La nueva juez del ‘caso Villarejo’ da un giro a la investigación

La nueva titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, María del Pilar Martínez Gamo, ha dictado en los últimos días dos autos por los que da un giro a la investigación sobre la supuesta participación del comisario José Villarejo en la grabación ilegal del caso del Pequeño Nicolás. El pasado 5 de julio, la magistrada resolvió rechazar la petición del también comisario Marcelino Martín Blas, responsable de la investigación hasta su jubilación el pasado mes de abril, de personarse como perjudicado en la causa. Tres días después, archivaba una pieza abierta hace ahora un año en la que investigaba el cruce de mensajes entre un policía y dos periodistas en relación, precisamente, con la filtración a la prensa de aquella grabación.

En el primero de los autos, la juez Martínez Gamo asume el criterio de la fiscalía, que se negaba a la personación del comisario Martín Blas. Así, utiliza el argumento esgrimido por esta de que la presencia del policía en la causa “provocaría un desequilibrio de las partes y una merma de las garantías de los investigados que quedan así en una indudable inferioridad procesal y material debido al conocimiento previo y coetáneo que el solicitante tiene tanto de manera procesal como extraprocesal de los hechos investigados”.

Para la magistrada, el hecho de que el comisario participase junto a otros dos policías y otros dos agentes del CNI en la conversación sobre el caso Nicola y que fue grabada de manera ilegal y, posteriormente, difundida no le convierte en perjudicado ya que considera que la misma no afectaba a su “intimidad personal o familiar […] al no referirse ni la reunión ni las grabaciones al ámbito de su esfera privada y protegida”. La juez Martínez Gamo destaca que lo único afectado por aquella grabación fue “el correcto funcionamiento de las instituciones del estado”.

Con el segundo auto, fechado el 8 de julio, la magistrada archiva la subpieza secreta que había abierto el 18 de julio de 2016 su antecesor, el juez Arturo Zamarriego, para investigar a los posibles autores de la difusión parcial de aquella grabación y en la que pretendía analizar el intercambio de correos electrónicos que entre octubre y diciembre de 2014 mantuvieron supuestamente el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, jefe de gabinete del número 2 de la policía, el comisario Eugenio Pino, y los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta.

En su escrito, la juez Martínez Gamo detalla que tras el volcado de los correos electrónicos corporativos de dos de los señalados –el de Urreiztieta fue imposible por cuestiones técnicas- no se deducen que existan “indicios de criminalidad”. El juez Zamarriego también había cursado dos comisiones rogatorias a EEUU para que Google facilitara el contenido de las cuentas de email personales que Inda y Fuentes Gago tenían en sus servidores sin que hasta la fecha hayan sido contestadas por las autoridades estadounidenses.

Pese a ello, la juez considera que “en el momento actual” no existe “base real suficiente” para considerar que el inspector jefe Fuentes Gago “tuviera implicación en el delito investigado” y recuerda que ya su antecesor dictó hace cuatro meses un auto de sobreseimiento respecto a él tras tomarle declaración como imputado. Una “inexistencia de resultado probatorio” que también extiende a los dos periodistas, por lo que ordena archivar esta subpieza secreta “so pena de incurrir en una investigación prospectiva”.