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El Gobierno y la Generalitat intentan evitar una imagen de descoordinación

El Ejecutivo mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista aunque “reforzado”

El Gobierno y la Generalitat divergieron este sábado por primera vez desde los atentados de Barcelona, al negar el Govern y los Mossos que la célula terrorista responsable de los ataques haya sido desarticulada, como informó el ministro del Interior. Tras el desencuentro público, ambos departamentos negaron discrepancias. En un momento político especialmente delicado, a menos de un mes y medio del referéndum de independencia, ambas instituciones evitan ser la primera en dar un paso en falso.

La mesa de evaluación de la amenaza terrorista.

La aparente sintonía entre el Ministerio del Interior y la Generalitat tras los ataques terroristas de Barcelona quebró por primera vez este sábado, aunque la primera crisis fue rápidamente dada por resuelta. Ocurrió con la primera comparecencia pública del ministro tras los atentados, ya que hasta ahora el Gobierno le había cedido todo el protagonismo mediático a las autoridades catalanas. Juan Ignacio Zoido ofreció una rueda de prensa en La Moncloa para informar de las conclusiones de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, que reúne a todos los principales responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluido el jefe de los servicios de Información de los Mossos d'Esquadra. El ministro trasladó en esa comparecencia que la conclusión de la Mesa era que se daba “prácticamente por desarticulada la célula” que ha atentado en Cataluña dejando de momento 14 muertos y más de un centenar de heridos.

Solo unos minutos más tarde, en Barcelona, los Mossos contradecían esta afirmación. “Desde Mossos no vamos a desmentir ni a confirmar al Gobierno. Pero Mossos lidera esta investigación, en coordinación con la Policía Nacional y La Guardia Civil. Nosotros informaremos cuando consideremos que la célula ha sido desactivada”, dijo Albert Oliva, portavoz de la policía catalana. El consejero catalán de Interior, Joaquim Forn, contradijo también las declaraciones del ministro. “Lo que se produjo en Cambrils [la muerte de cinco terroristas] permite garantizar que se ha dado un golpe muy fuerte a la célula, pero en este momento no se puede decir que esté absolutamente desarticulada”, zanjó Forn desde la capital catalana. El consejero argumentó que no podía darse por desactivado al grupo terrorista porque “faltan dos o tres personas que pueden ser importantes por detener”.

Fuentes del departamento de Interior insistieron a EL PAÍS en que esa fue la conclusión de la Mesa en la que el representante de los Mossos estaba presente, y que esa afirmación está basada en que “esa célula, como tal, ha quedado desarticulada, porque la mayor parte de sus miembros están muertos o detenidos”. En todo caso, al menos el autor material del atropello masivo en Las Ramblas, continúa huido. Desde el comienzo de las investigaciones, las fuerzas de seguridad cifraron en una docena los integrantes de la célula que ha sembrado el terror en Cataluña. De ellos, siete han fallecido y cuatro han sido detenidos.

A pesar del choque, el Gobierno y la Generalitat se han esforzado en mostrar una imagen de unidad y coordinación en la gestión de los atentados, aunque Mariano Rajoy y Carles Puigdemont tardaron 20 horas desde los ataques en reunirse. Los atentados se han producido en un contexto de especial tensión entre los dos gabinetes a cuenta del proceso independentista, pero las diferencias se han aparcado durante la crisis. El presidente catalán insistió en que no se da “aún por desarticulado el comando” y consideró que el ministro “igual no se ha expresado bien”, pero cobra especial relieve que remarcara que entre la Generalitat y el Gobierno del Estado hay ahora mismo una “magnífica coordinación” y “la información fluye”.

Nivel 4 de alerta reforzado

El Gobierno ha decidido, por otra parte, mantener tras los atentados de Barcelona la alerta antiterrorista en nivel 4 sobre 5, el vigente desde 2015, aunque “reforzado”, según comunicó también este sábado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El Ejecutivo tomó la decisión tras reunirse la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, en la que están representados los máximos responsables de todas las fuerzas de seguridad e inteligencia del Estado, incluidas las policías catalana y vasca. Los expertos consideraron de forma “unánime” no elevar al máximo la alerta antiterrorista, que implica desplegar al Ejécito, según el ministro. “No se dan las condiciones para el nivel 5”, explicó Zoido, porque “no nos encontramos, según los expertos, en situación de atentado inminente”. El Gobierno quiso transmitir un mensaje de “tranquilidad” aunque “el riesgo cero de atentado no existe”, subrayó el ministro.

El nivel 4 de alerta antiterrorista reforzado consistirá en desplegar más seguridad en determinadas zonas de especial afluencia, como las turísticas, y en potenciales objetivos de atentado; en incrementar “dispositivos de reacción ante un hipotético atentado”, así como en estrechar la colaboración con las policías locales. El nivel de alerta se revisa todas las semanas, y será revaluado el próximo jueves. El ministro no valoró si el turismo u otras circunstancias como el conflicto independentista habían pesado en la decisión, pero remarcó que “no aparece esa situación de atentado inminente” que requiere el nivel 5.

España se encuentra en nivel 4 de alerta por "riesgo alto de atentado" desde junio de 2015. La entrada en funcionamiento de este nivel ya supuso incrementar la vigilancia de las infraestructuras consideradas críticas —como estaciones, aeropuertos, centrales nucleares y eléctricas—; así como activar todas las unidades de las fuerzas policiales dedicadas a la prevención, investigación e información de la lucha antiterrorista. Una batería de medidas que se complementó con una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en las calles, aunque sin movilizar a los militares.

El nivel 5 de alerta antiterrorista, “riesgo muy alto de atentado”, el máximo, está previsto para cuando se disponga de informaciones sobre la probabilidad de un atentado inminente. La medida más espectacular que permite el nivel 5 es la movilización de las Fuerzas Armadas, la participación de hasta 5.000 militares en la vigilancia de infraestructuras críticas y objetivos estratégicos, como estaciones de tren y aeropuertos o centrales eléctricas. La implicación del Ejército en tareas de vigilancia permite liberar efectivos de las Fuerzas de Seguridad para cometidos más especializados y, sobre todo, tiene un efecto psicológico: transmitir seguridad a la población. Aunque, al mismo tiempo, una alerta máxima antiterrorista podría tener un impacto negativo en el turismo, y la presencia de militares en Cataluña en pleno desafío independentista despierta recelos.