Las 14 preguntas que el tribunal ha evitado que conteste Rajoy

Catorce. Ese es el número de preguntas que el presidente del tribunal que juzga la primera etapa del caso Gürtel, el magistrado Ángel Hurtado, ha rechazado este miércoles durante el interrogatorio como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Siete las planteó el representante de la Asociación de Abogados Demócratas Europeos (ADADE), Mariano Benítez de Lugo, que es quien había pedido la comparecencia del presidente del PP. El resto, los letrados de los socialistas madrileños y valencianos, y el defensor del exconcejal José Luis Peñas, cuya denuncia permitió destapar la trama. El juez Hurtado ha alegado que las cuestiones no eran pertinentes, que abordaban cuestiones que no se enjuician en esta causa o, incluso, que eran “valorativas”.

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La primera rechazada es la que le pretendía hacer el abogado de ADADE respecto a las declaraciones que Luis Bárcenas había realizado ante el juez Pablo Ruz durante la instrucción de la causa sobre el supuesto cobro de sobresueldos por parte de los dirigentes del partido. El magistrado la ha calificado de “no pertinente”, aunque luego ha permitido que el letrado le preguntara directamente a Rajoy si recibía “sobres”. La respuesta del presidente del Gobierno —“no parece un razonamiento muy brillante”— le ha valido a éste el primero de los cuatro rapapolvos que le ha echado el magistrado.

También ha rechazado el juez Hurtado las dos preguntas sucesivas que el abogado Benítez de Lugo le ha planteado sobre la labor de Álvaro Lapuerta —extesorero del PP que no se sienta en el banquillo por su estado de salud— al considerar que ambas tenían una importante carga “valorativa”. Tampoco ha dejado que respondiese cuando el abogado le ha planteado si se habló de la supuesta existencia de fondos en las reuniones de la Comisión Ejecutiva Nacional del PP, de las que formaba parte Rajoy, y si los ‘vises’ que aparecían en los célebres papeles de Bárcenas supuesta realizados por Lapuerta eran “una garantía de que Bárcenas no hacía trapicheos” con los fondos de la supuesta caja b.

El representante de ADADE también ha visto como el juez echaba para atrás las preguntas con las que, primero, le pedía al presidente del Gobierno dijese si estaba de acuerdo con la petición que había hecho el abogado del PP —el partido está inculpado por ser supuesto partícipe a título lucrativo de la trama— de pedir la nulidad de la causa y la inmediatamente posterior sobre si seguía pensando que todo el proceso “es una trama contra el PP”. El magistrado ha dejado claro que, en su opinión, además de “no pertinentes”, las mismas se salían del contenido concreto del proceso. También ha encontrado el rechazo del tribunal la petición del abogado de la acusación popular de celebrar un careo entre Rajoy y Bárcenas al considerar que el mismo entraría de lleno en la pieza separada de los papeles de Bárcenas, que se juzgará en otra vista.

El siguiente abogado en tomar la palabra, Virgilio Latorre, que ejerce la acusación en nombre de los socialistas valencianos, ha visto como el tribunal impedía que el presidente del Gobierno contestara a cuatro de sus preguntas. La primera, con la que la acusación popular intentaba aclarar si parte del dinero que Bárcenas atesoraba en Suiza, y que éste aseguraba pertenecía a “inversores”, era en realidad del propio PP. La segunda, si sabía que se hicieron transferencia desde ese depósito en Ginebra a la finca de limones en Argentina de otro de los procesados, el también extesorero popular Ángel Sanchis. El juez Hurtado ha evitado también que Rajoy dijera si sabía por qué su nombre aparecía en la contabilidad opaca del PP y si, por lo que había manifestado públicamente tras conocerse la misma de que “alguna cosa” era cierta, sabía que existía una caja b en la calle Génova. Todas ellas las ha considerado el tribunal “no pertinentes”.

El abogado que representa a los socialistas madrileños, Wilfredo Jurado, ha visto rechazada su última pregunta, con la que pretendía ahondar en los detalles que Rajoy conocía sobre la organización del congreso del PP de 2008, en cuya organización participó una de las empresas de la trama Correa pese a que supuestamente el partido había dado instrucciones cuatro años antes de que no se le contratara. “La pregunta no procede porque nos salimos del procedimiento”, ha zanjado el juez Hurtado. Mejor suerte ha tenido la Fiscalía Anticorrupción, que ha visto como las trece cuestiones que ha planteado eran admitidas por el tribunal. También las pocas que han planteado dos de las tres defensas que han tomado las palabras.

Solo el abogado Ángel Galindo, que representa a José Luis Peñas, ha encontrado la oposición del tribunal. La primera, al plantear si, como consecuencia del polémico cruces de mensajes de móvil que Rajoy había mantenido con Bárcenas tras estallar el escándalo de sus cuentas en Suiza, había prestado a este último “algún tipo de ayuda en el ámbito judicial, ante el estamento fiscal o policial”. Hurtado, visiblemente molesto, ha recalcado que la pregunta no era pertinente “porque lleva una carga incriminatoria importante”. Cuando inmediatamente después el letrado le ha pregunta por una información periodística en la que se aseguraba que Rajoy había encargado a un dirigente regional de su partido hacer gestiones para apartar a las fiscales del caso Gürtel, la airada respuesta del juez Hurtado ha obligado al abogado a dar por concluido su interrogatorio. Era la decimocuarta pregunta que el tribunal impedía contestar al testigo Rajoy.