el Constitucional y reforzado su dominio de los medios de comunicación públicos. Y ya no son solo las libertades: también ha puesto en su punto de mira uno de los bosques más antiguos de Europa.