El Senado insta al Gobierno a tipificar como delito de odio las agresiones a pobres
La Fiscalía también ha pedido incrementar las penas contra la aporofobia
La Comisión de Justicia del Senado ha instado este martes al Gobierno a incluir la aporofobia (odio hacia las personas pobres) en el artículo 22.4 del Código Penal, para que se le aplique el agravante de delito de odio. La decisión no tiene consecuencias legales, pero sí abre la puerta a que el cambio se incluya en una próxima reforma porque el PP lo ha apoyado. Si eso ocurriera, las agresiones a personas pobres, en el caso de probarse que es por esta razón, se castigarían con un agravante como el que ya pena a los ataques cometidos por razón de raza, orientación e identidad sexual, religión, creencias, enfermedad o discapacidad. El 50% de las 40.000 personas que duermen en la calle en España ha sufrido algún tipo de violencia por su situación, según datos del observatorio Hatento recogidos en la moción.
"La sociedad tiene que demostrar que esto es algo que no acepta de ninguna manera", resume Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y autora de Aporofobia, el rechazo al pobre (Editorial Paidós). "Es estupendo que la aporofobia ya tenga un trayecto legislativo, porque el derecho también tiene una función comunicativa: comunicar que una sociedad no admite que se esté dañando a gente sencillamente porque son pobres", sigue. "Se va admitiendo la palabra aporofobia como un actitud general de rechazo hacia el pobre, hacia el que no tiene nada que dar a cambio", celebra Cortina, que espera que el término sea recogido próximamente en el diccionario de la RAE. Y lamenta: "Tenemos una tendencia a dejar de lado todo lo que nos molesta, lo que no nos viene bien, como defender al pobre y al desamparado. Las gentes que dañan son en muchas ocasiones chicos jóvenes que han ido a distraerse y no tienen otra cosa que hacer; personas desocupadas a las que les parece que esto es un entretenimiento. Y hay que tomárselo muy en serio".
En 2009, cinco personas apalearon a un mendigo que dormía en un fotomatón de la calle Arcipreste de Hita, en el barrio de Moncloa (Madrid). La víctima quedó en coma. Pasó 541 días en el hospital. Como consecuencia de aquellos golpes se le reconoció una minusvalía del 60%. ¿Por qué le habían pegado? Porque se había convertido en "un parásito de lo decente", según la argumentación del escrito de defensa y del abogado de dos de los acusados. O porque "la ocupación de terreno público por quien no se procura una existencia digna es causa de rechazo en otras personas que cumplen las leyes". Eso, decía la defensa, había sido una "provocación previa".
Aquel ataque no fue una excepción. Según el último anuario de delitos de odio del Ministerio de Interior, presentado a principios de junio, en 2016 hubo una decena de agresiones relacionadas con el desprecio a los pobres, por las 17 de 2015. En consecuencia, la Fiscalía General del Estado ya pidió a finales de 2016 una modificación legal para incrementar las penas por delitos relacionados con el "odio al pobre".
"Incluir el agravante de la aporofobia es una reclamación de la sociedad civil", asegura Joan Comorera, el senador de Unidos Podemos que ha impulsado la iniciativa. "El Ministerio de Interior, en sus últimos informes de delitos de odio, ya recogía la aporofobia, que sin embargo no está en el Código Penal. Es una ausencia que no se puede permitir", opina en conversación telefónica. "Es necesario incluido, porque hay sentencias que incluso dicen que no han podido aplicar agravantes en casos de agresiones a personas sin hogar porque no hay agravantes previstos", argumenta. "Estaremos a la expectativa y en último caso tomaremos la iniciativa", añade sobre la posible concreción de la reforma en el Congreso de los Diputados.
El PP, que ha apoyado la moción, propone un matiz técnico. Apuesta por incluir una cláusula que defina qué son los delitos de odio para que el agravante les afecte a todos sin necesidad de que estén en el listado del Código Penal. La Fiscalía comparte ese criterio. Una cosa es segura: las agresiones contra los pobres ya están en la agenda política.
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